En el mensaje navideño del presidente de la Generalitat a los catalanes, Pere Aragonés ha dicho que buscará "alternativas" si en 2022 no se avanza hacia la autodeterminación (la de Cataluña) y la amnistía (la de los condenados y ya indultados por el "procés").
Dicho así, en plural, como hablando en nombre de todos los catalanes cuando en realidad solo habla en nombre de los independentistas, que en las últimas elecciones autonómicas representaron aproximadamente un 20% del censo de votantes.
Que los partidos gobernantes hoy por hoy en Cataluña propongan dos objetivos hoy por hoy ilegales (autodeterminación y amnistía no existen en nuestro ordenamiento constitucional) es políticamente tan legítimo como reclamar la forma republicana del Estado, la pena de muerte o la sociedad sin clases. Siempre que se haga por los cauces legales que, llegado el caso, nos llevaría a una reforma agravada de la Constitución.
Quiero decir que está en su derecho el presidente de la Generalitat cuando pide que los ciudadanos catalanes puedan ejercer el inexistente derecho de autodeterminación (un artefacto jurídico del fenómeno descolonizador del siglo pasado) o la amnistía a los condenados por el intento secesionista de 2017 (el concepto no aparece en el ordenamiento jurídico, mientras que los indultos generales están expresamente prohibidos).
Quede claro, pues: los partidos o los gobiernos autonómicos están en su derecho de pedir lo que políticamente les parezca conveniente. Si está dentro de la ley, no hay problema. Pero si esas reclamaciones son abruptas y sediciosas, el resultado ya lo conocemos. Acabarán en la cárcel, la inhabilitación o el auto destierro ¿Hace falta que hagamos memoria de lo ocurrido hace tan solo cinco años?
Lo inaceptable del discurso de Aragonés es su componente conminatorio. Amenazante, por decirlo pronto. Advierte de que si el Estado no da señales de plegarse a las exigencias independentistas a lo largo de 2022, buscará otros caminos. Pasando por alto que Aragonés vuelve a hablar de plazos cuando ya los había eliminado de su discurso, aparentemente pragmático, es evidente que amenaza con volver a las andadas de la "unilateralidad", aunque no use esa palabra.
Seguir pidiendo autodeterminación y amnistía es como orinar hacia arriba, a sabiendas de que eso ha generado desunión y desaliento en las filas del independentismo y de que Pedro Sánchez no está por la labor. De momento hemos de confiar en la posición pública del presidente del Gobierno cuando invita a los independentistas a aprender de sus errores y apela al marco de la Constitución como perímetro legal no desbordable.
Ergo, la independencia nunca será una opción sin previa reforma constitucional. Y para eso hay que picar mucha piedra.