La noche del jueves y madrugada del viernes dejaron un balance de un fallecido y una veintena de detenidos en Chile durante una nueva jornada de protestas tras la muerte de un hincha del Colo Colo atropellado por un camión de la Policía el pasado martes en la capital tras un partido de la liga.

Las protestas fueron inicialmente convocadas para la jornada del miércoles, la que dejó otro fallecido y 124 detenidos, pero se extendieron otra noche mas con disturbios.

Los actos de protesta, que en la noche del miércoles se concentraron en las cercanías del estadio Monumental, en Santiago de Chile, se extendieron este jueves por el centro de la capital y otros municipios de la periferia, donde se produjeron disturbios entre civiles y Carabineros (Policía militarizada).

Durante la jornada, menos grave que la anterior, se produjeron al menos tres saqueos a supermercados, se cerraron tres estaciones de metro en el centro de Santiago, además de producirse varios incendios y barricadas.

Los altercados más graves tuvieron lugar en una comuna (municipio) al sur de la capital, donde se incendió uno de los supermercados que había sido previamente saqueado.

Un joven de 30 años falleció por asfixia de monóxido de carbono, según informó la Policía de Investigaciones (PDI), y otras dos personas permanecen heridas graves.

También resultaron heridos tres miembros de Carabineros, dos de ellos por impacto de bala durante un operativo para frenar el saqueo a un establecimiento comercial y el otro arrollado por un automóvil.

Los incidentes se produjeron un días después de que el Gobierno aprobara la polémica Ley Antisaqueos y Antibarricadas que agrava las penas a quienes sean sorprendidos participando en saqueos, barricadas y otro tipo de disturbios en la vía pública.

Los disturbios se produjeron en medio de la polémica que afecta a Carabineros y las críticas a la represión en sus actuaciones durante las protestas que se dan en Chile desde hace más 100 días contra un modelo económico y social del país considerado desigual para la población y en las que ya murieron al menos 27 personas.

Los uniformados han recibido en su contra cientos de denuncias por violaciones de los derechos humanos y han sido señalados por parte de organismos y organizaciones internacionales como el alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Amnistía Internacional o Human Rights Watch.