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«Se nos ha declarado una guerra cultural con más agresiones»

M. Rodríguez
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Es Doctora en Derecho y Catedrática de Derecho mercantil en la UVa. Es activista experta en derechos LGBTI y ha participado en la redacción de diversas leyes autonómicas en materia de identidad de género, así como en la de la Ley de cambio de sexo re

«Se nos ha declarado una guerra cultural con más agresiones» - Foto: Tajes

La catedrática de Derecho y activista LGTBI Marina Echebarría Sáenz ha vivido en primera persona la tramitación del anteproyecto de Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos LGTBI  desde la atalaya privilegiada de la presidencia del Consejo de Participación de las Personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales (LGTBI). Echebarría es crítica con el texto aprobado esta semana  porque considera que se han hecho concesiones por  las presiones de algunos sectores.

¿Por es necesaria esta nueva ley?

La polémica que ha suscitado es una clara demostración de por qué era necesaria. Hay una buena parte de la sociedad que todavía no ha interiorizado la igualdad del colectivo LGTBI, y en especial de las personas trans; que tienen muy interiorizado que lo tuyo no puede ser igual que lo mío y que, de alguna manera, constituimos una especie de peligro social, que tiene que ser contenido y regulado, que debemos ser supervisados por si tienes algún tipo de peligrosidad social para los demás.

Pero a nivel del colectivo, ¿qué la hace indispensable?

Necesitamos promover una mejor inclusión social. Y en estos momentos, por ejemplo, las leyes de cambio de sexo registral nos dan un periodo de transición de unos tres años. Un tiempo en el que estás intentando hacer una vida con una documentación legal que no te ampara. También necesitamos armonizar un poco el tema de los tratamientos médicos, ya que unas comunidades los ofrecen íntegros, otras a medias y en las demás depende de la voluntad de cada consejero de turno. 

Además, son necesarias medidas de integración laboral porque se constata que un colectivo como el de las mujeres trans tiene unos índices de paro exorbitantes. Y regular con carácter general el tratamiento de la diversidad sexual en las escuelas, donde se constata que hay problemas de acoso y exclusión, que provocan suicidio y abandono escolar,…

Uno de los puntos más polémicos es el cambio de sexo registral de los menores de edad. 

Esto es obligado por una sentencia del Constitucional de 2019 y otras del Supremo. Está claro que la identidad de los menores tiene que ser reconocida, lo mismo que la de los mayores. La cuestión es en qué condiciones y cómo. Lo que finalmente sale en este anteproyecto es que se reconoce la capacidad de los mayores de 16 años y menores de 18 para solicitar el cambio de sexo registral ellos mismos. Esto es coherente con toda la jurisprudencia. En otros ámbitos, a los mayores de 16 años se les reconoce capacidad para adoptar medidas que son enormemente transcendentes en su vida sin consentimiento paterno, como el aborto.

¿Qué pasa con los menores de 16?

De los 14 a los 16 se permitirá el cambio con solicitud de los padres. Y de los 12 a los 14 años será a través de un procedimiento de jurisdicción especial en el que se pedirá a los padres que aporten algún tipo de prueba para garantizar que hay necesidad de atender a ese menor. En la sentencia del Constitucional de 2019 el solicitante tenía once años y llevaba manifestando una identidad de género muy estable desde los seis años. Y ya había sufrido actos de discriminación bastante preocupantes antes de los once. Está claro que la identidad de género se puede manifestar pronto y necesita ser atendida.

¿Entiende los recelos que genera en la sociedad en general y el rechazo de los sectores más conservadores?

Es muy curiosa la actitud de ese sector de padres conservadores porque son los mismos que dicen que pueden ser dueños de qué educación reciben sus hijos. Son los que piensan que pueden disponer de su educación y desarrollo. Sin embargo, a los padres de los menores transexuales, que les conocen bien, que les quieren y defienden sus intereses, les intentan negar su capacidad para decir qué es lo mejor para ellos. 

Los que son testigos de los efectos que tiene negar la identidad de esos menores, el no a facilitarles una inclusión en el entorno escolar y social, se encuentran con barreras como esta de los doce años. Si los padres entendieran que era necesario hacer ese tránsito antes de los doce años por qué no lo pueden hacer, cuando además se ha puesto un procedimiento judicial garantista. 

Se elimina también la necesidad del informe médico, algo que también ha generado recelos.

Hay gente que piensa que tenemos que ser tuteladas. Es muy curioso que se alegue la necesidad de abolir el género y, a la vez, se pida que nos apliquen unos diagnósticos basados en el grado de adecuación a ese modelo de género. Esto ya ha sido abandonado por las sociedades científicas o está en trámite de serlo. Lo siento, pero es muy fácil decir que se nos apliquen diagnósticos, pero al final se basan en nuestra declaración, en nuestra vida. Es muy difícil llegar a una inclusión social cuando una se tiene que pasear por la vida con un letrerito que dice trastornada mental. En el fondo, la despatologización es una recomendación que ya hace la Comisión Europea y que se deduce de diversas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

La propuesta de abolir la identidad de género ha provocado el rechazo frontal de una sector del feminismo.

Entre un colectivo minoritario del colectivo feminista. Lo siento, ellas que hablan por todas no son la mayoría. El colectivo feminista puede que esté dividido, pero ellas no tienen derecho a hablar por todas. El movimiento LGTB y el feminista coinciden en la necesidad de acabar con los estereotipos de género que discriminan a la mujer y en la necesidad de acabar con un modelo de género patriarcal. Pero lo que hacen ellas es una vuelta de tuerca y nos atribuyen la culpa de esos estereotipos de género, como si los hubiéramos inventado nosotras, o ser agentes del patriarcado, cuando  somos víctimas de ese sistema. 

¿Considera que se utiliza un vocabulario que no todos entienden?

En el anteproyecto, por ejemplo, por presión de este sector radical del feminismo, ha desaparecido la expresión identidad de género. El género no aparece en todo el texto.

Pero estima que la sociedad entiende lo que significa binario, identidad de género, intersexual,...

La sociedad, por supuesto, no se aclara en este debate. Además, se arrastra desde hace más de 40 años, y es un debate en el seno de la antropología social, que ahora se ha querido bajar al nivel de las normas, cuando lo que se está intentando es promover una inclusión social de un colectivo discriminado. Y se ha querido hacer de la dogmática un patrón de atribución de derechos, en este caso de negación de ellos. Y claro que la gente no se aclara. Pero, lo siento mucho, no somos culpables de este debate y, en todo caso, las teorías se juzgan por sus efectos. Y lo que están defendiendo es que no se nos reconozca, porque no tenemos derecho a manifestar que somos mujeres o hombres transexuales, o bien a que se nos aplique un patrón de derechos distinto al de los demás. Son normas de segregación lo que están proponiendo.

En el caso de los menores, ¿se dan casos de familias que traten de contener u ocultar el cambio de sexo?

Es curioso que se esté alegando que el cambio de sexo de los menores se frivoliza y se realiza sin ningún tipo de control, cuando la mayoría de las familias, por supuesto, desearían que su hijo no tuviera que enfrentar una transición, y exploran toda la situación y las posibilidades de que esto pueda revertirse. Cuando aparece un menor transexual es que lo es, no hay cura. La identidad no tiene cura, es una realidad del ser humano. Igual que la homosexualidad no la tiene, es una condición del ser humano sobre su identidad sexual. No se puede intentar evitar que haya menores que hagan su transición o manifiesten su identidad. Se puede reprimir o ignorar, con el coste de que tengan mayor riesgo de exclusión, suicidio, abandono escolar o una socialización muy pobre. O podemos reconocerlo y darles un espacio para que sean ellos mismos, y que en las etapas adecuadas manifiesten lo que necesitan. 

¿Eso es conducirles?

No, no hay que conducirles. Esa idea de que queremos conducirlos hacia la transexualidad es absolutamente falsa. Pedimos que se les dé un espacio para manifestar su identidad, sin presiones. Y que cuando quede claro, sean atendidon antes de que tengamos a la situación de desastre, que es lo que hemos conocido a lo largo de los decenios anteriores.

El debate se centra en  titulares, pero ¿se plantean medidas de acompañamiento en esa transición?

Por supuesto. En el borrador se planteaban medidas de acompañamiento porque muchas familias lo pueden demandar, pero no es una imposición. Curiosamente, el recorte que ha pegado Vicepresidencia del Gobierno, la señora Carmen Calvo, para contentar al sector de oposición, ha descafeinado todo eso. Ahora no dice nada sobre el tratamiento sanitario o sobre el acompañamiento. Para invocar seguridad jurídica se ha eliminado el intento de ofrecer seguridad a los menores. Y no hay la barbaridad que dicen de que queremos operarlos. Eso está prohibido por la Ley Orgánica de Protección de la Infancia y de la Adolescencia. Se dan bulos y noticias alarmistas, que conducen a mucho error.

¿Se mantiene el reconocimiento a las personas no binarias?

No. Es otra de las concesiones que ha hecho Vicepresidencia. No se menciona lo no binario. Y cuidado, en el proyecto inicial del Ministerio de Igualdad solo había dos previsiones: que las personas pudieran no mencionar voluntariamente su sexo en el DNI y que se hiciera un estudio para ver cómo se puede integrar lo no binario en el ordenamiento jurídico español. La primera era innecesaria porque la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana ya prevé que ninguno tengamos que tener la mención del sexo en el DNI por protección de datos. Y eso no se está cumpliendo. Y, por otro lado, no se puede prohibir hacer estudios salvo si no quieren un compromiso de considerarlo. Es ganar tiempo, pero es difícil que el debate no llegue.

Esta ley ha generado confrontación entre los socios de Gobierno y entre organizaciones del sector. ¿Podrá tener una aplicación efectiva?

El proyecto aprobado se ha convertido en muchos aspectos en programático. A mí las normas programáticas me suscitan dudas porque dependen de la voluntad de cumplirlas. No me parece que una norma, que debería establecer seguridad jurídica para las personas que regula, se quede en declaraciones programáticas. Espero que durante la tramitación se vuelva a concretar lo necesario. Por ejemplo, se habla de medidas de acción positiva para promover el empleo de las personas trans, pero cuándo, cómo y de qué manera. Esto se puede concretar. 

Una nueva confrontación en una sociedad muy polarizada, ¿ está provocando más rechazo o agresiones en el colectivo?

Se nos ha declarado una guerra cultural. Somos objeto de campo de batalla. Nos han convertido en un frente de debate, con noticias falsas y memes, que genera la sensación de que tenemos algún tipo de peligrosidad. Claro que estamos notando el aumento de las agresiones físicas y verbales, con ataques por las redes brutales. Está siendo una auténtica pesadilla. Esto hay quien lo provoca y está encantada con los resultados. 

En la ley hay puntos llamativos como prohibir las verificaciones de sexo en las prácticas deportivas.

Las verificaciones de sexo estaban ya prohibidas porque eran vejatorias. Aquí con las personas trans e intersexuales había dudas. Otra cosa es que en las competiciones internacionales hay medidas de verificación de los niveles hormonales, por ejemplo. 

¿Pero estas verificaciones se han llegado a pedir o realizar en competiciones infantiles y juveniles?

Es que ha habido casos de exclusión de menores trans en las federaciones y mandaban a médicos para comprobar si podía o no competir. Cuando se está defendiendo su segregación, en el fondo se intenta excluirnos de estas categorías en el acceso a los vestuarios, en un contexto en el que se suponía que lo que defendía el feminismo era la coeducación y la mejor integración en un práctica de disfrute y cultural. 

La ley, en el ámbito educativo, garantiza que el menor pueda exteriorizar su identidad de género. ¿Entra también en cuestiones didácticas? ¿Cómo se hára sin provocar rechazo?

La ley pide que se establezcan criterios de protección y no discriminación del colectivo LGTB en el entorno educativo para que sea un espacio libre de agresiones y presiones. Y se pedían medidas de formación y educación, pero en el anteproyecto han quedado descafeinadas. Habrá que ver hasta dónde se puede llegar en el trámite parlamentario. Lo que no puede ser es que una Comunidad ponga un protocolo contra el acoso y otra no. Por ejemplo, Castilla y León ha eliminado su protocolo. 

¿Hay avances en el terreno sanitario?

Volviendo a esta Comunidad, hay un protocolo sanitario desde 2014 que cualquier consejero puede derogar  porque no está amparado con rango de ley. Y en este anteproyecto no queda claramente solucionado porque se limita a decir que se recibirá asistencia integral, pero no dice en qué consiste. Si no se concreta es posible que nos pasemos varios años en los tribunales para ver cuál es el alcance de mandato no discriminatorio.

La ley ya está en trámite, ahora queda pendiente la autonómica. ¿Es mejor que se apruebe antes la nacional para tener un referente?

Si la nacional fuera buena, vendría muy bien para que las autonómicas se adaptaran. Aquí llevamos tres años con un proyecto de ley en el cajón, que fue pactado con las organizaciones sociales, y ratificado por el Consejo Social y los órganos de consulta en Educación. No sabemos cuál es el problema para que no salga. Hay una oposición, en este caso, del sector integrista católico.

Después de este repaso, ¿esta ley supone un avance?

Se han hecho concesiones a la presión contraria, y algunas de ellas son peligrosas para lo que es el objetivo de la ley: por la igualdad real y efectiva de las personas trans y por la garantía de derechos de las personas lgtbi. No es bueno dejar ámbitos controvertidos sin tratar. 

¿Hay más foto que trabajo en esta nueva ley, entonces?

Está bien haber conseguido saltar el escalón del obstáculo que se había puesto. Hemos estado seis meses intentando salvar la oposición de una persona en una Vicepresidencia para contentar a un grupo antiderechos. Ahora lo que falta por ver es si se impone la razón y el corazón, que no se dejen temas importantes sin abordar por una especie de pudor. Entonces, no se habrían cumplido los objetivos.