Doce políticos sentados en el banquillo de los imputados y el secretario general de un partido rival en la bancada de las acusaciones. La imagen, servida en el juicio del procés, apenas extraña en España, pero choca y mucho en el exterior. Porque el ordenamiento jurídico nacional permite a cualquier persona y también a una formación política ejercer la acusación popular contra otra o, como ocurre en el caso de los líderes independentistas, contra varios dirigentes rivales, sea o no perjudicado directo del supuesto delito, algo que no ocurre en el resto de los países europeos. Esa singularidad ha permitido impulsar importantes causas contra la corrupción, pero al tiempo conlleva, en opinión de buena parte de los expertos, el peligro de entremezclar Justicia y política, con un resultado que puede ser inflamable.
Así lo advirtió en 2016 Cándido Conde-Pumpido, actual magistrado del Constitucional, cuando formaba parte de la Sala de lo Penal del Supremo, la misma que juzga lo ocurrido en el proceso separatista catalán: «Esta práctica conlleva un serio riesgo de judicialización de la política». El proceso que estaba en curso en aquel momento era el de la popular Rita Barbera y la acusación la ejercía el PSOE.
Dos años después, ya en la causa del procés, el Supremo se pronunció de nuevo sobre este asunto a raíz de que uno de los acusados, Jordi Cuixart, pidiera expulsar del procedimiento a Vox. El Alto Tribunal argumentó entonces que legalmente no podía hacerlo, pero dejó constancia por escrito de su rechazo a «trasladar al proceso penal la contienda política».
La cuestión es que el artículo 125 de la Constitución permite a cualquier ciudadano ejercer la acusación popular en un procedimiento penal. Y eso abre una vía que los grupos políticos no dudan en utilizar. Precisamente por eso esta figura está en el punto de mira. Tanto el anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2011 como la propuesta de Código Procesal Penal de 2013, elaborados por gobiernos de signo político diferente, prohibían expresamente el ejercicio de la acción popular por los partidos.
Pero las reformas no salieron adelante y son decenas los casos en los que los grupos acusan. Ocurre en Gürtel o en Lezo con el PSOE; con el PP en los ERE; con Podemos, en la trama de los Pujol o en el caso Villarejo; o con Izquierda Unida en la causa de los papeles de Bárcenas.
La presencia de los letrados de Vox junto a los de la Abogacía del Estado llama la atención fuera de España. Algunos de los corresponsales extranjeros que siguen las sesiones contra los líderes independentistas señalan que les interesa más contar la presencia de un partido de ultraderecha en el juicio que el contenido del mismo. Y es que la acusación popular no existe ni en Francia ni en Italia ni en Portugal.