Otro revés judicial a la política de personal de la Junta

SPC
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Un juzgado de Valladolid vuelve a suspender de forma parcial el concurso abierto y permanente de funcionarios, esta vez en las plazas que afectan a 500 vacantes de sanitarios

El Juzgado número 4 de lo contencioso administrativo de Valladolid suspendió de forma cautelar el concurso abierto y permanente de la Junta, en lo que afecta a los 500 puestos de trabajo vacantes, exclusivos de sanitarios. Este nuevo revés judicial contra la política de personal de la administración autonómica afecta indirectamente a todos los puestos compartidos entre la Administración General y Especial por lo que la resolución definitiva de más de 1.000 puestos de trabajo tendrá que esperar a que la sentencia del contencioso planteado por Uscal sea firme o se levante la suspensión.
La decisión, según informa esta organización sindical, suspende «la ejecución de la resolución fechada el 11 de octubre de 2018 en lo que se refiere exclusivamente a la resolución definitiva del concurso convocado respecto a los concursantes que hayan solicitado los puestos de trabajo adscritos en exclusiva a las Escalas Sanitarias de los Cuerpos de Administración Especial».
A juicio del sindicato, se verán afectados todos los puestos compartidos entre la Administración General y Especial por lo que la resolución definitiva de más de 1.000 puestos de trabajo tendrá que esperar a que la sentencia del contencioso planteado por Uscal.
Esta organización  recuerda que este auto se suma otro reciente del Juzgado número 3, que igualmente suspendía cautelarmente la oferta de las 31 plazas ofertadas para los letrados de la Junta. Dicho auto argumenta que la dependencia causal de estas plazas con el catálogo de puestos tipo, que fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia, provocaría «una situación jurídicamente irracional con el consecuente perjuicio de muy difícil reparación sino por la muy marcada apariencia de buen derecho que dada la sentencia, ofrece la pretensión cautelar».
De esta forma, ya son cuatro las sentencias del Tribunal Superior de Justicia que anula el catálogo de puestos tipo. De hecho, la Consejería de la Presidencia trabaja en un decreto para fijar un nuevo catálogo, que, a juicio del sindicato, adolece de los mismos errores de base. Uscal explica que «la falta de justificación de cómo se ha llevado a cabo la reducción de 700 tipos de puestos de trabajo existentes a 81 puestos tipo, sin trabajos preparatorios, estudios, informes y alegaciones, evidencia que no ha habido legítimo ejercicio de la potestad discrecional de organización del personal, sino arbitrariedad».