Las Cortes de Castilla y León protegerán con rango de ley la posibilidad de que la relación de especies cinegéticas pueda ser modificada por decreto de la Junta, una cuestión que hasta ahora había supuesto diferencias jurídicas y que había provocado sus anulaciones por parte del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), como sucedió esta semana. De este modo, la Junta protegerá este punto, tal y como informaron a la agencia Ical fuentes parlamentarias, y que enfrenta el argumento del tribunal sobre la “inexistencia de informes en los que se justifique la posibilidad de declarar cada una de las especies”, contra lo que uno de los magistrados emitió un voto particular.

Se trata de una actividad que en la Comunidad afecta a más del 88 por ciento de su superficie y la mayor parte del mismo, en torno a 78.000 kilómetros cuadrados, está constituida bajo la figura de cotos privados de caza.

“Los partidos políticos no le pueden dar la espalda al mundo rural de la Comunidad, porque es un agravio enorme. Espero y deseo un apoyo unánime a esa medida de todos los partidos”, explicó a Ical el presidente de la Federación de Caza de Castilla y León, Santiago Iturmendi, al conocer la información.

Con este blindaje por ley se corrigen elementos del auto del TSJ que anuló el decreto 10/2018, de 26 de abril, por el que se modificaba el Decreto 32/2015, de 30 de abril, que regula la conservación de las especies cinegéticas en la Comunidad, su aprovechamiento sostenible y el control poblacional de la fauna silvestre. Hasta ahora, se regulaban mediante órdenes anuales. Desde ahora, la posibilidad de aprobar esta relación por decreto y su introducción en la Ley de Caza permite una protección que la actividad no tenía. Un posible recurso únicamente podrá ser presentado ante el Tribunal Constitucional.