En este gran país nuestro se vive hoy infinitamente mejor que hace cuarenta o cincuenta años. Y así es gracias, fundamentalmente, a la Transición que llevaron adelante políticos de tendencias opuestas y casi irreconciliables, pero con sentido de Estado y con ambición democrática; a la Constitución de las libertades que nos dimos, con sus luces y sus sombras; a la ley de amnistía de 1977 que cerró, con plena consciencia y la generosidad de todos, las heridas de muchas décadas con la renuncia de todos a resucitar el odio y la división entre hermanos; a los Pactos de La Moncloa que firmaron empresarios, sindicatos, partidos y Gobierno y permitieron renovar la economía; al reconocimiento y la ampliación de derechos sociales para todos... y a la gran ayuda económica de Europa, sin la cual nada hubiera sido igual. De esos fondos de la Unión Europea se beneficiaron todos los sectores, incluso, muchas ciudades y pueblos de esa España vacía que cuentan hoy con auditorios, polideportivos y otras obras públicas que no hubieran llegado nunca. España es mejor, más rica, con mejores servicios públicos, con empresas y marcas, nacionales y multinacionales de prestigio. Es un Estado de Derecho y una democracia consolidada... Nada de eso sería realidad sin lo que se hizo entonces, en momentos mucho más inciertos todavía.

Pero estamos entrando en una dinámica peligrosa y poniendo en riesgo lo conseguido. España tiene el índice de paro más elevado de la Unión Europea y también el de desempleo de los más jóvenes, entre el 30 y el 40 por ciento. No es un dato de este Gobierno, lo arrastramos desde hace mucho y ningún Gobierno ha hincado el diente al problema. La temporalidad y la precariedad laboral son excesivas. También crece la desigualdad y se reducen las clases medias. Nuestros datos de deuda y déficit público son alarmantes y lastran el futuro de las próximas generaciones. La inflación, que no ha tocado techo, está en números que no se veían desde 1992. La pandemia ha desatado una enorme crisis en muchas empresas, cuyas consecuencias no acabaremos de ver a corto plazo. Los Fondos Europeos se están gestionando con oscuridad y sin controles externos independientes. Las previsiones sobre las que basa el Gobierno sus Presupuestos son falsas.

No hay acuerdo en la financiación autonómica, ni en la reforma de la fiscalidad o de las pensiones. Se están haciendo leyes de nula calidad porque prima la política sectaria sobre la técnica legislativa. Los expertos señalan con razón que nunca ha sido mayor la distancia entre las necesidades de profesionales que demandan las empresas y la educación que reciben nuestros estudiantes. Nos faltan médicos, enfermeros, profesores, tecnólogos, graduados en Formación Profesional y técnicos de grado medio: nos faltan también jueces, fiscales y funcionarios para que la Administración de Justicia pueda funcionar. Y nos sobran funcionarios de escasa o nula capacitación que no son evaluados y mantienen su puesto de por vida. Hay muchas profesiones sin relevo generacional, lo que es una emergencia inaplazable. Las empresas públicas y la instituciones "independientes" están cada vez más mediatizadas o, directamente, controladas por el poder político con lo que su credibilidad es una utopía.

Solo una vuelta a los orígenes de esta etapa democrática, la más larga de nuestra historia, una vuelta al consenso para afrontar los problemas puede hacer que salgamos adelante como un país moderno, inclusivo, igualitario, socialmente justo, atractivo para los inversores, tolerante, lejano al sectarismo, que protege a los emprendedores y no los castiga. Un país donde los populismos y los extremismos no tengan la posibilidad de destruir las instituciones desde los propios centros del poder. A esa tarea están llamados los políticos que creen que el Estado está por encima de los intereses partidistas.