Las Cortes protegerán con rango de ley la posibilidad de que la relación de especies cinegéticas pueda ser modificada por decreto de la Junta, una cuestión que hasta ahora había supuesto diferencias jurídicas y que había provocado sus anulaciones por parte del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), como sucedió esta semana. De este modo, el Gobierno autonómico se protege frente al argumento del tribunal sobre la «inexistencia de informes en los que se justifique la posibilidad de declarar cada una de las especies», según explicaron fuentes parlamentarias.

La actividad cinegética afecta en la Comunidad a más del 88 por ciento de su superficie y la mayor parte del mismo, en torno a 78.000 kilómetros cuadrados, está constituida por cotos privados de caza.

«Los partidos políticos no pueden dar la espalda al mundo rural porque es un agravio enorme. Espero y deseo un apoyo unánime a esa medida de todos los partidos», explicó a Ical el presidente de la Federación de Caza de Castilla y León, Santiago Iturmendi.

Con este blindaje por ley se corrigen elementos del auto del TSJ que anuló el decreto 10/2018, de 26 de abril, por el que se modificaba el decreto 32/2015, de 30 de abril, que regula la conservación de las especies cinegéticas en la Comunidad, su aprovechamiento sostenible y el control poblacional de la fauna silvestre. Hasta ahora, la regulación se producía mediante órdenes anuales y ahora se podrá aprobar esta relación por decreto. Esto le añade una mayor protección, ya que un posible recurso únicamente podrá ser presentado ante el Tribunal Constitucional.

Otras modificaciones. Además del punto más controvertido, las nuevas modificaciones establecen que el plan de caza tendrá una vigencia de al menos cinco años, si bien podrá ser modificado por razones de protección de las especies cazables «o por otras causas de interés general». Igualmente, sobre la limitación de los periodos hábiles de caza, la ley incluye un punto novedoso: «toda la extracción autorizada fuera de los periodos considerados en el plan de caza y los planes cinegéticos serán considerado control poblacional».

A ellos se suman aspectos como las limitaciones de cupos diarios por cazador, superficies mínimas para monterías y batidas y afecta también a especies concretas.

La proposición de ley presentada por el PP plantea que el aprovechamiento de los recursos cinegéticos es una «actividad esencial» para el desarrollo del medio rural por su «indudable» contribución a la agricultura y ganadería extensiva, sectores fundamentales en la economía regional. Asimismo, la caza «favorece la conservación de los  ecosistemas y de la fauna protegida al evitar desequilibrios y en especial en las especies vegetales y animales, algunas de ellas amenazadas».

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñónes, ya anunció a primera hora de la mañana la obligación de la Junta y los partidos de «colaborar en la actividad normativa necesaria para adoptar una decisión definitiva que nos permita proteger» la caza. «Los intereses de nuestra Comunidad están por encima de cualquier interés partidista o particular de cualquier pequeño grupo que, utilizando determinados mecanismos, va contra los intereses generales», señaló.

Los líderes de PP y PSOE, Fernández Mañueco y Luis Tudanca, mostraron también su apoyo a esta actividad estratégica en Castilla y León, por lo que ambos grupos parlamentarios, junto a Cs y UPL, apoyarán la proposición de ley. Podemos e IU aún no se han definido.