La recaudación tributaria de la Junta en Castilla y León se elevó un cuatro por ciento en 2019, con 698,95 millones de euros, lastrada por la desaceleración económica. El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, consideró la “evolución razonable, dentro de lo previsto” ante menor ritmo de crecimiento económico que se dejó notar en la segunda mitad del ejercicio. “El comportamiento de la recaudación fue mejor en los primeros trimestres del año porque la economía ha tendido hacia una desaceleración y eso ha tenido un impacto sobre recaudación”, explicó Carriedo a Ical.
En total, la Comunidad recaudó 587,8 millones que corresponden a tributos cedidos por el Estado, que suponen un 2,37 por ciento más que en 2018, a los que se suman 85,2 millones de impuestos propios y otros 25,8 millones de tasas.
Entre los del primer capítulo destacan aquellos vinculados al mercado inmobiliario, es decir, los impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y sobre Actos Jurídicos Documentados. Ambos evolucionaron en positivo el pasado año, un cuatro por ciento el primero, hasta totalizar 212,1 millones en ingresos, y un 2,4 por ciento el segundo, con 86,4 millones.
A pesar del comportamiento favorable de ambos, el consejero justificó que la Comunidad procedía de una tendencia creciente en los últimos años en compraventa de viviendas. De hecho, en 2018 el impuesto de Transmisiones creció un 11,8 por ciento, con lo que la desaceleración en 2019 provocó que el aumento fuera en 2019 de casi la tercera parte.
No obstante, Fernández Carriedo subrayó que la economía regional “sigue creciendo” y la actividad de compraventa de viviendas es “notable. Este menor crecimiento, justificó, se produce como consecuencia de dos factores: la propia desaceleración económica y el consiguiente menor consumo, así como la confianza. “Es verdad que crece, pero menos que en años anteriores”, sentenció.
Sucesiones
De entre los impuestos cedidos figura también el tributo sobre el Juego, con 67,6 millones de euros el pasado año, un 4,88 por ciento menos, así como Sucesiones y Donaciones, que supuso el ingreso de 188,4 millones, un 4,5 por ciento de incremento. Este gravamen, precisamente, que en parte se dejará de ingresar en 2020, dado que la Junta prevé aprobar la bonificación del 99 por ciento del mismo en el Pleno de las Cortes de finales de marzo o primeros de abril.
En todo caso, prosiguió Carriedo, “no se perderá la totalidad de la recaudación porque se exime entre padres e hijos, abuelos y nietos y cónyuges” y, además, “una parte importante varía en función del número de fallecimientos”. Es más, explicó que se espera un aumento de donaciones precisamente como consecuencia de la eliminación “práctica del impuesto”. “Cuando se baja un impuesto aumenta la renta disponible y la capacidad de inversión y en Castilla y León evitamos parte del impacto que se produciría y tendremos una relación favorable en el modelo de financiación a través de IRPF e IVA”. “Al aumentar renta, ahorro e inversión también lo hacen otros tributos”, sentenció el consejero.
Impuestos medioambientales
En el apartado de los gravámenes propios, Fernández Carriedo destacó el Impuesto por Afección Medioambiental, que supuso el pasado año ingresos por importe de 77,4 millones, un 20,9 por ciento. El importante crecimiento es consecuencia del nuevo hecho imponible que entró en vigor este año con la modificación de este tributo. Concretamente se trata del que grava el depósito de residuos nucleares en Castilla y León, que en la Comunidad se vincula directamente a la central de Garoña (Burgos) y que supone algo menos de 10 de los 77,4 millones que recauda. El resto procede del impacto de los embalses y de la energía eólica.