Un estudio realizado por un equipo de investigadores de la Universidad de Valladolid (UVa) y del Instituto Europeo de Micología y del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón revela que la recolección y actividad micológica es una actividad “cada vez más vinculada al lujo, que gana peso en el presupuesto de consumo de los recolectores según va aumentado su renta”

Este comportamiento estaría “muy relacionado” con el de otras actividades vinculadas al ocio y realizadas por personas de una cierta capacidad adquisitiva y muy similar al de otros perfiles de visitantes como pueden ser las personas que practican actividades de turismo rural o cultural.

“Se está produciendo un cambio muy importante en la forma de uso del recurso por parte de los recolectores, que dan cada vez más importancia a los aspectos recreativos y menos a lo comerciales”, expuso.

No obstante, el perfil de un recolector comercial sigue vigente y el sistema regulatorio tiene que garantizar su convivencia con estos nuevos perfiles de recolectores más relacionados con el autoconsumo, pero sobre todo, con el disfrute del tiempo libre.

Este grupo de investigadores analizó la demanda de permisos de recolección de setas en cada una de las áreas reguladas por el programa de micología de Castilla y León (Micocyl) entre los años 2013 y 2016.

Tras su análisis concluyó que la gestión compartidas de las áreas reguladas “siempre es preferible”, socialmente hablando, a la gestión individual de cada uno de los propietario y este resultado esta relacionado con la manera en que los recolectores de las distintas áreas de recolección responden al precio al que se pone al a venta el permiso de recolección.

“En la mayoría de las zonas de recolección las funciones de demanda presentan valores de elasticidad del precio cercanos a la unidad. Esto implicaría que un incremento en el precio de venta de los permisos provocaría una caída en la misma proporción en la venta de los mismos, lo que garantizaría la constancia de los ingresos del sistema”, apostilló.

El estudio desaconseja incrementos importantes de precios en los permisos, ya que el efecto conseguido podría ser el contrario, salvo que lo que el objetivo regulatorio fuera reducir la presión recolectora, desincentivando la recolección, en aquellas áreas reguladas que pudieran estar afectadas por problemas de sobreexplotación del recurso.

“Expulsar a los recolectores de un área regulada a través de subidas en los precios, lo único que hará será provocar problemas de congestión y sobreexplotación en el resto. Así, las soluciones individuales y descoordinadas con el resto podrían no garantizar la consecución de los objetivos de sostenibilidad que debe garantizar la administración. Simplemente se estarían resolviendo problemas individuales de una zona a costa del resto”, indicó.

Por último, precisa que el sistema de funcionamiento de discriminación de precios es correcto y se debería en función de determinados criterios, ya que existe un importante margen de incremento de los mismos.

La mayor tolerancia, porcentualmente hablando, se produce en las áreas reguladas donde se obtienen las licencias de recolección a precios más bajos, como por ejemplo Montes de Soria.

“Así, existe una relación inversa entre esos precios de venta y el excedente neto, tal y como marca la teoría económica. Por contera, hay zonas reguladas como Las Merindades que casi ya se han apropiado de la totalidad del excedente marshalliano del consumidor con su sistema de tarifa sobre la recolección de setas silvestres comestibles y que no tendrán margen para subir esos precios de venta de la licencia de recolección”, argumentó.

Las evidencias apoyan la idea, según el estudio, de que el actual sistema de tarificación, diferenciada por tipo de recolector, es una herramienta adecuada para afrontar esa dualidad en los perfiles de los recolectores que siguen coexistiendo en los montes de Castilla y León.

El estudio fue publicado en la revista internacional ‘Forest Policy and Economics’ por los investigadores de la UVa, Pablo de Frutos, Beatriz Rodríguez-Prado junto con Joaquín Latorre del Instituto Europeo de Micología y Fernando Martínez Peña del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón.