Castilla y León se encuentra cerca de volver al punto en el que se encontraba antes de la crisis económica en materia de gasto público social. De hecho, en 2018 estuvo muy cerca de recuperar el gasto en servicios esenciales previo al que había en 2009, ya que se quedó a tan sólo 63,3 millones de euros de la inversión realizada entonces, lo que supone un descenso del 0,98 por ciento. Sin embargo, la merma poblacional y la despoblación han elevado un 4,8 por ciento la cuantía destinada a cada habitante, según lo refleja el último estudio presentado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, que compara el gasto realizado por las distintas comunidades autónomas en las áreas de educación, sanidad y servicios sociales.
Si se analiza la situación media a nivel nacional, el documento concluye que el gasto social autonómico en España es un 3,4 por ciento inferior a los momentos previos a la crisis. De modo que, aunque Castilla y León no haya logrado recuperar del todo el gasto, sigue estando «muy por encima de la media», tal y como señalan desde la asociación. No obstante, la evolución del gasto social por habitante en Castilla y León respecto a 2009 creció un 4,8 por ciento hasta alcanzar los 2.648,35 euros. Esta cifra se incrementó en 55,17 euros en 2018 frente a los 2.593,21 euros que se destinaban a cada castellano y leonés en 2009, y se encuentra por encima de la media nacional de 2.420 euros.
La tendencia general en los últimos años en inversión social según el informe es «buena», pero se advierte de que en 2018 se ha producido «un frenazo» por la inestabilidad política. Así, afirmaron que «el estancamiento político y la consiguiente ausencia de presupuestos, ponen en serio peligro el sostenimiento de unos servicios públicos esenciales que podrían volver a la senda del deterioro», según informa Ical.
Según los directores y gerentes, Castilla y León no es ajena a esta situación que se vive en el país. Para Gustavo García, coordinador de informes y estudios de la asociación, «a pesar de los esfuerzos de la comunidad, la falta de ingresos está condicionando sus políticas sociales». El estudio concluye, no obstante, que Castilla y León es la segunda comunidad que dedica una mayor parte del presupuesto (65,1 por ciento) a este tipo de políticas, sólo por detrás de Asturias (68,3%). En la cola se sitúan Baleares o Cataluña, una de las regiones que, en términos generales, obtiene peores resultados en el informe.
Áreas
Concretamente sanidad, la Junta ya dedicó en 2018 más presupuesto que hace una década, ya que destinó a este capítulo 40 millones más, desmarcándose de la media nacional. También destaca la comunidad en servicios sociales, donde se sitúa el gasto del año pasado un 8,69% por encima del de 2009. Es la cuarta que dedica una mayor parte del presupuesto a servicios sociales, con un gasto por habitante y año de 346 euros.
Sin embargo, a juicio de Gustavo García, «la educación es la asignatura que queda pendiente», ya que la cuantía destinada a este área es todavía un 7,8% inferior a la de hace diez años, es decir, todavía harían falta 170 millones de euros más para recuperar los niveles previos a la crisis.