La Consejería de Fomento y Medio Ambiente tramitó la autorización ambiental de 52 instalaciones ganaderas de aves y porcino en 2019, mientras que solo una para la transformación de metales ferrosos y otra para la gestión de residuos. Es decir, que el 96 por ciento de este tipo de expedientes con necesidad de licencia ambiental estaban vinculadas a granjas. Los datos se conocen meses después de que las modificaciones introducidas por el Decreto Ley 4/2020 en el régimen ambiental aplicable a las explotaciones ganaderas en Castilla y León, que generó tanta polémica entre los grupos de la oposición y las organizaciones ecologistas, pero que según la Junta «no cambia el régimen de control que regula la instalación y funcionamiento de las mal denominadas macrogranjas», las cuales continúan sometidas, «no al régimen de licencia ambiental, sino al de autorización, con un control mucho más intenso, ya que recae en la Administración autonómica y no en los municipios». Sí que incentiva, prosigue, a «las pequeñas explotaciones de carácter familiar simplificando los trámites administrativos».
De las 54 autorizaciones que otorgó la Junta (seis más que en 2018), una decena se presentó en Salamanca, ocho en Valladolid y Soria, en cada caso, siete en Burgos, seis en Segovia, cinco en Ávila, cuatro en León y tres en Palencia y Zamora. Nadie puede esconder la polémica suscitada en la Comunidad con las peticiones de macrogranjas, que han llevado incluso a celebrar movilizaciones en diferentes municipios de Castilla y León, principalmente en Zamora.
A juicio de la Junta, y según un documento al que tuvo acceso Ical, el concepto ‘macrogranja’ «no existe en ningún tratado de zootecnia, ni tampoco aparece en ninguna de las disposiciones vigentes del ordenamiento jurídico de la Comunidad, ni en España o en la Unión Europea», y añade que «se ha extendido con un interés de acentuar el concepto de ganadería moderna, con sistemas intensivos y un alto número de cabezas en la explotación».
La Consejería dirigida por Juan Carlos Suárez-Quiñones determina que en Castilla y León hay dos tipos de granjas: las que por su magnitud deben contar con autorización ambiental para su funcionamiento y aquellas que, por debajo de la capacidad que marca el régimen de autorización ambiental, son de competencia municipal. En este sentido, necesitan esa autorización las instalaciones destinadas a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos que dispongan de más de 40.000 plazas para gallinas ponedoras o del número equivalente en excreta de nitrógeno para otras orientaciones productivas de aves de corral; las que cuenten con al menos 2.000 cerdos de cebo; y las que tengan, como mínimo, 750 plazas para cerdas reproductoras.