Pese a la delicada situación del déficit público español que roza el 100 por cien del PIB, el Gobierno ha tenido que adelantar las elecciones generales al 28 de abril, lo que supondrá un desembolso a las arcas del Estado de 138.961.517 euros, según el Ministerio del Interior, lo que representa un incremento de 8,26 millones más respecto a 2016, debido al incremento de algunas partidas y del IPC. Este año, al igual que entonces, el Gobierno ha tenido que disponer de partidas extraordinarias porque no estaba previsto en los PGE. En los últimos cuatro años se han celebrado tres elecciones generales y los españoles fueron llamados a las urnas en diciembre de 2015 y junio de 2016. 

Un desembolso que se podría haber evitado si se hubiera decidido efectuar todas las elecciones en el llamado superdomingo del 26 de mayo que concurren, en gran parte del estado español, las europeas, regionales y municipales.

Este presupuesto sirve para pagar la maquinaria que se tiene que poner en marcha para organizar y celebrar los comicios del 28 de abril y que es compleja: desde el trabajo de Correos para hacer llegar el voto a distancia y la propaganda, hasta la impresión de papeletas y sobres o el despliegue de los miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

Desde Interior se ha informado de que el balance total alcanzará esos 138,9 millones de euros, aunque no se ha facilitado de momento el desglose total por partidas. 

El crecimiento del gasto con respecto a 2016 es la suma de pequeños incrementos en distintas bandas. Por ejemplo, crecerá la dieta que reciben los miles de ciudadanos encargados de las mesas. 

En las pasadas elecciones, fueron 172.000 personas las que atendieron las mesas de votación y cada una de ellas cobró 63,24 euros por aquella jornada de domingo. 

El capítulo más caro suele ser el de Correos (48 millones en 2016), pero también es importante el de las telecomunicaciones y la difusión del escrutinio. Este dato sí se conoce ya porque el Gobierno convocó y resolvió el concurso para contratar a una empresa. Lo ganó una vez más Indra, por 7,44 millones de euros, por debajo de los 10 millones que como máximo preveía gastar el Ejecutivo. 

El presupuesto electoral incluye también el coste de organizar los colegios electorales, los millones de papeletas y sobres, el montaje de mesas urnas y cabinas de votación o el traslado de los electores que lo necesitan, una logística que se repite unas elecciones tras otras (5,1 millones en las pasadas generales). 

También se abona el despliegue policial (unos 13 millones en 2016) y de representantes de la Administración (6,76 millones, el coste de la Oficina del Censo Electoral (5,2). 

Subvenciones. Además, el Estado paga también a los partidos políticos unas subvenciones que van ligadas a los votos y escaños que logran en los comicios, pero que no están incluidas en ese presupuesto de la maquinaria electoral, ya que las reciben una vez transcurridas las elecciones. 

Este año, sufragará con 21.167,64 euros cada escaño del Congreso y del Senado que obtengan el próximo 28 de abril, la misma cantidad que en los últimos comicios de junio de 2016. Por otra parte, se pagará con 0,81 euros cada uno de los votos por cada candidatura al Congreso.

Todos los desembolsos económicos de campaña que hagan los partidos tienen que ajustarse a unos límites, es decir, no pueden invertir dinero sin límite. El máximo es el resultado de multiplicar 0,37 euros por los habitantes con derecho a voto en las circunscripciones donde se presente cada cual.