El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) Castilla y León reivindicó hoy en Valladolid el acceso a una vivienda accesible, asequible e inclusiva como elemento fundamental para impulsar la vida independiente. De ahí que considerara necesario la puesta en marcha de una Ley General de Garantía del Derecho Social a la Vivienda y el incremento del parque público de vivienda, con una inversión de un mínimo del 2 por ciento del producto interior bruto (PIB).

Con motivo del Día de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se celebró hoy en las Cortes de Castilla y León, el presidente autonómico de Cermi, Juan Pérez, subrayó que el derecho a una vivienda es para todas las personas, pero también para las que requieren de más necesidades de apoyo para que puedan vivir en su domicilio con el soporte y las ayudas que precisen, lo que les facilitaría la inclusión y les permitiría participar de su comunidad.

En presencia del presidente de las Cortes, Luis Fuentes, y la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, recordó que unas 270.000 personas con discapacidad, lo que supone el 16 por ciento del total del colectivo, viven institucionalizadas y otros 100.000 individuos del colectivo están "presas" en sus casas por falta de accesibilidad en sus inmuebles. De ahí que reclamara que el tema de la vivienda sea abordado a nivel legislativo y por las administraciones a través de las políticas públicas.

En la línea del manifiesto publicado por el Cermi en el Día de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, reivindicó la accesibilidad universal para evitar la discriminación. En este sentido, abogó por una reforma de la Ley de Propiedad Horizontal para que las obras de accesibilidad sean obligatorias para la comunidad de propietarias cuando sean solicitadas por vecinos con discapacidad o mayores de 70 años; la inclusión de información sobre la accesibilidad del edificio en el Registro de la Propiedad, la creación de fondos públicos para rehabilitación de edificios o para programas de accesibilidad universal y la creación de una oferta "viva" y "transparente" de viviendas accesibles.

Con respecto a la asequibilidad, el documento insta a las instituciones a combatir la exclusión económica de las personas con discapacidad, habitualmente con recursos más reducidos que el resto de la población, y a ser consideradas grupo prioritaria en los apoyos y ayudas públicas. Por último, se reivindicó una vivienda inclusiva por que las personas con discapacidad necesitan nuevas formas de convivencia que permitan la vida independiente en comunidad.  

Juan Pérez no solo abogó por la accesibilidad como un derecho básico al espacio físico sino también un acceso a la información y la comunicación, al que están obligados los estados. No en vano, consideró que las TIC (Tecnologías de Información y Comunicación) son un "importante" medio de inclusión social, sobre todo para las personas con discapacidad. De ahí que pidió, la necesidad de impulsar su utilización a través de la capacitación, difusión e I+D en accesibilidad web y tecnologías, sin olvidar la alfabetización digital.

Por último, el presidente del Cermi Castilla y León destacó, según recogió la Agencia Ical, que la Comunidad es un "claro referente" en materia social, con normativas pioneras en España en violencia de género, Servicios Sociales y perros guía. Pese a ello, exigió avanzar "más" en igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la accesibilidad, la discriminación, la participación activa en la sociedad y la aceptación de la discapacidad como parte de la diversidad.  

El presidente del Parlamento autonómico apostó por que el papel de las Cortes siga siendo "decisivo" con el objetivo de lograr una sociedad más justa y libre de barreras (físicas y sensitivas), de la mano de las organizaciones del tercer sector. En este sentido, recordó que la Cámara impulsará políticas públicas y legislaciones adaptadas a las necesidades del colectivo de la discapacidad. 

Dar voz al tercer sector

Además, Luis Fuentes anunció que el grupo de trabajo que lidera Castilla y León en la Conferencia de Asambleas Legislativas de Europa (Calre) sobre el desarrollo sostenible, dando voz a las inquietudes del colectivo. También prometió dar un "impulso" al derecho a la vivienda accesible, inclusiva y asequible. "Que nos les quepa la menor duda que esta Cámara incitará a trabajar en una legislación que promueva a estas soluciones sin barreras para que los hogares estén adaptados y sean seguros, además de estar especialmente vigilantes con el respeto de los derechos de los que están más amenazados como las mujeres y las niñas con discapacidad", sentenció.

La consejera de Familia aseguró que, afortunadamente, se ha avanzado mucho en el reconocimiento y la efectividad de los derechos de las personas con discapacidad pero "aún" queda un largo camino que recorrer, lo que se traduce en el trabajo de dos proyectos legislativos como el que reconoce los derechos del tercer sector y garantiza su sostenibilidad jurídica y económica, además de los textos de atención a personas con discapacidad a lo largo de la vida y el de la atención residencial. Ambos, precisó, tienen el hilo común por que prevalece la atención centrada en la persona.  

Apuesta por el empleo

Además de agradecer el trabajo del movimiento asociativo y el tercer sector que ha sido clave para lograr el avances en el colectivo que aúna a 177.000 personas en Castilla y León, Isabel Blanco hizo hincapié en la apuesta por el empleo como una de las "máximas expresiones" de la autonomía, la independencia y la plena participación. En concreto, citó el refuerzo de la inversión en los itinerarios del empleo, el aumento de las cláusulas sociales y las reservas de contratos para los centros especiales de empleo, además de incentivar la contratación en las empresas y favorecer el empleo público para las personas con discapacidad. También habló del trabajo en la prevención, con su principal expresión en la atención temprana y en la ampliación de la red de infraestructuras y servicios, especialmente para los menores.  

Blanco aseguró, según Ical, que el objetivo es que las personas con discapacidad y sus familias gocen de unas mayores cuotas de bienestar. Lanzó el mensaje de que la Junta no hará nada que no quiera el colectivo y el tercer sector.  

El acto también sirvió también para oír el testimonio de tres personas con discapacidad (Mar Matías, Lucía González y Estefanía Arias) en relación con los derechos adquiridos por la adaptación del ordenamiento jurídico español a la convención de la ONU en materias como la derogación de estirilizaciones forzosas, la libre elección de centro educativo y el apoyo a la toma de decisiones.