La Junta emplea a cerca de 5.000 personas en Soria, según el último Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas. Desde hace unos meses, sus trabajadores han iniciado una serie de movilizaciones bajo la campaña ‘Hay motivos’. Se quejan de la falta de avances en la recuperación de los derechos laborales perdidos durante la crisis. El Día de Soria analiza con Alfredo Carmena Vara, delegado sindical de CC. OO. en la Junta de Personal de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Soria, el trasfondo de la campaña. 

¿Qué derechos laborales están pendientes de restaurar todavía?

Hay dos cuestiones. Unos son derechos que se perdieron cuando se inició el problema económico y otros son derechos a los que no se ha dado solución, no se han consolidado nunca, y se han ido agravando. Hablamos, por ejemplo, de la carrera profesional. En el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) de 2007 ya se preveía, pero solo ha sido implantada parcialmente en sanidad. 

La jornada de 35 horas semanales  ha sido finalmente acordada y, aunque todavía no está en vigor el acuerdo, sí que se están aplicando desde el 1 de junio. Pero se están aplicando por unos acuerdos anteriores, por lo que tiene que haber un periodo transitorio hasta que se consolide, porque hay que hacer unas modificaciones normativas. Además, se ha producido pero con una penalización en la posibilidad de conciliar la vida personal y familiar. 

Hay un problema muy grave también en relación a la jubilación anticipada. El personal laboral tenía la posibilidad de jubilación a los 61 años mediante un contrato de reemplazo y con un 75%. Ahora, la mayoría de las jubilaciones, primero, están sometidas a que se aprueben o no, y en muchos casos se están denegando porque el contrato de reemplazo supone una cotización de mayor importe. Y, si se conceden, son del orden del 25%. Además, se entiende poco que esa jubilación, que se pretendía extender a todos los empleados públicos, se limite solo a personas con contrato laboral.  

¿Se han conseguido estabilizar la plantillas tras la crisis?

No se cumplen los acuerdos del Diálogo Social. Por ejemplo, en cuanto a las personas cuyos periodos de contratación deberían haber sido ampliados para las campañas del operativo de incendios. Estaban previstas ampliaciones en varias dotaciones de motobomba y en algunas torretas y, amparándose en que los presupuestos han sido prorrogados, están dilatándolo. No se ha hecho y se sigue con la precariedad. 

En cuanto a plantillas sin cubrir, existen infinidad de vacantes que están dando problemas para cubrir los servicios, ya casi los más esenciales. Con toda la buenísima voluntad del personal, en muchos servicios territoriales no se puede dar abasto. 

Hay muchos centros periféricos que, aunque pretendían impulsarlos, se está haciendo todo lo contrario y se están quedando sin personal y están sufriendo cierres. 

¿Qué centros han cerrado o están en peligro por falta de personal?

En Soria se cerró el laboratorio de Fomento y el centro de investigación forestal de  Valonsadero. Desde entonces no ha habido más cierres, pero lo que sí hay es una disminución de efectivos que aboca a que la prestación del servicio se ofrezca en situación muy limitada o incluso ni se pueda dar. Tenemos algunos ejemplos en las cuadrillas forestales que hay en algunas comarcas. Se están quedando sin gente. En San Pedro Manrique el mes que viene se queda con un solo operario. Eso no es desmantelar un centro porque en el centro forestal hay más gente (celadores o agentes medioambientales) pero con un solo operario es imposible prestar el servicio. Hay cuadrillas en Navaleno, Cabrejas... y tienen un operario o, a lo sumo, dos. Las cuadrillas forestales es algo que va a desaparecer porque lo dejan en una situación ineficiente e inoperativa.

Luego las SAC y las UDA, las secciones agrarias comarcales y las unidades de desarrollo agrario, junto con las unidades veterinarias, tienen muchas deficiencias de personal. Por ejemplo, en Ágreda, tienen una plaza de técnico agrícola, una de veterinario y una de jefe de negociado sin cubrir, y hay solo un administrativo que, cuando falta, no tiene sustituto. En El Burgo, en la RPT, hay tres plazas de auxiliares administrativos y solo hay una cubierta, que además ahora está de baja médica. En Berlanga, de dos auxiliares, hay una cubierta; de dos técnicos, no hay ninguna cubierta; y tampoco la de veterinario. En San Esteban, de las dos plazas de auxiliares, no hay ninguna cubierta. 

¿Dónde radica el problema? ¿No se cubren las vacantes?

Se publican las ofertas de empleo público pero las convocatorias no salen. Hay convocatorias del 2017 que todavía no han salido. Las de 2018 tampoco han salido, y la oferta de empleo público de 2019, aunque prometieron que en el primer semestre del año estarían negociadas y publicadas                     -como debe ser-, no lo está. 

Yhay problemas también por ejemplo en las contrataciones para las interinidades para suplir necesidades, ya sea por bajas laborales o demás. Se sacan interinidades miserables que la gente incluso trata de evitar que le llamen porque a lo mejor son de un tercio de jornada o unas horas. Entonces, está muy precarizado el empleo en muchos ámbitos. 

Y hay un problema enorme también en cuanto a concursos en el ámbito de funcionarios. 

¿Qué ocurre con el concurso de funcionarios? ¿En qué punto está?

El personal laboral tiene un concurso abierto y permanente (CAP) desde hace muchos años, y tiene cuatro convocatorias al año. Funciona perfectamente bien y es un modelo a exportar. Llevan años diciendo que lo van a hacer pero, tras reiterados incumplimientos de lo que establece la Ley de Función Pública de que los concursos deben ser anuales, la realidad es que salen casi cada media docena de años, o más. 

Se convocó un concurso abierto y permanente de funcionarios después de un Catálogo de Puestos Tipo [el CPT establece los tipos de puestos con los que puede contar la administración a la hora de elaborar las relaciones de puestos de trabajo -RPT-] que aprobó la administración y que ha sido recurrido por varias organizaciones, entre ellas CC. OO. 

 ¿Por qué se recurrió ese catálogo?

Era un catálogo malo, pero algunas centrales sindicales optaron por dar el visto bueno pensando que en las RPT se podrían subsanar los muchos defectos que contenía. Fue imposible y la negociación de las RPT fue absolutamente desastrosa. Son obsoletas, y digo son porque, aunque se aprobaron y han quedado anuladas, las han vuelto a plasmar tal y como eran. 

Entonces, eso dio lugar a la convocatoria con esas RPT del concurso abierto y permanente de funcionarios que quedó suspendido judicialmente, y eso ha supuesto un desastre después de muchos años esperando que por fin saliera el concurso. Han quedado familias separadas, situaciones personales de toda naturaleza... las expectativas que tenían se han desvanecido. Y lo peor es que la sentencia que anulaba el catálogo ya viene indicando que el procedimiento que se ha seguido tiende a ser anulado otra vez. O sea, que se han empeñado en seguir adelante en contra de lo que pretendían todas las centrales sindicales y la expectativa es desgraciadamente que quedará anulado. 

Concretando en aspectos prácticos, ¿por qué es tan malo ese catálogo de puestos de tipo?

El catálogo de puestos tipo tiene carácter que, en algunos aspectos, entendemos que es ilegal. Por eso,                  CC. OO.lo ha recurrido ya, y también va a recurrir las RPT.

Se trata de una figura inútil tal y como se ha concebido. El único objetivo que podía tener esta nueva figura era simplificar y homogeneizar la dispersión de tipos de plazas existentes en las RPT, pero siguen presentando la misma heterogeneidad y complejidad. Por tanto, se consigue el objetivo contrario al perseguido: en vez de simplificar, se complejiza. 

Se generaliza una adscripción genérica de los puestos, esto es, dependencia directa de los jefes de servicio, cuando antes muchos se adscribían a unidades administrativas más específicas. Esto conlleva un cambio de condiciones relevante sin acuerdo con los agentes sociales y sin que se vea reconocido mediante incrementos de nivel o complementos de otra índole o manera. 

Curiosamente, prácticamente los únicos puestos que han visto incrementados los niveles con el nuevo CPT son los de elite. Resulta sospechoso que se trate de puestos de libre designación y que, además, por mor de esta nueva situación, se abren ahora a otras administraciones, lo que podría hacer maliciarse que lo que se pretende pueda ser colocar a gente afín a algún partido.

Además, el catálogo, por ejemplo, hace alusión a unas funciones básicas que luego establece como contenido mínimo y no pone límites. Y sin embargo, establece muchos niveles con competencias distintas pero luego exigen a las personas que tienen los niveles mínimos desarrollar cualquier tipo de función. Con lo cual, lo que tratan es ahorrarse dinero, poner a la mayoría en niveles básicos e incorporar funciones que deberían estar atribuidas a otros puestos.