Escalones, rampas con pendientes imposibles, ascensores de tamaño reducido, amarres inexistentes... pueden convertir tu hogar en una peculiar cárcel. Los problemas de accesibilidad pueden robar tu autonomía. Y tu vida independiente desaparece.

Se calcula que tres de cada cuatro castellanoleoneses con movilidad reducida dependen de la ayuda de terceras personas para poder salir de sus casas. Y un 4% no sale nunca. Es una de las conclusiones del estudio ‘Movilidad reducida y accesibilidad en edificios de viviendas’ elaborado por la Fundación Mutua de Propietarios en colaboración con la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe), de la que forma parte Fadiso (Federación de Asociaciones de Discapacidad en Soria). «En Soria no contamos con un dato exacto porque no se ha realizado ningún estudio al respecto pero sabemos que existen bastantes casos, porque nos han llegado a la fundación. Recientemente nos llegó por ejemplo el de una persona que, teniendo su casa en propiedad, ha tenido que alquilar otra y trasladarse porque la suya no es accesible. Es muy duro y es injusto que estés toda la vida pagando tu casa y que te tengas que ir a una de alquiler porque, tras sufrir un accidente, un ictus o lo que sea, pierdes movilidad y no puedes acceder a la tuya», apunta la presidenta de Fadiso,Asunción Berrojo.

El 4 de diciembre de 2017 era la fecha tope para que todos los edificios, públicos y privados, fueran accesibles para las personas con discapacidad y mayores de 70 años. Por ley. El Real Decreto Legislativo de 2013 por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social así lo recogía. Año y medio después, la realidad está lejos de la norma. Según el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España (CGCAFE), cerca del 75% de los edificios no cumple con los principios de accesibilidad universal. En Soria, se calcula que solo el 0,6% de las viviendas son plenamente accesibles, según Fadiso.

«La teoría es que ya debería estar todo adaptado, lo público y lo privado. Pero una cosa es la teoría y otra la práctica», lamenta Berrojo, quien recalca que «en los últimos años se ha avanzado muchísimo, hay que reconocerlo, pero todavía queda mucho por hacer». Y pone ejemplos concretos. A nivel privado alude a «numerosos bloques de viviendas sin ascensor o con escaleras de acceso», así como «a los cajeros automáticos de los bancos, a los que alguien en silla de ruedas no llega». Y a nivel público, apunta un caso especialmente «doloroso»:«El edificio de la Gerencia de Servicios Sociales, en el Espolón, donde además varias plantas son un centro para personas mayores. No es accesible. Tiene dos ascensores pero no cabe una silla de ruedas, por lo que no puedes acceder a los pisos de arriba». A esto suma «cantidad de socavones, rebajes mal hechos, aceras que si subes no bajas o si bajas no subes, pasos de peatones que no coinciden con las hendiduras...» y barrios «imposibles» como «el Calaverón o la zona de Navas de Tolosa». «Lo que se ha ido haciendo nuevo, como el barrio de Los Pajaritos, así como la mayoría de los edificios públicos (Ayuntamiento, Diputación, Hacienda, Correos, las piscinas...) están bastante bien, pero hay muchas cosas mejorables». «Siempre diré que se ha avanzado mucho, pero queda por hacer», sentencia Berrojo. 

cambios en la ley. El incumplimiento de la norma es una evidencia. Y a veces es la propia legislación la que complica su cumplimiento. Para empezar, porque hay normas contradictorias. Es el caso de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH), que establece que la eliminación de barreras arquitectónicas ha de ser solicitada por el propietario de la vivienda en la que «vivan, trabajen o presten servicios voluntarios» personas con discapacidad o que sean mayores de 70 años. Si alguno de estos dos colectivos no lo solicita, las comunidades de propietarios no están obligadas a realizarlas. Pero, además, fija un sistema de acuerdos (entre propietarios) y pagos (no exceder 12 mensualidades ordinarias de gastos comunes) que dificulta la accesibilidad universal. Por ello, apunta Berrojo, «desde la Confederación se está intentando cambiar la ley horizontal. Porque no puede ser que porque uno  o dos vecinos no quieran o no les convenga, no se puedan hacer las obras y la gente no pueda ni salir de su casa. Hace falta concienciación». 

La barrera: ocho escalones

Ocho escaleras han sido durante año y medio la pesadilla de Conchita. Son las ocho escaleras que separan su portal del ascensor que da acceso a su casa. 

Con 72 años, sola, y tras una caída que empeoró considerablemente su movilidad, ha tenido que luchar contra ‘Goliat’ para hacer valer sus derechos. Los que le negaba su comunidad de vecinos. Al final, la mediación de su abogado -o, mejor dicho, de la ley- han hecho que sus informes médicos se impongan a la oposición que, a su juicio, «ha impuesto el administrador, Llorente». 

Esta semana, el miércoles, llegaba el elevador que lleva más de un año reclamando para poder entrar y salir de su vivienda. «No es por gusto, es por necesidad», recalca. Yes suficiente observar sus rodillas, su espalda, su movilidad... para comprobar que es real. No obstante, y ante los incrédulos, los informes de sus cirujanos de Zaragoza lo avalan. 

La solución ha llegado, por fin, pero la espera se ha hecho larga, e injusta, por eso accede a contar su historia a El Día de Soria, con la mirada puesta en que su situación pueda ayudar a otras personas. Porque para llegar aquí ha tenido que pasar muchos disgustos, desencuentros, humillaciones... que la han debilitado física y moralmente. «Prefiero mis dolores, porque eso lo aguanto, pero psicológicamente no se imagina nadie lo que he pasado, no se imaginan lo que es que te nieguen tu libertad», indica para explicarse. 

Comenzamos la conversación con el carnet que acredita su discapacidad del 81% sobre la mesa. El mismo que refleja que tiene «movilidad reducida». La rotura de dos vértebras tras caerse le obligó a pasar por quirófano y, tras la intervención, precisar del uso de andador. Al llegar a casa se dio cuenta de que, «por mil pruebas» que hizo, era inviable salvar esas ocho escaleras con él, por lo que planteó hacer un armario en el portal y guardarlo. No le dieron alternativa, así que tuvo que buscarla ella: lo guarda en la parroquia de Santa Bárbara, próxima a su casa, y con la ayuda de un bastón salva el recorrido hasta su casa. Pero las ocho escaleras seguían ahí, cual barrera, así que llevó el asunto a la comunidad de vecinos. 

La primera opción que  le propusieron fue, «de por vida, salir por la cochera haciendo una rampa de la que se podían beneficiar todos los vecinos, dijeron». Obviamente, ni sus rodillas ni su espalda soportan una pendiente así a diario. Y eso ignorando que se pueda obligar a nadie a acceder a su propia casa siempre por una cochera. 

La solución era evidente:un elevador en el portal. No se lo negaron, pero alegaron que había que ponerlo en los cuatros portales de la comunidad y, obviamente, «era mucho dinero y se cerraron en banda». El acuerdo era inviable y la tensión vecinal crecía. Sin apoyos de nadie -salvo de dos vecinas y de su parroquia, que ha sido su ángel de la guarda-, ha tenido que soportar «humillaciones, feos y hasta calumnias», así que hace unos meses pidió la mediación de un abogado. La intervención judicial fue clave, reconoce, porque en abril «presentaron ya tres presupuestos». En el camino quedan muchos sinsabores, pero quizá hoy es hora de celebrar que Conchita ha conseguido abrir su ‘jaula’.