La puesta en marcha de la Ley de la Dependencia en España, hace quince años marcó un antes y un después para muchas personas de este país, aunque tras todo ese tiempo todavía hay figuras que incluye que no están suficientemente desarrolladas. Es más, existe una desigualdad territorial grande en función del lugar de residencia del solicitante, como ocurre con la asistencia personal. Mientras Castilla y León es pionera en esta figura y cuenta con 2.106 asistentes reconocidos por el Imserso a fecha 30 de abril de 2023, en seis comunidades y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla ni siquiera se ha comenzado a desarrollar. Ahora, tras más de diez años de reivindicaciones de las entidades del tercer sector, el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia ha dado un primer paso para regular dicha figura, aunque creen que todavía queda mucho camino por recorrer hasta que sea desarrollada por todas las comunidades autónomas.

La asistencia personal es un servicio profesionalizado de apoyo a las personas para desarrollar su proyecto de vida conforme a sus necesidades, intereses y expectativas; y a través de la que se fomenta la vida independiente, la autonomía personal y la participación social. Esta figura, entendida como servicio de proximidad, supone que el asistente se acerque al lugar de residencia, garantizando su permanencia en su casa. La relación entre la personas dependiente y el asistente personal es contractual y presentará un perfil adecuado a las múltiples tareas que deberá desarrollar.

Los datos facilitados por el Imserso sobre las prestaciones de dicho servicio reflejan que la asistencia personal es «la gran desconocida» del catálogo de servicios que ofrece la Ley de la Dependencia. Para poder acceder a ella, el beneficiario debe tener reconocido algún grado de dependencia. En el caso de Castilla y León se ha apostado por potenciar dicha figura y adaptarlo a las nuevas necesidades.

País Vasco, con 6.707, y Castilla y León, con 2.106, son las dos únicas comunidades que han desarrollado dicha figura en los últimos años, ya que entre ambas abarcan el 92,4 por ciento del total de personas que se dedican a esta función, según los datos más recientes recopilados por el Imserso. Después de estas comunidades se sitúa la Comunidad Valenciana con 351 asistentes.

En el caso de la comunidad castellana y leonesa, pese a estas buenas cifras, solo el 1,31 por ciento de todas las personas que tienen una resolución de dependencia ha solicitado la prestación del asistente personal. El 53 por ciento de los beneficiarios de la región corresponde a mayores de 65 años y el seis por ciento, a menores de entre 4 y 17 años.

«Cajón desastre»

Pese a los avances recientemente alcanzados, Iñaki Martínez, presidente de la Asociación de Profesionales de la Asistencia Personal (ASAP), critica que se trata de «un acuerdo de mínimos» del que desconocen los detalles concretos porque no se ha contado con su opinión. Desde su punto de vista reclaman una figura del asistente personal «distinta» y con una formación suficiente «para adaptarse a cualquier circunstancia». «Es una figura compleja y exigente, de las más complicadas que hay», añade.

Respecto a las diferencias existentes entre el desarrollo de esta figura en unas comunidades y otras, Martínez incide en que es un «cajón desastre» porque se está llamando asistente personal «a cosas que no lo son». Por este motivo pone en duda los datos ofrecidos por el Imserso: «Habría que entrar al detalle, ya que todo es un caos. Es una figura sin regular, sin formación, sin una forma de contratación única y con cuantías insuficientes».