La Ley de la Cadena de 2014, revisada y mejorada en los últimos años en el Parlamento y por la que agricultores y ganaderos debería percibir siempre unos precios que cubrieran todos sus costes de producción es, sobre el papel, el instrumento más importante para asegurar las rentas del campo. Con su aplicación se puede decir que en el sector no impera la ley de la selva, que los operadores comerciales o las industrias que hacen sus compras a los agricultores y ganaderos no pagan lo que quieren y del modo en que más les conviene. Sin embargo, la realidad es que, a pesar de los controles, las inspecciones y las sanciones derivadas de la aplicación de la norma, siguen existiendo vacíos muy importantes que cumplir para aumentar la necesaria eficacia a la hora de lograr precios que garanticen una rentabilidad para el sector y que no sea una norma solo para el museo.

Como punto de referencia sobre la aplicación de esa disposición, el Observatorio de la Cadena Alimentaria, organismo dependiente de Agricultura pero donde se halla presente toda la cadena -producción, industria y distribución- junto a otros departamentos económicos del Gobierno, ha sido en las últimas fechas el blanco de la críticas de ASAJA, UPA, COAG y Cooperativas Agro-alimentarias. Estas organizaciones reclaman una mayor eficacia en la actividad de la Cadena con el objetivo de cumplir el papel para el que fue constituido. Y, para ello, se considera que, al margen de inspecciones, controles y sanciones, se deben ofrecer a todas las partes los datos actualizados sobre los que hacer esos trabajos de control.

En esa dirección, desde todo el sector se demanda al Observatorio más trabajo. Primero, para elaborar estudios sobre la cadena de valor para producciones tan importantes como cítricos, melocotón y nectarina, tomate, patata, miel, ovino o vacuno. En segundo término, para actualizar otras cadenas como la del aceite de oliva virgen y la leche en un momento en el que este último sector se ve amenazado, ya que las industrias acaban de hacer ofertas para la renovación de más de 8.000 contratos planteando rebajas medias de un 10% sobre los precios actuales a pesar del incremento generalizado de costes en el campo por las materias primas y la sequía.

Para que la cadena funcione y sea más eficiente, el sector solicita la publicidad los índices de los precios como referencia a la hora de una negociación, además de una información actualizada de lo que sucede en otras partes de la cadena, como los precios de cesión de los industriales o de los operadores comerciales, y finalmente los precios de venta al púbico de la distribución. Solo con todo ello en la mano el sector entiende, con buen criterio, que se puede saber lo que está pasando con la Ley de la Cadena. El campo, sin éxito, reclama igualmente un observatorio sobre sus costes de producción.

Como instrumento para garantizar precios en origen, tradicionalmente esta disposición no se vio nunca con buenos ojos en otros departamentos del Gobierno, especialmente desde Economía, con la vista puesta en sus efectos sobre los precios al consumo, hacia donde hoy se mira con preocupación. El sector ve (pero no entiende, y menos ahora) que al Gobierno no le interesa que haya precios en el campo que se ajusten a unos costes al alza.

Jugar en los mercados.

Críticas aparte al funcionamiento de la Cadena y a los deberes no hechos por parte del Observatorio, la realidad es que además hay que tener en cuenta el funcionamiento de los mercados, en los que operan grandes grupos. Abarca desde la industria que compra los productos en el campo para su comercialización directa, como son los casos de frutas y hortalizas, pasando por los grandes grupos industriales que las transforman, hasta los pocos grandes grupos de la distribución que a la postre son quienes fijan de forma indirecta los precios en el campo.

Media docena de grandes grupos de la distribución liderados por Mercadona -que ostenta una cuota de más del 25%, seguido por los franceses de Carrefour con casi un 9%- controlan más del 50% de la cuota de mercado de los productos alimentarios que, al final, utilizan en muchos casos como los principales reclamos para atraer al consumidor, con lo que eso conlleva para las industrias y para el campo como origen de la cadena. Por su parte, sucede algo similar en algunos sectores de la industria, donde unos pocos grandes grupos controlan las compras; por ejemplo, en el caso de la leche, cinco firmas suponen más del 50% de las compras, en este caso liderados por la francesa Lactalis -más del 20%- y Central Lechera Asturiana.

Esta situación se puede extender a otras producciones importantes como los cereales. En este caso, algunos grupos multinacionales que mandan en las bolsas y operadores regionales imponen sus precios en sus territorios respetando sus áreas de influencia. Y si nos acercamos al aceite y al vino, las cooperativas mandan en el volumen pero, por su gran dispersión, no pasa lo mismo con los precios.

Es también importante para analizar el problema tener en cuenta que los agricultores y ganaderos llevan encima una dependencia que marca su debilidad; y esta dependencia no se puede eliminar ni con la Ley de la Cadena. En unos casos por las condiciones climáticas, que pueden ofrecer unas producciones muy variables tanto en volumen como en calidad; en otros por la modificación de los periodos de recolección, especialmente en frutas y hortalizas; y en otras ocasiones por la debilidad que supone disponer de producciones con fecha de caducidad -desde las frutas a la leche- y almacenamientos limitados o la necesidad de hacer caja para afrontar la nueva campaña.

En cualquier caso, agricultores y ganaderos no lo pueden fiar todo a la Ley de la Cadena por bien que funcione. Hay una responsabilidad de los propios profesionales a la hora de defender sus intereses y ello pasa fundamentalmente por una mayor organización desde la compra de los medios de producción hasta para la comercialización del fruto obtenido.

En unos casos el problema es la falta de cooperativas o de Entidades Agrarias de Transformación. Pero en otros el problema es que, aunque existan en número muy elevado, a la postre no funciona una política de mayor concentración de la oferta para jugar en unos mercados dominados por pocos grandes grupos. La ofensiva oficial para promover Entidades Asociativas Prioritarias del campo sigue siendo una carencia y un reto frente al dominio de cientos de pequeñas y medianas cooperativas.

El sector agrario, además de una ley que le defienda, necesita jugar en los mercados con estructuras para ganar y no simplemente estar.