La escenificación del acuerdo entre Pedro Sánchez y Yolanda Diaz para repetir el Gobierno de coalición era una de las asignaturas que el candidato a la Moncloa tenía que aprobar. Como todos necesitan hacerse valer, Sumar había adelantado unas exigencias sine qua non que han resultado muy fáciles de asumir para el PSOE.
La reducción de la jornada laboral, el mantenimiento de los impuestos a la banca y las empresas energéticas son pecata minuta frente al trágala de Puigdemont que, para más inri, sube sus exigencias cada semana.
Esa negociación, que va a ser la madre de todas las batallas, se está demorando en el tiempo, y Sánchez necesita fijar cuanto antes una fecha de investidura y comenzar la campaña de explicación pública de en qué consiste la vetada palabra amnistía, cuál es su alcance, a quien va a beneficiar y, sobre todo, su encaje constitucional.
No había terminado el glamuroso acto en el museo Reina Sofía y los abrazos mutuos entre Sánchez y Diaz, cuando Puigdemont, desde Waterloo, proclamó que además de la amnistía exige el reconocimiento de "la nación catalana".
Y sobre este tema sí hay jurisprudencia. En 2010 el Tribunal Constitucional dictaminó: "la Constitución no conoce otra nación que la española". Se refería al preámbulo de la reforma del Estatuto impulsada por Zapatero.
Falta un mes para la fatídica fecha del 27 de noviembre en la que habrán de convocarse nuevas elecciones, si Sánchez no logra la investidura. El sector optimista del Ejecutivo en funciones, representado en este caso y en otros por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, confía en que el acuerdo con los independentistas "se pueda conseguir en los próximos días" y defiende que el motivo de la amnistía no es otro que la convicción de su líder de que "su tarea es propiciar el reencuentro". Del precio a pagar no es el momento de hacer comentarios.
No parece compartir este criterio el presidente de Castilla la Mancha, Emiliano Garcia Page quien ha dejado muy claro que no acepta la exigencia de la "nación": "Sé lo que pide y sé que es intolerable". Page defiende con ardor, y es de las pocas voces que se alzan en el PSOE, que no quiere que España depende del mando a distancia de Waterloo.
Por tanto, desde el fracaso de la investidura de Feijoo, el único avance que se ha logrado en la búsqueda de apoyos para la investidura de Sánchez es el sí de Bildu, el sí de Sumar (falta por ver si los diputados de Podemos, que dijeron desconocer los términos del acuerdo lo aprueban también).
Lo dicho, ya pueden darse prisa porque el tiempo apremia.