Los expertos dicen que cuando hay que abordar el problema de los incendios es en invierno, porque bastante tenemos en verano con apagarlos. Y cuando todo se quema, lo peor es opinar en caliente. Y cuando lo que queda son cenizas y dolor, lo más indigno es politizar partidariamente las desgracias, apropiación en beneficio propio del mal ajeno.
El debate que ha suscitado Mañueco, dando a entender que el problema empieza a exceder a las Comunidades, resulta pertinente. Hay ciertas competencias territoriales que tendrían todas las papeletas para ser nacionalizadas en un país menos visceral que el nuestro. Y claramente esta es una de ellas. 
El permanente recurso a la UME, a las comunidades aledañas y a toda administración que tenga un bombero cerca cuando aprieta el zapato (como en estos ignominiosos días que vivimos) es la prueba del nueve de que las competencias territoriales casan mal con la geografía física de unos siniestros cada vez más frecuentes y virulentos.
Devolver al estado estas tareas no sólo arrojaría virtuosas consecuencias fruto de las economías de escala, sino que optimizaría los efectivos para una guerra que promete ofrecer batallas duras y costosas de financiar.
En algunas regiones (la nuestra es una de ellas) estamos penalizados por el número de incendios; sabido es que hay provincias que siempre se queman y otras (Soria es el gran ejemplo) nunca padecen este problema. Y aquellas regiones que sufren menos, tienen (digámoslo así) una «ventaja competitiva» que a los demás nos toca padecer. Pues que apoquine todo el mundo y que lo que cuesta extinguir los miles de incendios al año se financie con el mando único de la caja común. Un fuego, en fin, depurativo: quemar estas competencias tan onerosas y poco útiles. Pues hala, tema para el rincón de pensar.