Está en el alero una convocatoria de huelga a la que estarían llamados jueces y magistrados, que son los principales agentes de la Administración de Justicia en cualquier país. Como es sabido, integran todos ellos en conjunto un poder del Estado absolutamente decisivo para el funcionamiento de la sociedad, incluso para la convivencia, en la medida en que su principal función es precisamente la de resolver, conforme a la ley y con imparcialidad, los conflictos de todo tipo que pueden surgir entre los ciudadanos, o entre éstos y los poderes públicos.

Nadie pondrá en duda que los jueces y magistrados tienen reivindicaciones legítimas, como las tiene cualquier otro colectivo, sea laboral o funcionarial, sea retributivas, de condiciones de trabajo, de mejor financiación del servicio, de medios suficientes, de instalaciones más dignas en muchos casos, etc. Y que tienen derecho a ponerlas de manifiesto y a exigirlas, reclamando a las instituciones competentes en cada caso. Hasta ahí es perfectamente normal, y totalmente legítima su demanda.

Asunto distinto es el de los procedimientos y actuaciones que puedan poner en marcha para conseguir las reivindicaciones, haciendo valer su indudable impacto social. Y, más concretamente, si la declaración de huelga es procedente y oportuna, e incluso si es legítima, en un colectivo que, más allá de su carácter funcionarial, representa un poder del Estado, con el mismo rango que el Gobierno o el Parlamento. Eso es lo que caracteriza su posición institucional, por encima de todo lo demás. Los jueces y magistrados son funcionarios que prestan un servicio público; pero son mucho más, y se hace difícil admitir que puedan declararse en huelga, por muy justas que puedan ser sus reivindicaciones.

La huelga de otros colectivos de la Administración de Justicia, prolongada, con evidente perjuicio social y económico, y con éxito en las demandas planteadas, ha podido servir de estímulo para este nuevo trance; como debiera servir de reflexión para quien tiene que escuchar, estudiar y, llegado el caso, atender las demandas de jueces y magistrados. Pero no debería servir de argumento, ni como motivo estratégico de emulación, teniendo en cuenta la dimensión institucional en juego. Ojalá, pues, que la huelga pueda evitarse y, en todo caso, que no llegue a producirse.