Castilla y León contará en los próximos meses con una nueva Ley de Apoyo al Proyecto de Vida de las Personas con Discapacidad, que servirá para garantizar las prestaciones y derechos de 175.000 personas desde la atención temprana hasta el final de sus vidas. En Castilla y León hay 99.000 personas con discapacidad física; 30.000, tienen discapacidad mental; 20.000, aproximadamente, tienen discapacidad intelectual; 12.400, discapacidad visual; y 12.500 discapacidad auditiva. «A través de este proyecto de vida, van a tener los apoyos necesarios en cada uno de los momentos que ellos van necesitando», reseñó la consejera de Familia, Isabel Blanco, durante la presentación del proyecto de ley. Un documento que calificó de «pionero y trabajado con el tercero sector», y precisó que pretende blindar con garantías la atención de las personas con discapacidad y sus familias. Una de las mayores preocupaciones de las familias con hijos con discapacidad es saber qué pasará con ellos cuando ellos no estén, por ello, la ley garantiza que cuando no tengan padres o hermanos podrá estar en el mismo centro de discapacidad donde resida. 

La ley avanza también en el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Su eje principal es el proyecto de vida, es decir, que se pasa de un modelo centrado en actuaciones sociosanitarios a que las personas con discapacidad y sus familias decidan qué apoyos necesitan a lo largo de su vida. El texto normativo recoge un nuevo enfoque en la atención a este colectivo centrado en sus objetivos, metas y preferencias vitales y no sólo en las intervenciones profesionales. Un método en el que el aspecto personal toma casi todo el protagonismo, informa Ical.

El espíritu de la futura ley trata de alcanzar un doble objetivo: en primer lugar, apoyar y adaptar sobre todo las transiciones a lo largo de la vida de las personas con discapacidad a través de todos los pilares que componen el sistema de Servicios Sociales de la Comunidad: sanidad, educación, asistencia social, acceso a una vivienda y al mercado laboral. Todo ello contando con la estrecha colaboración de las familias y del Tercer Sector de Acción Social, ya que se hará frente a sus necesidades cambiantes en todas las etapas de su ciclo vital, haciendo hincapié en las personas dependientes.

La consejera aseguró que la normativa garantiza los servicios transitorios, es decir, el que se presta en la transición de unas edades a otras. En este sentido, recordó que la atención temprana, es un servicio universal, que llega a 3.561 menores y con la ley se garantizará el tránsito al modelo educativo y posteriormente a la vida profesional. El segundo objetivo de la ley es, a través del desarrollo de la normativa estatal, garantizar el ejercicio pleno de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, especialmente orientado a las situaciones de vulnerabilidad.

La aptitud de la futura norma se centra también en la coordinación y colaboración con el resto de las administraciones y con el ámbito privado, fundamentalmente el Tercer Sector. «Es un texto demandado, consensuando y pionero que facilita la vida de las 175.000 personas con discapacidad».