Hay tradiciones que, pase el tiempo que pase, o gobierne quien gobierne, nunca se pierden. Con Pilar Llop al frente del Ministerio de Justicia, desde julio de 2021 ha bajado el ritmo de concesión de indultos por parte del Ejecutivo, pero la Historia pesa y, con motivo de la Semana Santa, seis reos serán absueltos este año a propuesta de diversas cofradías.
Los dos últimos fueron llevados ayer al Consejo de Ministros, uno a petición de una hermandad de Zaragoza y el otro, por una de Oviedo. Anteriormente, el Gabinete aprobó otras cuatro medidas de gracia, cuyos reales decretos ya fueron publicados en el BOE: tres hombres y una mujer con penas de uno a tres años de cárcel por delito contra la propiedad industrial, robo o tráfico de estupefacientes.
Estos seis indultados siguen una arraigada práctica que se remonta al siglo XVIII. La peste hacía estragos en Málaga y en 1759 se acordó la suspensión de las procesiones, pero los reclusos de la prisión se amotinaron, escaparon y llevaron al Cristo a hombros por las calles. Al concluir, volvieron a sus celdas, y días después la epidemia remitió. Un impresionado Carlos III dictó entonces una pragmática real concediendo el privilegio de liberar un preso en la ciudad.
La norma que establece las «reglas para el ejercicio de la gracia de indulto» data de 1870 y, aunque en los últimos años diversos grupos parlamentarios han planteado su eventual reforma, el consenso ha sido imposible.
El PSOE llegó a impulsar una proposición de ley para excluir a los condenados por corrupción o violencia de género de la posibilidad de un indulto, pero el PP pidió dejar fuera también los delitos de rebelión y sedición, por los que estaban procesados entonces los principales líderes independentistas catalanes, y la iniciativa no llegó a ver la luz.
La decimonónica norma otorga al Gobierno la posibilidad de absolver total o parcialmente a un reo por razones de «justicia, equidad o utilidad pública».
El ritmo de concesión de esta medida de gracia ha descendido con Pilar Llop al frente del Ministerio de Justicia, encargado de analizar los informes del tribunal sentenciador, la Fiscalía y la víctima, en caso de que la haya.
El año pasado firmó solo 16 indultos y en el segundo semestre de 2021, cinco, frente a los 41 que había avalado su antecesor, Juan Carlos Campo, en el primer semestre de aquel ejercicio o los 28 que aprobó en 2020.
Los más polémicos
Campo, ahora magistrado del Tribunal Constitucional, fue el encargado de firmar los controvertidos indultos parciales a los líderes del procés, poco antes de dejar su cargo en el Gobierno.
Han sido las medidas de gracia más polémicas, pero otras decisiones también han abierto agrios debates en el conjunto de la sociedad y, en algún caso, incluso han sido revocadas por el Supremo.
El Alto Tribunal anuló en 2012 el indulto que el Ejecutivo había otorgado a un conductor condenado a 13 años de prisión por matar a un joven en Valencia al conducir en sentido contrario en la AP-7 y también parcialmente el que se había otorgado al consejero delegado del Banco Santander Alfredo Sáenz, al que la Justicia había penado con tres meses de arresto e inhabilitación por acusación falsa cuando presidía Banesto.
Y sobre la mesa del Supremo están todavía sin resolver los recursos que, entre otros, han presentado el PP y Vox contra los indultos a los condenados del procés.