La campaña de las elecciones generales ha tenido (y tiene) a un convidado inesperado: Correos. La convocatoria electoral el 23 de julio, en pleno éxodo de vacaciones, ha disparado las solicitudes de voto por correo hasta el punto de convertir el ente público en protagonista de una controversia un tanto artificial. La avalancha de peticiones es un hecho incontestable, pero también lo es la capacidad de Correos para afrontar el inopinado desafío. Este lunes ya informó que había puesto a disposición de los ciudadanos más del 98% de los votos por correo, aunque todavía quedan varios miles de documentaciones por entregar. Cierto es que los kits que contienen todo lo necesario para ejercer este derecho no están llegando a todos, pero la razón es porque sus destinatarios no se encuentran en sus respectivos domicilios.

Nada que objetar tampoco en cuanto al esfuerzo desplegado por los empleados públicos, que no escatiman horas extras ni han montado en cólera por el retraso de sus vacaciones. A pesar de todo ello y del carácter de excepcionalidad, todo apunta en vísperas de la cita electoral a la dificultad de que el 100% del voto solicitado se convierta finalmente en voto real.

Dos tentativas de entrega por parte los carteros no parecen suficientes y, por tanto, los papeles no depositados en manos de electores solicitantes vuelven a las oficinas, donde sólo cabe acudir en persona a las dependencias postales para poder ejercer el derecho a voto.

Castilla y León alcanza la cifra de 178.846 solicitudes de voto por correo, más del doble de solicitudes que en las municipales del pasado 28 de mayo, lo que la convierte en la quinta comunidad autónoma que mayor número de peticiones registra. A escala nacional, las solicitudes han sido un total de 2.622.808.

Sin duda, la celebración de los comicios en época estival y las altas temperaturas son circunstancias que van a confluir también el próximo domingo en los colegios electorales. Sin embargo, no conviene sacar las cosas de tiesto y lanzar infundadas críticas hacia unos servicios públicos que, salvo error u omisión, sí están a la altura de las circunstancias. No echemos siempre la culpa "al maestro armero" como ocurre en milicias.