El consejero de Sanidad en funciones, Carlos Fernández Carriedo, exigió hoy al Gobierno de España un nuevo sistema de financiación autonómica, que asegure el coste real de la prestación de los servicios públicos en la Comunidad, en especial la sanidad, condicionada por el envejecimiento y sobreenvejecimiento de la población, la dispersión y la gran extensión territorial. "Unas variables cuyo peso debe incrementarse en el nuevo sistema de financiación autonómica, pues lo contrario nos aboca a tener una infrafinanciación por parte del Estado para la prestación de los servicios esenciales".
Así lo indicó durante su comparecencia ante la Comisión de Economía y Hacienda de la Cortes para presentar las cuentas de este departamento para 2024, en sustitución de Alejandro Vázquez, quien se encuentra de baja, y a quien le deseó una rápida recuperación.
Pese a este esfuerzo para financiar los servicios, Carriedo presumió de que Castilla y León contará este año con 4.879 millones de euros para Sanidad, con un incremento del 2,7 por ciento respecto al de 2023, cuantía que "permitirá aumentar los créditos presupuestarios prácticamente de todos sus capítulos de gasto, con la finalidad de avanzar en la consolidación de un modelo sanitario público, universal y gratuito".
De este modo, precisó que la Junta destinará el siete por ciento del PIB autonómico a la sanidad, con un "máximo histórico" del presupuesto, que permitirá una inversión de 2.110 euros por habitante, lo que permitirá a Castilla y León continuar en el "grupo de cabeza" de las Comunidades Autónomas.
Además, resaltó el aumento de estas cuentas a lo largo de los años, al haber pasado de 3.588 millones en el año 2020, a los más de 4.879 de este ejercicio, lo que supone un repunte de más de 1.291 millones, un 36 por ciento más en cuatro.
Carriedo añadió que más del 41 por ciento de los créditos disponibles para todas las consejerías se concentran en Sanidad, y a lo que se une que la Atención Primaria absorberá más de un 20 por ciento del presupuesto de la Gerencia Regional de Salud, es decir, casi 800 millones, sin computar el gasto de receta farmacéutica.
"Ello nos permite continuar cumpliendo con otro de los compromisos de legislatura, que es reforzar este pilar fundamental del sistema sanitario. Y mantenernos como la tercera Comunidad en gasto sanitario en Atención Primaria, 1,4 puntos por encima de la media nacional, según la última Estadística de Gasto Sanitario Público del Ministerio de Sanidad", precisó el consejero de Sanidad en funciones.
También, dijo que se consolida a la Comunidad como la segunda que más recursos destina a salud pública, con un 2,5 por ciento, que es "más del doble de la media nacional situada en 1,1 por ciento".
Envejecimiento y dispersión
Carriedo recordó que el actual sistema de financiación autonómica no considera adecuadamente el impacto del envejecimiento sobre el gasto sanitario. La ponderación de la población mayor de 65 años en el cálculo de esa población ajustada es del 8,5 por ciento, y no se contempla el sobreenvejecimiento que, "claramente, entraña un efecto diferencial importante de consumo de recursos sanitarios".
El segundo lugar, se refirió a la dispersión geográfica, que obliga a una mayor inversión y donde el sistema de financiación no lo contempla de modo diferenciado, sino que lo hace dentro del cálculo de población ajustada, ponderando un 0,6 por ciento. "Nuestro compromiso para abordar esta situación hace que tengamos el 8,1 por ciento de los centros de salud de las Comunidades de régimen común, el 9,1 por ciento de las Zonas Básicas de Salud, el 8,9 por ciento de los médicos de Atención Primaria y el 7,8 por ciento de los profesionales de enfermería. Todo ello para atender al 5 por ciento de la población", mantuvo Carriedo.
En tercer lugar se refirió a la extensión, la orografía o la climatología, que también condicionan la prestación. "Aunque queda patente la diferencia en extensión con otras comunidades con población similar, la ponderación de la variable superficie en el cálculo de población ajustada es de solo un 1,8 por ciento". Por tanto, las características demográficas y geográficas de Castilla y León nos exigen destinar muchos más recursos para la prestación de los servicios sanitarios que los que correspondería en otras circunstancias atendiendo a nuestra población".
Por estos motivos, insistió en que la Junta va "a seguir reclamando al Gobierno de España un nuevo modelo de financiación autonómica que garantice la igualdad y que asegure el principio básico de suficiencia financiera para garantizar una sanidad pública, universal y gratuita a todos y cada uno de los castellanos y los leoneses".