Hablar de financiación autonómica es hacerlo de cómo desde el Estado se distribuyen los ingresos procedentes de impuestos para que las comunidades garanticen los servicios del estado del bienestar: educación, sanidad y servicios sociales, principalmente. El actual sistema se aprobó en 2009 para un quinquenio, hasta 2013. Pero sigue operativo en 2023, una década después de que caducara. Las diferencias estructurales dentro de España que hacen que consensuar un nuevo modelo resulte complicado, casi utópico. Al futuro Gobierno se le presenta una ardua tarea, sobre todo tras los el 23-J.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, admitió semanas atrás como un déficit del Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos no haber logrado aprobar un nuevo sistema de financiación autonómico. Comenzó el Ejecutivo a elaborarlo e incluso a finales de 2021 se presentó ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera (integrado por la ministra del ramo y los consejeros territoriales) un primer borrador. El texto no convencía a nadie, pero hubiera sido un buen punto de arranque para la negociación. Sin embargo, el estallido de la Guerra en Ucrania hizo que se pospusiera de nuevo, como anteriormente había hecho la pandemia de la COVID-19. De forma que la legislatura se cerró sin abordar de manera decidida el asunto.

Ahora ha regresado a la primera plana mediática y política por las exigencias no disimuladas de ERC y Junts de abordar la financiación autonómica como punto clave para apoyar la investidura del candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez. Las fuerzas independentistas ponen sobre la mesa, incluso, la condonación de la multimillonaria deuda (71.852 millones de euros) catalana, la más alta de todo el país. Una petición que ha puesto de manifiesto la disparidad de criterios a este respecto que hay en los grandes partidos.

Los bloques en este asunto se deben a territorios y no a partidos. Para muestra, un ejemplo dentro del PP: el gobierno de Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid habló de «aberración» para referirse a la posibilidad de una quita de la deuda a la par que el de Mazón en la Comunidad Valenciana, sin llegar al extremo de apoyar la anulación de la deuda, sí apuntaba la necesidad de una «compensación» por la «infrafinanciación» que, entiende, sufre su territorio.

En la guerra de la financiación se puede diferenciar entre tres grandes bloques, con intereses contrapuestos. El primero lo integran las comunidades con mayor despoblación y envejecimiento: Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja y Extremadura. También Canarias por su condición de archipiélago. Salvo el territorio castellano manchego (2,8 euros por habitante al año) encabezan el ranking de fondos recibidos (hasta 3,8), pero piden una mayor ponderación según sus circunstancias, que elevan los costes de la prestación de servicios públicos.

En el lado opuesto se encuentran Madrid, Cataluña (pese al enfrentamiento actual por motivos más políticos que de intereses económicos) y las Islas Baleares. Son regiones ricas, sin problemas poblacionales y que aportan más de lo que reciben: menos de 2,4 euros anuales por habitante en el caso de los baleares. Solicitan priorizar el dato poblacional y aumentar la cesión del IRPF a las autonomías.

En un tercer bando, por último, se hallan Murcia, la Comunidad Valenciana y Andalucía. Aportan pero también reciben menos que las ricas (entre 2,5 y 2,8 euros por habitante y año) y piden que la ponderación se haga según la población ajustada. Es decir, no en base a datos totales sino a criterios que establecen sus necesidades como la edad, su dispersión...

Para agravar esta complicada situación, Navarra y el País Vasco, dos de los territorios que podrían considerarse ricos, cuentan con un concierto económico propio. Una realidad vista con recelo por las comunidades: Cataluña lo quiere para sí mientras que las regiones de la despoblación apuntan a que su estatus independiente resta fondos para la aplicación de sus políticas. Posiciones enfrentadas que hacen inviable alcanzar un consenso global.  Todos los territorios, en cualquier caso, se consideran «infrafinanciados».

La quita, una mala idea

En la mesa han estado en las últimas semanas la posibilidad de una negociación por territorios de los criterios y la famosa 'quita' de la deuda. Malas ideas ambas para Ángel de la Fuente, director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). 

En una entrevista, el doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Pensilvania apuntó que es preciso un acuerdo «sensato», pero al tiempo dudó de que estoy fuera posible. Por un lado, una negociación no global tendría «un coste político muy alto». Por otro, condonar las deudas «no saldría gratis» y solo haría que estas cambiasen «de manos, porque el estado se quedaría con ellas y generaría un problema de incentivos» que confirmaría la «creencia» de que «siempre» se termina rescatando a las regiones incumplidoras.

No es optimista De la Fuente, uno de los mayores expertos en financiación autonómica: «es más fácil que se llegue a un acuerdo para condonar la deuda» que sobre el consenso del sistema.

10 claves para entender la Financiación

1. Sin actualización

El Estado financia los servicios públicos traspasados a las comunidades autónomas (sanidad, servicios sociales y educación, principalmente) desde los años 80, pero es en 2009 cuando la Administración Central y los gobiernos autonómicos acordaron una ley que se refrendó en el Parlamento para modernizar el sistema.

Afecta a las CCAA de régimen común (todas excepto el País Vasco y Navarra, que cuentan con sus propios sistemas de financiación) y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y su objetivo es mejorar el Estado de bienestar de todas las comunidades garantizando «la equidad y la suficiencia».

La idea era actualizar el modelo cada cinco años, pero no se ha cumplido y el aprobado en 2009 lleva ya una década funcionando pese a estar caducado.

2. Cómo, cuándo y cuánto

Los gobiernos calculan la transferencia de recursos haciendo una previsión de los ingresos que se van a recaudar por los impuestos cedidos a las comunidades autónomas, algunos de ellos cedidos totalmente como el IBI, y otros estatales de los que se entrega una parte, como el IVA o del IRPF.

Son las denominadas entregas a cuenta que el Gobierno anualmente contempla en los Presupuestos Generales del Estado y que cada año actualiza según hayan cambiado las variables que determinan la financiación.

Las comunidades reciben mensualmente las entregas a cuenta y a los dos años, conocidos ya los datos reales de recaudación, se ve si se han calculado al alza o a la baja.

Es cuando se hace la liquidación, que normalmente sale a favor de las autonomías y es cuando hay que hacer un nuevo pago.

3. Cifras globales

Las primeras entregas a cuenta que se calcularon con el modelo de 2009 se introdujeron en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2010 y ascendieron a 75.732 millones. Las cifras fueron aumentando progresivamente y las últimas, correspondientes a las cuentas de 2022, se elevaron por encima de los 111.000 millones.

En cuanto a la deuda global de las comunidades con el Estado, según los datos del Banco de España, se eleva hasta los 187.029 millones de euros, representando Cataluña y la Comunidad Valenciana casi dos terceras partes de la misma: 71.852 millones la primera y 46.274 la segunda. Con Andalucía, tercera en el ranking de morosidad, se alcanza más del 75 por ciento de dicha deuda.

4. Variables en juego

Los criterios de reparto para calcular la financiación que corresponde a cada comunidad se hacen por población ajustada, ponderando la población según franjas de edad, la superficie, la dispersión e insularidad de cada territorio.

Así, por ejemplo, el dato de población tiene una ponderación del 30 por ciento, mientras que la dispersión de la misma solo se valora en un 0,6 por ciento, como la insularidad. La superficie está ponderada al 1,8 por ciento, y se dan importantes porcentajes a variables relacionadas con la edad y la vulnerabilidad de los habitantes: mientras que se pondera con un 8,5 por ciento la población mayor de 65 años, a los menores de entre 0 y 16 años se les valora con un 20,5. La población protegida equivalente, distribuida en siete grupos de edad, define un 38 por ciento de los criterios de este reparto.

5. Reparto

Para asegurar la financiación de todas las competencias autonómicas y la equidad entre comunidades existen varios fondos: el Fondo de Suficiencia Global, el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales y los Fondos de Convergencia, que buscan evitar desequilibrios del sistema.

El Fondo de Garantía asegura que todas las comunidades van a recibir los mismos recursos por habitante en términos de población ajustada y los Fondos de Convergencia intentan minimizar las distorsiones entre autonomías. Tiene en cuenta, por ejemplo, el nivel de vida de cada región.

Los principios de autonomía y de corresponsabilidad se refuerzan mediante el aumento de los porcentajes de cesión de los tributos parcialmente cedidos a las comunidades autónomas y mediante el incremento de las competencias para tener una mayor capacidad de decidir sobre el volumen de ingresos de que disponen.

6. Peticiones de las CCAA

Son muchas las comunidades que exigen una reforma del modelo al sentirse infrafinanciadas con el actual sistema. Son varias las que alertan de que han sido agraviadas y que exigen ser compensadas teniendo en cuenta su población real, pero varios gobiernos autonómicos reclaman, por otro lado, que se tengan en cuenta también otros factores, como el envejecimiento o la dispersión de la población, factores ambos que perjudican notablemente, por ejemplo, a Castilla La Mancha y Castilla y León. Es frecuente que en las negociaciones sobre el modelo de financiación las comunidades se alineen no en función del color de sus gobiernos sino de sus características comunes (las más despobladas, por ejemplo).

7. ¿Qué es el FLA?

El FLA, o Fondo de Liquidez Autonómica, es una línea de crédito que tiene como objetivo que el Estado preste dinero a las comunidades autónomas y que, así, no tengan que recurrir a los mercados para financiar su deuda.

Este Fondo se utiliza para financiar vencimientos de deuda o pago de facturas a proveedores que tengan las autonomías.

8. ¿Por qué se creó este Fondo de Liquidez?

El Fondo de Liquidez Autonómica se creó en 2012, durante la crisis económica. A lo largo de ese año, nueve autonomías tuvieron que pedir ayuda financiera al Gobierno que presidía Mariano Rajoy y, ante esa situación de asfixia económica que atravesaban las comunidades autónomas, el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, creó el fondo de financiación, dotado en ese primer momento con 18.000 millones de euros.

9. Comunidades incorporadas

Cataluña fue la primera comunidad en pedir su adhesión al FLA y le siguieron Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia.

A día de hoy, además de estas comunidades, también se encuentran incluidas en el Fondo de Liquidez Autonómica Aragón, Castilla y León, Extremadura, Galicia y La Rioja.

10. Deuda de cada región

Actualmente, Cataluña es la comunidad que más dinero debe, en concreto tiene una deuda de 71.852 millones de euros. Le siguen la Comunidad Valenciana (46.274 millones), Andalucía (25.276), Castilla-La Mancha (11.069), Murcia (9.762), Aragón (4.940), Baleares (4.828), Cantabria (3.100), Galicia (2.759), Extremadura (2.288), Castilla y León (1.966), Canarias (1.296), Asturias (858) y La Rioja (758).

País Vasco, Navarra (con conciertos fiscales propios) y la Comunidad de Madrid no tienen deuda con el Estado.