El grupo Adolescencia Libre de Móviles (ALM) surgió en noviembre de 2023 en Soria «como respuesta al interés generalizado en distintos grupos de padres y madres con hijos escolarizados en diferentes centros» y siguiendo el ejemplo de asociaciones en Cataluña, Navarra, Valencia... que están consiguiendo medidas para proteger a los menores «del uso no conscientes de los smartphones». En primer lugar se organizan a través de WhatsApp y Telegram para ofrecer información, pero su principal objetivo es proponer un pacto entre las familias para retrasar la entrega del dispositivo y, en caso de que ya lo tengan, trabajar en un buen uso de aplicaciones y redes sociales, así como poner de manifiesto que se trata de «un problema de salud pública por la exposición a pantallas a edad temprana» y exigir a las autoridades que protejan a la infancia frente a los riesgos de internet. En resumen y, según los coordinadores del grupo, que este jueves celebró una reunión para organizarse formalmente tras su presentación a la sociedad, es «generar conciencia crítica en las familias y los centros educativos y movilizar a las instituciones para que se regule el uso de dispositivos móviles personales y pantallas en el ámbito escolar». El movimiento, insisten, «no es anti-móvil, ni está en contra de la educación digital, ni pide la prohibición total y absoluta antes de los 16 años».
De esta manera, invitan a las familias a sumarse al grupo local, que se accede con el código QR facilitado o a la web nacional del movimiento, «podemos conseguir reducir la presión social y aumentar la concienciación sobre el tema», insisten. Para lograr una mayor implicación, abogan por «información y concienciación», por propiciar un cambio de paradigma para que entregar un móvil a un menor sea «normal» y «socialmente instalado» al pasar de Primaria a Secundaria, para la Comunión o como regalo de Navidad. Así, insisten en el mensaje de que «el móvil no es un juguete» y que conlleva problemas como ciberacoso, grooming, adicción a los juegos de azar, problemas de salud mental..., además de efectos en la reducción del cociente intelectual y de la comprensión lectora.
«¿Para qué necesita un niño de 12 años o menos un móvil con internet?», se preguntan, porque creen que así no se les controla y protege más, sino que se abre el control a otras personas. Igualmente, hacen referencia a «todo lo que se están perdiendo por estar delante de una pantalla (relacionarse de forma sana, leer, crear, contacto con la naturaleza...)», aunque no estén accediendo a contenidos inapropiados. «Hasta hemos perdido los modales y la buena educación porque no se mira a la cara y se usan dispositivos en la mesa», advierten con preocupación.
«Lo atractivo de los móviles a estas edades son las redes sociales, que son ilegales para mejores de cierta edad: 13 años para WhatsApp y, con supervisión parental hasta los 16 años, Instagram o TikTok. «Crear un perfil falso a tu hijo para acceder a las redes es como darle un carnet falso de identidad para acceder a discotecas y te expone, como tutor, a responsabilidades penales si hacen un mal uso», recuerdan desde ALM. La decisión de una familia de dar un móvil a un niño debe ser en función de la información y formación, por eso van a incidir en ello, incluidos los niños.
salud pública. Saben que en los colegios e institutos de Soria se imparten charlas y hay actividades para padres, «pero no se llega a todas las familias porque acuden los que ya están concienciados previamente», de ahí la importancia del pacto para retrasar la entrega del móvil y lograr una mayor implicación, ya que «no se puede dar una solución individual a un problema de salud pública». Es un asunto, indican, que implica a familias, centros educativos y administraciones públicas, «un problema transversal que afecta a toda la sociedad». El pasado 13 de febrero asistieron como invitados a la presentación de la Propuesta del Pacto de Estado en defensa de los derechos de los menores en el ámbito digital. «Se está trabajando mucho en la regulación y en la responsabilidad porque, a día de hoy, los riesgos se están convirtiendo en daños y hay un fracaso en la protección de menores».