La tramitación de las licencias ambientales para la apertura o cambios en las granjas de cerdo de la Comunidad se reactivan tras meses de paralización. La Consejería de Medio Ambiente confirmó que ya se ha comunicado a los servicios competentes en esta materia en cada una de las provincias que pueden continuar con dichos procesos después de la actualización de las condiciones ambientales que deben cumplir. El sector había denunciado el atasco de «más de 200» proyectos y el daño que esto suponía para un sector que «quiere crecer».
«Esto hace que muchas empresas se estén pensando su desarrollo en Castilla y León y eso que la comunidad reúne unas condiciones muy óptimas para ello», aseguró a este periódico el presidente de la Federación de Asociaciones de Productores de Ganado Porcino de Castilla y León (Feporcyl), Miguel Ángel Ortiz. «Hay tanta controversia social con nuestro sector que ante la duda se paralizan los expedientes», añade Ortiz, que afirma que hay proyectos «atascados» desde 2019.
Desde la Consejería de Medio Ambiente reconocen dicha paralización de los expedientes de autorización ambiental, modificación sustancial y revisiones de oficio de las autorizaciones ambientales desde el pasado 23 de noviembre de 2022. La decisión se adoptó «dado que en Castilla y León ha habido un desarrollo muy amplio de las actividades ganaderas y que esto implica que se deben establecer unas pautas comunes para la tramitación de estos expedientes especialmente en áreas en las que hay una densidad ganadera importante y las áreas en las que la contaminación por nitratos es elevada», explica el jefe del Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático, Jaime Fernández Orcajo.
Además, asegura que «diferentes personas en diferentes provincias realizaban una interpretación diferente de esta normativa» y era necesario tener en cuenta que «tecnologías para el tratamiento de los estiércoles, que antes de la invasión rusa de Ucrania no eran viables y en la actualidad si lo son, deben ser contempladas en las autorizaciones ambientales de las instalaciones que se ubiquen en áreas de alta densidad o de contaminación elevada».
Nueva instrucción
De esta forma, se publicó el pasado 1 de marzo una instrucción relativa a las condiciones ambientales mínimas que han de cumplir las actividades ganaderas afectadas por el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre. Un documento, que una vez aprobado, se ha trasladado a los servicios territoriales –órgano competente en la tramitación de estos procedimientos de autorización– para que puedan continuar con la tramitación administrativa de los expedientes autorización ambiental, revisión de oficio, modificación sustancial y modificación no sustancial de actividades ganaderas. Fernández Orcajo apuntó que la nueva normativa es de «aplicación obligatoria en los expedientes citados».
El jefe del Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático incidió en que «la paralización ha sido de tres meses aproximadamente y que ha sido el tiempo necesario para el desarrollo de la instrucción con las necesarias negociaciones que se han tenido con la Consejería competente en materia de ganadería». Tras salir adelante la nueva normativa, desde Medio Ambiente creen que «teniendo en cuenta el estado de tramitación de algunos de los expedientes, en breve los promotores recibirán una respuesta».