El Gobierno de Castilla y León, a través de la Consejería deFamilia, mejorará en cinco millones de euros anuales los fondos que la Junta destina a las más de siete mil plazas de concierto en residencias y centros de día de la Comunidad. Un repunte de la financiación que se traducirá en un crecimiento del ocho por ciento de las cuantías que reciben estos centros y de nueve puntos en el caso de las plazas de viviendas. Algo que la propia consejera del ramo, Isabel Blanco, destacó que servirá a las entidades del tercer sector para hacer frente a la subida de la luz y el gas, mejorar la atención y la calidad de vida de los usuarios, y que se enmarcada en la implantación del modelo centrado en la persona, así como las condiciones laborales de sus trabajadores. En este punto, recordó que Castilla y León cuenta, en la actualidad, con 7.047 plazas concertadas entre residencias, centros de día y viviendas, y que verán mejora sus fondos anuales.
Anuncio que la consejera realizó en el marco de una reunión de trabajo con el Comité español de representantes de personas con discapacidad (Cermi) de Castilla y León, donde Blanco expuso que el incremento será efectivo a partir del 1 de julio y que el Gobierno autonómico cubrirá el primer semestre con un complemento compensatorio. Según recogió la Agencia Ical, precisó que la Comunidad es el territorio del país que más sube el precio de las plazas concertadas. «A pesar de tener unos presupuestos prorrogados, hay que hacer un esfuerzo económico para garantizar la sostenibilidad financiera de las entidades», destacó durante su intervención.
La titular de Familia recordó igualmente que la Junta ya incrementó en enero un seis por ciento de media la prestación vinculada y es previsible que sufra otra revisión a lo largo del año. Esta medida, unida a la subida de la financiación de las plazas de concierto, responde –según Isabel Blanco– a lograr la mejor profesionalización posible para contar con una adecuada atención para los usuarios de estas residencias y centros de día.
Proyecto de ley
El encuentro entre Familia y Cermi sirvió para que la consejera detallara a estos el estado de tramitación del proyecto de ley de apoyos al proyecto de vida de las personas con discapacidad en Castilla y León y de la ley reguladora del modelo de atención residencial para cuidados de larga duración en Castilla y León. Una normativa que se vino abajo el pasado 20 de diciembre cuando el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, finiquitó la legislatura y convocó elecciones. En este sentido, Blanco afirmó que ambas se han retomado en el punto en que se habían dejado y la idea es que los textos sean remitidos a las Cortes antes de fin de este año.
Por su parte, el presidente autonómico de Cermi, Juan Pérez, apostó por mejorar la profesionalización y capacitación de los órganos de gobierno de las entidades, con el objetivo de adecuarse a las exigencias del momento y la innovación. «Queremos orientar nuestra actividad a los resultados para conocer el impacto de nuestro trabajo», afirmó antes de apostar por profundizar en la transparencia, ya que la ley obliga a todas las organizaciones con «vínculos» con la administración a tener un código ético.