La comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, ha instado a España a prohibir las "expulsiones sumarias" y las devoluciones de migrantes en Ceuta y Melilla, y pide que la figura del 'rechazo en frontera', que recoge la Ley de Extranjería, se regule siguiendo los criterios del Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo: de forma individualizada, con control judicial, cumpliendo las obligaciones internacionales y con especial atención a las personas vulnerables.

Así lo pone de manifiesto en el informe publicado este miércoles 10 de mayo sobre su visita a España en noviembre de 2022, en el que insta a España a suspender cualquier cooperación migratoria con Marruecos que contribuya, directa o indirectamente, a la violación de derechos humanos.

"Ante la gravedad de los hechos ocurridos en la frontera de Melilla con Nador el 24 de junio de 2022 (en los que fallecieron 23 personas) y tragedias anteriores, la comisaria pide a las autoridades que examinen las circunstancias más amplias y políticas relacionadas con la cooperación migratoria de España con Marruecos, incluidos los protocolos activados con las autoridades marroquíes durante los intentos de cruzar la frontera", subraya en su escrito en el que reconoce que la situación geográfica de las ciudades autónomas las convierte en "una de las principales vías de acceso de los flujos migratotrios hacia Europa".

En este sentido, recalca que esta revisión debe dar lugar a la suspensión de actividades específicas de cooperación que, directa o indirectamente, contribuyan a violaciones de derechos humanos y también debe usarse para prevenir futuras tragedias y garantizar que cualquier política vigente no viola los derechos humanos.

Además, advierte de que es necesario revisar el actual enfoque de acceso al territorio y solicitud de asilo en Ceuta y Melilla. En este sentido, pide eliminar las devoluciones de las personas que acceden desde Marruecos a España a través de Ceuta y Melilla e imponer en su lugar un sistema que concilie el control fronterizo con los derechos humanos.

"Insostenible"

Concretamente, considera "insostenible" la excepción a la evaluación individual de los migrantes interceptados entrando en España a través de Cueta y Melilla porque no permite un acceso real y efectivo al asilo ni permite evaluar los riesgos a los que están expuestas las personas devueltas a Marruecos.

Así, sentencia que la figura del 'rechazo en frontera' "no brinda garantías claras" contra la devolución y las explusiones ni en el acceso a la solicitud de asilo, independientemente del modo en que los migrantes acceden al territorio español.

Por ello, insta al Gobierno español a proporcionar sin demora a las autoridades fronterizas una guía clara y de obligado cumplimiento sobre cómo actuar en cumplimiento de las normas internacionales sobre derechos humanos al interceptar migrantes en las fronteras de Ceuta y Melilla, incluido el acceso por mar.

"Dicho orientación debería incluir la prohibición explícita de expulsiones y devoluciones sumarias", subraya al tiempo que pide que, de acuerdo a la legislación nacional, se salvaguarden las garantías procesales de estas personas, incluido el derecho a ser identificado, a solicitar asilo, acceder a un intérprete, a un abogado, a asistencia médica y a revisión judicial.

A este respecto, pide a España que tenga debidamente en cuenta la jurisprudencia en este sentido, en particular la sentencia del Tribunal Constitucional español de 19 de noviembre de 2020. Aunque el TC consideró constitucional la figura del rechazo en frontera, estableció que en su aplicación se debe estar a entradas individualizadas, sometidas a control judicial y siempre en cumplimiento de obligaciones internacionales; y con especial consideración a personas especialmente vulnerables (menores de edad, embarazadas o personas de edad avanzada).

También pide que se tengan en cuenta las recomendaciones del Defensor del Pueblo en las que, sin demora, insta al Ejecutivo a regular reglamentariamente la figura del rechazo en frontera de acuerdo con la interpretación que hace el Tribunal Constitucional.

Trabaja con ACNUR y las ONG

A juicio de la comisaria si se establecieran canales legales y seguros para solicitar asilo, incluido el acceso real a la Oficina de Asilo en los puestos fronterizos en Ceuta y Melilla, se podrían reducir los intentos de los migrantes de saltar las vallas, así como las consecuencias nocivas que tienen estas acciones. Por ello, recomienda cooperar con ACNUR y las ONG que trabajan en la protección de refugiados y solicitantes de asilo para garantizar un enfoque compatible con los derechos humanos engestión de la migración.

Además, pide investigar y sancionar a los funcionarios que hagan un uso "excesivo" de la fuerza con los migrantes y reclama que no se utilicen armas no letales.

Mijatovic reitera, como ya hizo en su carta al ministro del Interior en 2022, la importancia de mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en las prácticas de control fronterizo y ha habilitar un sistema eficaz de reparación para quienes consideren que sus derechos han sido violentados.

Dificultades para acceder rápido al asilo 

Por otro lado, observa dificultades en el acceso rápido y efectivo a la protección internacional dentro de España y pide reforzar el sistema para garantizar acceso rápido con recursos materiales y humanos incluyendo un número adecuado de policías capacitados, abogados e intérpretes.

También recomienda mejorar la identificación y asistencia a personas vulnerables que requieren protección, como víctimas de violencia y trata y menores no acompañados, pero saluda el anteproyecto de Ley de lucha integral contra la trata y la explotación de seres humanos aprobado por el Gobierno el pasado mes de noviembre. Asimismo, valora los "esfuerzos para mejorar la protección y acogida de niños refugiados, solicitantes de asilo y migrantes y pide que se aseguren las necesidades especificas de los menores no acompañados.

La comisaria también ha observado "dificultades" en el acceso a la vivienda y la sanidad para algunos colectivos de migrantes e insta a las autoridades a mejorar las condiciones de acogida en todo el país, incluidas Ceuta; Melilla y Canarias.

En todo caso, en su informe admite que España se enfrenta "a menudo" a situaciones complejas en materia de inmigrantes y llegadas de solicitantes de asilo y reconoce los esfuerzos realizados por el país en este sentido, así como en relación con las operaciones de salvamento en el mar.

Así, subraya que la situación en las fronteras entre Marruecos y Españademuestra una vez más la "urgente necesidad "de mejorar las medidas de responsabilidad compartida y solidaridad entre los estados miembros del Consejo de Europa.