Los grupos parlamentarios del Partido Popular y Vox registraron hoy en las Cortes una proposición de ley para modificar el Servicio Público de Empleo de Castilla y León (Ecyl) para que ostente todas las competencias autonómicas en materia de empleo, como las del fomento del empleo autónomo y las fórmulas económicas y empresariales de economía social así como el apoyo de la contratación de personas con discapacidad, y la supresión de los cargos de gerente y vicepresidente del organismo, cuyas funciones serán por el secretario general de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo. El objetivo es crear un centro único directivo para "unificar" y "homogeneizar" competencias y trámites administrativos, con criterios únicos gracias a la simplificación administrativa en materia de empleo.

El texto de la proposición de ley recoge que la "disociación" de las competencias en entidades diferentes, como el Ecyl y la Consejería, genera "notables disfunciones" en cuanto a la coordinación entre las funciones que desarrollan, la gestión de los créditos y la negociación de los fondos finalistas procedentes del Estado. "La lógica apunta a que todas las competencias en materia de inserción laboral por cuenta ajena o mediante fórmulas de autoempleo, así como las competencias en materia de fomento de fórmulas económicas y empresariales de economía social se encuentren gestionadas bajo una misma administración, que será el Ecyl", precisa.

El portavoz del Grupo Parlamentario de Vox, Carlos Menéndez, aseguró que, con este cambio, el ciudadano gana "eficacia" en las políticas activas de empleo, por parte del Ecyl, con el objetivo que todos los incentivos de empleo y formación lleguen "razonablemente" a los demandantes y ajustar la oferta de empleo a la demanda, que es algo que actualmente no logra el Servicio Estatal de Empleo (Sepe).

Una modificación del Ecyl que, a su juicio, vendrá a corregir las "deficiencias" del organismo autónompo para ofrecer a Castilla y León el servicio público de empleo que se "merece". Por lo tanto, el cambio persigue un Ecyl capaz de atender los retos del mercado de trabajo en un contexto en que la reducción de desempleo en España está a cola de la Unión Europea, aunque hay mejores datos en la Comunidad.

Menéndez destacó, según recogió la Agencia Ical, la mayor agilidad de la toma de decisiones, al unificar el centro de organismos autónomo del Ecyl para conseguir una homogeneización de las líneas de actuación y la asignación de fondos del Estado pero también al evitar las duplicidades actuales. Por último, valoró la reducción de la burocracia administrativa, la rentabilidad y la eficiencia de los recursos públicos así como la reducción del "gasto político". No en vano, la administración autonómica se ahorrará, al menos, 72.000 euros -con la supresión del vicepresidente del Ecyl- y otros 65.000 euros -nómina del actual gerente-.

El portavoz popular, Raúl de la Hoz, apuntó que esta modificación del Ecyl busca lograr un mejor servicio a los ciudadanos y hacerlo en un ámbito "tan trascendente" para los castellanos y leoneses como es la creación de empleo, a través de las políticas activas de empleo. "Pese a tener una tasa de empleo mejor que a nivel nacional, buscamos que el Ecyl sea más eficaz y eficiente, para que, con menos recursos, ofrecer una mejor prestación", precisó. De ahí que destacara la idea de agrupar en un único centro directivo todas las políticas de empleo, que algunas estaban separadas como las que gestionaba la Consejería. En este sentido, reconoció que era una demanda de los propios agentes sociales y económicos. De la Hoz también valoró la planificación de una estructura "más ágil, dinámica y barata" al ahorrarse el coste de algunos cargos directivos.

Carlos Menéndez declaró que la proposición planteada por ambos grupos facilita la adaptación a la nueva Ley de Empleo, en concreto del fomento de iniciativas de emprendimiento y de economía social viables. "Es necesario modificar la organización del Ecyl y así establecer una nueva dimensión administrativa adecuada, racionalizando la prestación del servicio público y homogeneizando las competencias con los ejes de la estrategia española de apoyo activo al empleo", apuntó.

PP y Vox prevén que la Mesa de las Cortes de la próxima semana admita a trámite la proposición de ley para que, posteriormente, sea informada por la Junta y tenida en consideración por el Pleno del Parlamento autonómico a lo largo de noviembre. Será, entonces, el momento de comenzar la tramitación de las enmiendas, previo a su aprobación. La previsión es que la ley entre en vigor en el plazo de seis meses desde su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).

La proposición de ley deberá ser admitida a trámite en la Mesa de las Cortes, que se reunirá la próxima semana, y, posteriormente, se remitirá a la Junta para que exprese su valoración. Una vez lo haga, ya estará en disposición de ser incluida en el siguiente pleno, previsiblemente en el segundo del mes de noviembre, previsto para los días 21 y 22. La iniciativa saldrá adelante ante la mayoría absoluta de 44 procuradores de la que gozan PP y Vox aunque está por ver si logrará también el apoyo de algún grupo de la oposición en la Cámara.