Parece un viaje de ida y vuelta y que, en este país que es España, no se puede atajar la corrupción. Es cierto que se estrechan los cercos sobre estos episodios que tienen relación directa con la descomposición de la política, pero suelen llegar tarde, a destiempo y con una tremenda carga partidista que alimenta la división social.
La última operación contra la corrupción conocida viene de mano de la Guardia Civil, conocida como 'Delorme', y que implica directamente al Partido Socialista y más en concreto a quien fue ministro de Transportes y secretario de Organización del partido, José Luis Ábalos, puesto que su asesor y persona de máxima confianza -tanto en lo personal como en lo profesional-, Koldo García Izaguirre, ha sido uno de los detenidos, aunque posteriormente fue puesto en libertad con medidas cautelares.
Habrá que ver cómo evoluciona todo el proceso judicial, pero si en algo hay que estar de acuerdo con la cantidad de declaraciones públicas que este jueves se pronunciaron es que hay que dejar actuar a la Justicia y, sobre todo, si hay culpables, que lo paguen, porque será la manera de contribuir a la purificación de la política, más si cabe en un delito de estas características que apunta al tráfico de influencias, el blanqueo de capitales o el cohecho en el contexto de una investigación sobre compras y adjudicaciones de material sanitario que salpicaría a empresarios y cargos públicos.
Lo que no vale es reclamar esa Justicia, y que cuando las instituciones judiciales se pronuncian o actúan en contra de un posicionamiento partidista, que se actúe como está haciendo el Gobierno de la nación con el asunto catalán, elevando el tono de injerencia sobre el poder judicial.
Que aparezca ahora un nuevo caso de fraude con la compra de mascarillas en la época de la pandemia, y que el propio Pedro Sánchez trate de dirigir la mirada al asunto que vinculaba al hermano de Díaz-Ayuso en una presunta causa judicial similar que ha sido archivada en sendas ocasiones parece, además de anacrónico, poco ético. El doble rasero que utiliza el PSOE, no por ser una práctica habitual, hay que consentirlo, entre otras cosas porque el inicio de estas diligencias demuestra que algo ocurre o sucedió dentro del partido. La lealtad política, además, no puede premiar a personas que no cumplan con formación técnica para desempeñar responsabilidades muy altas de calado, como sucedió con el ex asesor de Ábalos.
A estas alturas, confiar en una actuación transparente tanto del PSOE como del Gobierno hay que ponerlo en cuarentena, pero sin duda es lo que habría que hacer.