El plan antisequía de Castilla y León contará con cinco ejes de actuación y 145 millones de euros para acciones de carácter regulatorio, estructural y financiero. Una semana después de que el Consejo Agrario planteará a las opas un paquete de 100 millones, el Consejo de Gobierno celebrado este jueves incrementó en otros 45 la dotación final que promoverá la Junta de Castilla y León para salvaguardar al campo de los efectos de la pertinaz sequía.  «Es la mayor inversión que hemos hecho nunca en Castilla y León para compensar el daño por la sequía y es la cuantía mayor de todas las comunidades en esta materia», significó el portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, que durante más de veinte minutos explicó, punto por punto, los detalles del programa.

Los 145 millones de euros en ayudas –una cuantía que se puede incrementar hasta los 745 millones si se contabilizan los 600 millones de anticipos de la PAC– se repartirán entre aquellos agricultores que cuenten con un seguro agrario o aquellos que se comprometan a suscribir una prima durante al menos tres años. Además, diferenciará entre los agricultores profesionales y los que no se dedican por completo a ello: «Esta era una exigencia muy importante de las organizaciones agrarias, que nos reclamaban que estableciéramos diferencias».

Entre las medidas anunciadas por el consejero portavoz se encuentran algunas que ya se conocían desde la celebración del pasado Consejo Agrario, como los 60 millones de euros para bonificación de intereses de préstamos de hasta 60.000 euros para dotar de liquidez al campo, teniendo en cuenta que los tipos actuales de interés «son mucho más altos a los existentes en los años referidos». Fernández Carriedo narró los cinco ejes que soportan el plan y que se dividen entre medidas de carácter regulatorio, medidas destinadas a dotar de liquidez al sector, ayudas directas, medidas fiscales y medidas de carácter estructural.

Por último, anunció que los pagos de los anticipos de las ayudas directas de la PAC se efectuarán a partir del 16 de octubre, de conformidad con lo que disponga el reglamento europeo que establezca los porcentajes máximos de anticipo y las condiciones para efectuarlos.

Críticas al Gobierno

Una serie de apoyos del Ejecutivo autonómico que llegan «tras una gran interlocución» con los profesionales agrarios y que demuestra el «compromiso muy evidente» con un sector que «necesita ese esfuerzo». Algo que contrapuso con la acción del Gobierno central, al que demandó un «trato igual para los españoles vivan donde vivan» en sus ayudas. En este punto criticó la distinción entre territorios en los apoyos frente a la sequía que «no se ha entendido» en la Comunidad. «La aportación es más baja en Castilla y León que en otras autonomías». Además exigió que los 81 millones de fondos de la reserva europea agrícola frente a la crisis que llegará a España vayan a las «zonas cerealistas, que son las más perjudicadas por los precios asociados al conflicto de Ucrania por sus exportaciones».

Intereses de créditos (60 millones)

La medida bonificará el interés de los préstamos de hasta 60.000 euros por explotación, a cinco años con uno de carencia, al Euribor más 0,5. Será del 100% para agricultores profesionales y del 40% para el resto.

Ayudas directas (42 millones)

Estarán destinadas a los agricultores con pólizas de seguro de sequía de cultivos herbáceos, e incrementarán en un 25% si son profesionales, o 12,5 si no, la indemnización que calcule Agroseguro, que solo cubre el 70%.

Seguros agrarios (9,6 millones)

La Junta incrementará la partida destinada a bonificar la suscripción de seguros agrarios, para lo que se elevará en 9,6 millones el desembolso que ya viene realizando.En cuatro años se espera llegar a 15 millones.

Deducciones fiscales (22,5 millones)

Se bonificarán las tasas veterinarias al 95% y se reducirán los índices de rendimiento neto aplicables por agricultores y ganaderos, con un ahorro fiscal estimado de 20 millones, de los que la Junta asume diez.

Medidas estructurales (11 millones)

El plan contemplan dos actuaciones de infraestructuras dirigidas a garantizar la disponibilidad de agua en el sector ganadero: una subvención de minimis y la ejecución de balsas para explotaciones extensivas.