La Junta de Castilla y León contabilizó un crecimiento del 29% durante el primer semestre del año de los ataques del lobo a la ganadería, en relación al periodo anterior a la inclusión de este cánido en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), en septiembre de 2021. En este sentido, al 20% de incremento de daños de 2021 a 2022, se añade que entre enero y junio de 2023 se registraron 1.717 ataques, nueve diarios, y 2.705 cabezas muertas por las fauces del cánido, es decir, 15 animales diarios que dejaron de rendir para los ganaderos.
Del total de ataques en el primer semestre, tres de cada cuatro dañaron a ganado vacuno (1.256), con especial incidencia en Ávila (644). La provincia abulense sufrió la muerte de 811 cabezas por este motivo, seguida de las 736 de Segovia. En global, murieron en la Comunidad a causa del lobo 1.374 vacas, 1.048 ovejas, 165 equinos y 118 cabras.
En declaraciones a Ical, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, consideró que la situación de la población del lobo es «favorable» en Castilla y León, al pasar de las 179 manadas del último censo de 2014 a las más de 200 de la actualidad. En este sentido, urgió al Gobierno a reunir a las comunidades autónomas y materializar la decisión de Bruselas de flexibilizar su nivel de preservación, conocida este mes de diciembre. «Castilla y León gana y el Gobierno pierde en esta discusión», si bien el consejero incidió en que «lo importante es acabar con el efecto dañino que la decisión adoptada por el Gobierno de España en 2021 está teniendo en la ganadería».
En este punto, consideró que la decisión de la Comisión Europea marca «un antes y un después» y defendió que la Junta «ha hecho mucha labor en Europa» para favorecer este cambio después de que el Miteco «incluyera al lobo en el Listado de Especies Silvestres de Protección Especial (Lespre) por motivos meramente ideológicos y en contra de las comunidades, en un proceso que se considera nulo por los defectos y errores que tiene, causa por la que esa orden ministerial se encuentra recurrida ante la Audiencia Nacional.
En síntesis, resumió que fue una «acción de gobierno totalmente errónea, equivocada y muy peligrosa y dañina para el medio rural, para la ganadería extensiva y para Castilla y León y el resto de territorios», refiriéndose a las autonomías de Galicia, Asturias y Cantabria fundamentalmente, que en conjunto reúnen al 95% de los lobos de España.
Conclusión de la UE
Suárez-Quiñones celebró que la propia presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, encargara un estudio y abriera en septiembre de 2023 un periodo de información pública europea para escuchar a los estados, las regiones y la sociedad, y que finalmente confluyó en esa decisión según la cual «hay que flexibilizar el régimen europeo de protección actual», es decir, modificar el Convenio de Berna de 1979 y después la Directiva Hábitat, que desde 1992 establece que en toda Europa el lobo era «estrictamente protegido y no se podía gestionar por los gobiernos, salvo en el norte del río Duero en España y un territorio de Grecia, siendo ahora este último régimen de protección simple el que habría que extender a toda Europa».
Como primer paso, señaló el consejero, es urgente que el Gobierno de España deje sin efecto la orden ministerial de catalogación del lobo en el Lespre, y que el norte del Duero recupere el régimen de protección simple. Una vez que se materialice por la Unión Europea la modificación que pretende de la Directiva Hábitat.