Apelar a la costumbre como ha hecho el rey Felipe VI para proponer al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, no deja de ser un recurso fácil, pero tan válido como cualquier otro, sobre todo porque desde 2015 todas las costumbres políticas conocidas se han roto: un candidato nominado declinó presentarse a la investidura, triunfo una moción de censura donde antes y después todas fracasaron, se formó el primer gobierno de coalición desde la Transición, se naturalizaron las coaliciones de perdedores, pero lo que vale para los gobiernos autonómicos y locales no sirve para el gobierno de la nación como si los otros fueran de segunda categoría y se ha utilizado la deslegitimación para atacar a un gobierno y de paso dejar herida la legalidad democrática. En fin, todas las costumbres han saltado por los aires, y la que parece que se mantendrá es la de la crispación si Feijóo no logra habitar La Moncloa.

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha seguido también la costumbre y ha concedido un mes de plazo a Feijóo para que intente conseguir los cuatro votos o las siete abstenciones que necesita para ser investido presidente del Gobierno, en contra del criterio del PSOE, pero resulta difícil imaginar que no haya sido consensuado. El plazo tiene la virtualidad de alejar una posible repetición electoral en las fechas navideñas y permitirá a la ciudadanía conocer las estrategias de cada partido, que, por otra parte, son evidentes desde los días posteriores al 23-J, aunque se antoja que es muy largo.

En efecto, las estrategias a desplegar son evidentes, Feijóo quiere la repetición electoral a toda costa, pero no quiere ser el responsable de que se vote en navidades, mientras Sánchez busca la repetición de un gobierno de coalición, que no tendrá una vida fácil por las presiones internas y las de sus hipotéticos socios parlamentarios. Si impera la lógica política, la misma que ha utilizado el rey, Feijóo no logrará la investidura. La insistencia en ir a un acto presumiblemente fallido es loable desde el punto de vista político y un ejercicio de responsabilidad que se ha exigido en otras ocasiones. Pero si lo que pretende es que triunfe alguna maniobra en la oscuridad, su Gobierno, por supuesto, tendría toda la legitimidad democrática, pero también quedaría de manifiesto lo que sería capaz de hacer para alcanzar un poder que le han negado las urnas. Y entretanto, con su fracaso no habrá hecho, sino prolongar la situación de interinidad en plena presidencia española de la Unión Europea -a estas alturas no parece interesar a nadie esa circunstancia- y donde antes había urgencia y el deseo de que la sesión de investidura se celebrará incluso antes de que terminará el mes de agosto ahora las prisas se han desvanecido.

 Y eso que a la vista de las declaraciones de los grupos políticos con los que quiere dialogar, las reuniones se podrían concentrar en una sola tarde, porque con ERC no tiene nada que hacer, con Bildu no van a hablar, el voto del BNG resultaría irrelevante y la abstención de Junts… sería una utopía. Más si el vicesecretario Esteban González Pons considera que es "imposible" un acuerdo al mismo tiempo con Vox y Junts. El PNV ya le ha negado su apoyo dos veces y es previsible que coseche una tercera evasiva y más con la competencia que le presenta EH Bildu. En todo caso, habría que conocer los extremos de esos pactos, el quid pro quo. ¿Y el PSOE? La apelación al pacto de gran coalición solo se produce cuando el socialismo sería la fuerza auxiliar, pero el PP no se ha planteado nunca asumir ese papel, sino el de defender la alternativa. 

Feijóo se beneficia de todas las costumbres democráticas, pero nada le garantiza el éxito.