El Partido Popular marcó ayer distancia con el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, tras la publicación de un vídeo a las puertas del balneario de Medina del Campo (Valladolid) –donde el Gobierno ha alojado a 180 extranjeros– en el que el dirigente de Vox criticaba la «invasión migratoria» y denunciaba el traslado de «jóvenes, varones, en edad militar». Gallardo mantuvo que este criterio es el de la Junta, algo que negó su portavoz, mientras la oposición le acusaba de fomentar el odio y volvía a pedir su dimisión.
Tras el Consejo de Gobierno, el consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, circunscribió estas declaraciones de García-Gallardo a una «postura de partido o particular» y defendió que la posición oficial del Gobierno autonómico sobre la materia se centra en garantizar la protección de las personas vulnerables porque Castilla y León es «una tierra de acogida y solidaria» con las comunidades, como Canarias, que sufren una crisis migratoria.
«No soy quien para establecer el ideario político de un partido, y menos si no es el mío», expuso Fernández Carriedo, quien defendió que García-Gallardo «no hizo esas declaraciones a través de los medios propios de la Junta ni está en las redes sociales ni en los cauces institucionales», si bien también desconocía si había utilizado el coche oficial para acudir a grabar ese vídeo que luego colgó en sus redes sociales. Por ello, insinuó que «si hubiera otra opinión en esta materia», en este caso la del vicepresidente del Ejecutivo autonómico, «hay que considerarla en el ámbito del partido o personal». «La opinión de la Junta no impide que otras personas tengan la de su partido o la suya propia», repitió en declaraciones recogidas por Ical.
En este sentido, insistió en que la posición oficial de la Junta, «que marca el presidente y, en su caso, la Consejería de Familia» en esta crisis migratoria se centra en la solidaridad y apoyo a las comunidades y poner el centro en las personas, «que son lo más importante».
Tras conocerse la posición de la Junta respecto a las palabras de García-Gallardo sobre el traslado de los inmigrantes, el vicepresidente, a preguntas de los medios, espetó que en España «los racistas son los socios del Partido Socialista Obrero Español» y «no admitimos ni una sola lección de democracia de quienes tienen en el Gobierno a amigos del terrorismo internacional; de quienes integran en la dirección del Estado a los terroristas de ETA y a quienes pactan con los separatistas la disolución nacional».
Además, defendió que su posicionamiento se abordó «con total normalidad en el Consejo de Gobierno». En este sentido, incidió en que el acuerdo de gobierno PP y Vox es «nítido» en su apuesta por una inmigración «legal y ordenada». Así, insistió en que el acuerdo gobierno que suscribieron PP y Vox el 10 de marzo refleja «el compromiso de facilitar una inmigración legal y ordenada con capacidad de adaptación cultura y social».
Petición de dimisión
Por su parte, la viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Patricia Gómez, confió ayer en que la Fiscalía actúe de oficio ante el posible «delito de odio» protagonizado por Juan García-Gallardo. A juicio de Gómez, el vicepresidente mostró su «fascismo, racismo y machismo» contra los jóvenes inmigrantes, lo que «proyecta de nuevo una imagen negativa de Castilla y León». Por ello, urgió su destitución al presidente de la Junta «para no ser cómplice».
Gómez Urbán, quien aseguró sentirse «profundamente indignada y dolorida» como castellana y leonesa, «por ver lo que están haciendo con esta tierra», no descartó que su partido estudie presentar la posible denuncia, pero esperó que la Fiscalía «haga lo que tiene que hacer conforme a la legalidad y el Código Penal en la mano».
También el procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, calificó de «inaceptables» las afirmaciones y comunicó su decisión de «no colaborar en pactos de Comunidad mientras el presidente de la Junta no cese o desautorice públicamente a su vicepresidente».