Cierre de filas, desmentidos, matizaciones, negaciones. Cuando se produce un fallo operativo o de estrategia se recurre a todas las justificaciones y argucias posibles para tratar de superar el error. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska se ha visto arropado por todo el Gobierno en su decisión de no dimitir por el asesinato de dos guardias civiles por el narcotráfico en la costa de Barbate, pero su imagen pública vuelve a estar en la picota. Todo lo que se publica sobre la impunidad de los narcotraficantes, la falta de medios personales y humanos, la mala situación de las embarcaciones oficiales encargadas de evitar los delitos era conocida, incluso el desmantelamiento de una unidad de élite por variadas circunstancias.

Se da la circunstancia de que todo el mundo con algún tipo de responsabilidad sabe lo que ocurre, que el paro y la falta de oportunidades laborales empujan a muchos jóvenes al mundo del narcotráfico; que en su incultura sienten atracción por la vida vinculada al narco y al dinero fácil, a pesar de que como demuestran los datos de la fiscalía, la mayor parte de ellos acaban en manos de la justicia; que la falta de medios es endémica pero que en este punto hay que determinar que parte corresponde a decisiones operativas y cuáles a decisiones políticas. Todo se sabe, pero es cuando ocurre una tragedia el momento en el que todo se precipita y sale a la luz, la precariedad, los esfuerzos poco recompensados arropados por todas las excusas posibles y la derivación de responsabilidades por toda la cadena administrativa. O se conoce que ya se han encargado nuevas patrulleras más potentes para tratar de ponerlas a la altura de las que utilizan los delincuentes, que siempre disponen de medios más modernos que los de la policía.

En estos casos lo habitual es tratar de sacudirse el problema, aludir a la situación estructural en la que se vive en esa zona de Cádiz. Seguramente en los próximos meses se intensificarán las labores policiales, de control del tráfico de droga entre Marruecos y España y reaparecerán las insinuaciones de carácter geopolítico sobre el control de la frontera sur y la cooperación entre los dos países.      

Pero también, como se decía cuando ETA mataba en sus atentados, no hay otros culpables de los asesinatos que los terroristas. Y en este caso los responsables de la muerte de dos guardias civiles son media docena de narcotraficantes que tenían la voluntad de matar y que, además contaban con la complicidad de las personas que están inmersas en el mismo mundo, que participan de él o que miran para otro lado, que se creen invulnerables por la impunidad con la que han llegado a actuar y a vivir del delito, que es uno de los verdaderos problemas de la influencia y del poder del narcotráfico con consecuencias insospechadas para el Estado de derecho y la convivencia pacífica, como se ha visto en otros lugares y para lo que se necesita una respuesta activa de la ciudadanía, que ya se da, acompañada de una potente acción policial y judicial para evitar que la costa de Cádiz se convierta en un territorio sin ley.

La mirada se vuelve hacia el responsable político de la lucha contra el narcotráfico, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que acumula polémicas graves en el desempeño de su labor, a menudo mal gestionadas y peor explicadas.