La convocatoria de elecciones para el 23 de julio por parte del presidente del Gobierno el pasado lunes cogió por sorpresa a la mayoría y sus consecuencias, más allá de un nuevo Ejecutivo para después del verano, son variadas. Entre ellas está la de que todas las iniciativas legislativas en tramitación en el Parlamento van a quedar de lado y el proceso, en el caso de que el Gobierno salido de las urnas así lo considere, tendrá que volver a comenzar con la nueva legislatura. Por ejemplo, la tramitación del proyecto de ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, hasta ahora pendiente de informe en el Senado y que previsiblemente se iba a probar a lo largo del mes de junio, decayó este mismo miércoles con la disolución de las Cortes.

Es así porque se trataba de un proyecto de ley y la Diputación Permanente, que velará por el funcionamiento de ambas cámaras durante este período electoral, sólo puede votar la convalidación o derogación de los reales decretos leyes que apruebe el Ejecutivo o ejercer las competencias propias del Pleno en relación a la aplicación de los estados de alarma, sitio y excepción. Por eso mismo, el nuevo real decreto para hacer frente a los efectos de la sequía tendrá que ser convalidado por la Diputación Permanente, cuando estaba prevista su aprobación en el pleno del Congreso este mismo jueves, según las fuentes consultadas.

Más allá de esas materias, decaen también las tramitaciones de proposiciones de ley, como una de Unidas Podemos sobre la mejora de las condiciones de trabajo y protección social de las personas trabajadoras agrarias por cuenta ajena y de los eventuales agrarios de Andalucía y Extremadura; u otra sobre medidas para garantizar, dentro del servicio universal, el acceso a internet de banda ancha a 100 Mbps en las zonas rurales. Más propuestas en tramitación que podrían afectar al sector agroalimentario son iniciativas parlamentarias para la recuperación de garantías ambientales y la participación ciudadana en la tramitación de proyectos de parques eólicos y fotovoltaicos, además de una proposición sobre cambio climático y transición energética.

Lógicamente, las organizaciones agrarias se han pronunciado al respecto. El presidente de ASAJA, Pedro Barato, ha relacionado los resultados electorales autonómicos y municipales y el «vuelco» hacia el PP con las «malas políticas llevadas a cabo por el Gobierno, desde el punto de vista de la agricultura». «Las políticas del Gobierno han sido, desde nuestro punto de vista, dañinas para el sector agrario», ha recalcado Barato.

En cuanto a la convocatoria de elecciones generales y a los asuntos que quedan por cerrar de la presente legislatura ha apuntado que «quedan muchas cosas», entre las que ha destacado la aplicación de la reforma de la Política Agraria Común (PAC), en la que los Gobiernos tienen más responsabilidad. «La PAC que tenemos ahora mismo encima de la mesa es una PAC que no nos vale, que condena al profesional de la agricultura y, desde luego, hay que cambiarla en Bruselas y aquí», según el presidente de ASAJA.

El secretario general de COAG, Miguel Padilla, no le ha dado excesiva importancia y ha descartado que la disolución de las Cortes para la celebración de elecciones generales el próximo 23 de julio vaya a afectar a la aprobación de normativa relevante para el campo. Esta organización ha destacado que la disolución de las Cámaras no afecta a la aprobación de los nuevos decretos de sequía: es un aspecto «con el que no habrá problemas».

Ampliando las miras a toda la cadena agroalimentaria, sí tiene dudas de que se pueda aprobar la normativa contra el desperdicio alimentario que, aunque es «importante», «no es propia de nuestro sector primario»". Padilla ha mostrado su «sorpresa» por este adelanto electoral y tampoco intuye cómo puede afectar a la presidencia de turno del Consejo de la UE en el segundo semestre del año, de la que ya se han adelantado los eventos más relevantes en materia agroalimentaria.

UPA ha considerado que la convocatoria de elecciones generales «no debe poner en pausa las medidas de apoyo que necesitan los agricultores y ganaderos españoles». Fuentes de la organización han enfatizado que es necesario que todos los gobiernos, a nivel europeo, central y autonómico, actúen «con firmeza» ante la «grave sequía» que siguen enfrentando los profesionales del sector agrario.

El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha aclarado en que el actual Gobierno no quedará en funciones hasta después de las elecciones del 23 de julio y tiene capacidad para actuar, con lo que el real decreto ley con medidas de apoyo al sector agrario para hacer frente a la sequía no corre ningún peligro y «se podrá implementar perfectamente».

Una ocasión perdida para la rebusca.

El espigueo o rebusca es la práctica que consiste en recoger los excedentes agrarios que quedan en el campo por diversas razones después de la recogida o cosecha para su posterior aprovechamiento. La Fundación Espigoladors lleva a cabo esta actividad de forma organizada en distintas zonas agrícolas del territorio catalán, siempre con convenios con los productores, y desde el año 2015 han conseguido recuperar y repartir más de dos millones de kilos de frutas y verduras que de otra manera se habrían quedado en el campo desaprovechadas.

Esta fundación, que representa al colectivo #LeySinDesperdicio, apoyada por UPA y COAG, pretendía introducir cambios en la Ley de Desperdicio Alimentario que ha decaído para que la propuesta legislativa contemplara el espigueo como herramienta de prevención, reducción y medición de las pérdidas de alimentos en el sector primario, pero eso ya no va a poder ser, al menos de momento, dado que la tramitación de la norma ya no seguirá su curso.

Estas entidades reivindicaban de manera firme la incorporación de una enmienda para la regulación de esta práctica, que «permite visibilizar la punta del iceberg de un sistema agroalimentario insostenible que conduce a la precarización de los productores». Demasiado a menudo se comprueba cómo los agricultores locales tienen serias dificultades para vender sus cosechas debido a los bajos precios percibidos, rígidos estándares estéticos de comercialización o por competencia desleal. Esta situación conduce a las lamentables imágenes de campos enteros con la producción sin cosechar perdiéndose todos los recursos humanos, económicos y naturales invertidos su producción.

Dicha práctica histórica y altamente consolidada en todo el territorio nacional se sigue realizando de manera formal e informal, a menudo mediante un simple acuerdo verbal entre el productor y el rebuscador. En la mayoría de los casos no existe un marco normativo regulador válido que pueda dar seguridad jurídica a todas las partes implicadas, por lo que esta ley habría sido una oportunidad para regular esta práctica que aprovecha los excedentes de la agricultura.