El Parlamento autonómico dio ayer luz verde a dos grandes decretos-ley llevado a las Cortes por la Junta de Castilla y León: el de la recuperación de la jornada de 35 horas para los funcionarios autonómicos y el de las medidas urgentes sobre la prevención y extinción de incendios forestales. Dos textos que ya cuentan con el visto bueno del poder legislativo, aunque ambos lograron su aprobación de forma diferente. Mientras que el relativo a los trabajadores públicos salió adelante con el voto favorable de todos los procuradores, el ambiental volvió a ser un foco de tensiones entre la oposición socialista y el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que se acusaron mutuamente de «mentir». En una jornada marcada por el minuto de silencio que la Cámara al completo celebró a las puertas para condenar el crimen machista de este martes en Ávila, el decreto-ley de los empleados públicos de la Junta fue el primero en someterse a la aprobación de la Cámara, informa Ical.
En la presentación del texto, el consejero de la Presidencia, Jesús Julio Carnero, remarcó el apoyo de las organizaciones sindicales que participaron en la negociación, garantizó que se mantendrá la calidad de los servicios públicos y justificó la utilización de la figura del decreto ley por razones de «necesidad urgente y extraordinaria». El titular de la Presidencia expuso que la Administración dispone de la suficiencia financiera, pues ha reservado 35 millones para este año, con el fin de cumplir de forma «inmediata» el compromiso asumido en 2019. Además, destacó que la jornada de 35 horas, frente a las 37,5 horas semanales actuales, supondrá un incremento del empleo público.
La socialista Yolanda Sacristán felicitó a Carnero por ver la luz aunque sea «al final del túnel» y aseguró que cuatro años más tarde de nuevo un candidato a la Alcaldía de Valladolid, como en 2019 hizo la exconsejera Pilar del Olmo, promete la vuelta a las 35 horas. Además indicó que la Junta no ha explicado cómo va a hacer frente a esta medida que según calculan los sindicatos exige unas 4.500 contrataciones –3.000 en sanidad y educación–. «Este decreto nos causa incredulidad y mucha preocupación».
Más tensión se vivió durante el debate del decreto-ley de medidas urgentes sobre prevención y extinción de incendios forestales, que salió adelante solo con los votos de los socios de Gobierno. «Ningún operativo es suficiente en un momento dado y la colaboración de todos contra el fuego es fundamental, aunque algunos no lo vean así», afirmó Suárez-Quiñones, que calificó de «eficaz y eficiente» el operativo de incendios de Castilla y León, mejorado, activo todo el año y con formación. «Se trata de un problema global que exige soluciones globales». Una visión que no compartieron desde el PSOE, que insistió en que a la Junta, pese a la situación vivida el pasado año, «le faltan medios, le falta personal y le falta la voluntad de querer cambiar». «Se mantiene a un responsable público, incompetente y sin sensibilidad».