El presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León, Agustín Sánchez de Vega, entregó ayer al presidente de las Cortes, Carlos Pollán, la memoria del pasado año, en el que se emitieron 696 dictámenes y se resolvieron 208 recursos. La institución, que además del presidente integran Valle Ares y Francisco Ramos y el consejero nato Juan Vicente Herrera, integra dos órganos con funciones diferenciadas, la consultiva y la correspondiente a la resolución de los recursos especiales en materia de contratación pública, particularidad única en España.
Sánchez de Vega destaca la labor de esta institución propia como garante de la legalidad de las decisiones administrativas y de contratación pública y explica que las normas y su interpretación fundamentan tanto los dictámenes del Consejo como las resoluciones del Tribunal. En cuanto a la función consultiva, de los 696 dictámenes aprobados el año pasado, casi un 27% más que en 2021, el 56,03% (390) fueron solicitados por la administración autonómica, el 43,83% (305) por las administraciones locales y uno por las universidades públicas.
Tras siete años con mayoría de las consultas de entidades locales, en 2022 se han visto superadas por las de la administración autonómica, debido fundamentalmente a la existencia de dos bloques novedosos: por un lado, los dictámenes solicitados por la Consejería de Sanidad sobre 94 expedientes de responsabilidad patrimonial con motivo de los daños y perjuicios derivados de la pandemia de la covid-19; y por otro, los procedentes de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, que ha tramitado 78 expedientes de responsabilidad patrimonial por perjuicios a los cotos de caza a consecuencia de la prohibición de la caza del lobo.
Respecto a las materias dictaminadas, un año más, los asuntos de responsabilidad patrimonial han sido los más numerosos. De los 696 dictámenes, el 76%, es decir 530, son corresponde a este apartado. Por otro lado, las administraciones han mantenido casi en un 96% de las resoluciones finalmente adoptadas el criterio mostrado por el Consejo en sus dictámenes del pasado año, lo que pone de manifiesto la «auctoristas de la institución», según informa Europa Press.
En relación con la actividad del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, en 2022 se resolvieron 208 recursos. El 68,75% (143) de los recursos presentados ante este tribunal fueron dirigidos frente a contratos de servicios siendo el principal acto recurrido el de la adjudicación (40,38%), seguido del de pliegos (35,58%) y del de exclusiones y no exclusiones (19,23%). La suma de los valores estimados recogidos en los recursos presentados el año pasado alcanzó 5.434.564.603 euros.