Un acuerdo entre los grandes partidos políticos de Castilla y León que posibilite la renovación del Consejo Consultivo de la Comunidad. Este fue el deseo verbalizado ayer por el presidente de la institución propia autonómica, Agustín Sánchez de Vega, que defendió la necesidad de una «mayoría muy grande» sustentada en «conversaciones y acuerdos» entre las principales fuerzas políticas de la Comunidad ante la situación de interinidad en la que, como el CES, el Consejo de Cuentas y el Procurador del Común, se encuentra el Consejo Consultivo después de caducar la vigencia de los mandatos. Precisamente la pasada semana, durante el pleno monográfico del Procurador del Común, PP y PSOE avanzaron un principio de acuerdo para que Tomás Quintana vuelva a ser elegido al frente de la entidad. «Nosotros no somos quién para opinar sobre la renovación. Somos los sujetos pasivos. Terminamos nuestro mandato hace un año y no podemos decir más. Tenemos opción todos a renovar y, en el caso del presidente, solo es posible renovar un mandato», expuso Sánchez de Vega durante la presentación este lunes de la Memoria de 2023 de esta institución propia de la Comunidad Autónoma y del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León, en la que también intervino el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, informa Ical.
Un acto en el que el presidente del Consejo Consultivo destacó que la institución «ha seguido trabajando con independencia, imparcialidad, neutralidad política, con objetividad jurídica y transparencia», en los ámbitos del asesoramiento al Gobierno, la reclamación de responsabilidad patrimonial y la resolución de recursos en materia de contratación pública. «Por una parte, el asesoramiento al Gobierno cuando quiere elaborar normas, los decretos o anteproyectos de Ley. Preceptivamente, tenemos que informar. En segundo lugar, una competencia a través de la reclamación de responsabilidad patrimonial».
En total, el Consejo Consultivo de Castilla y León emitió en 2023 un total de 539 dictámenes y resolvió 180 recursos en materia de contratación pública, sobre contratos por un importe total de 1.580 millones de euros. «Seguimos con un altísimo nivel de respaldo a nuestros dictámenes, que no tienen efectos vinculantes, sino consultivos, y nos llega el respaldo del 95% de las entidades que tienen obligación de consultar», indicó Sánchez de Vega, que recordó que en el caso del Tribunal, los efectos son «vinculantes». El presidente del Consejo Consultivo incidió en que el 54% de las consultas procedió de las administraciones locales y el 45%, de la Junta de Castilla y León, mientras que el resto es de universidades públicas que pueden acceder al dictamen del Consejo Consultivo.
Ley de Concordia
Por lo que se refiere a la Ley de la Concordia, Sánchez de Vega recalcó, «sin entrar en el contenido», que «no ha llegado el asunto», de manera que «no hay juicio que emitir, ni siquiera juicio personal». En este contexto, apuntó que existe la vía de la consulta facultativa, «cuando lo acuerda la unanimidad» de la Mesa de las Cortes y apostilló: «Esa era la clave. En cuanto hubo un voto negativo por parte de alguno de los miembros que forman la Mesa, no se puede plantear porque la Ley del Consejo establece que tiene que haber unanimidad». «No me parece ni bien ni mal. Es una posibilidad que existe en otros consejos consultivos».
Mañueco ensalza la labor y la confianza en el Consultivo
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, advirtió ayer contra «cualquier intento de amenazar» el «amplio sistema de garantías, controles y contrapesos» que contempla el Estado de Derecho en España y que «tienen como objetivo fundamental proteger a las personas de una actuación inapropiada o abusiva de los poderes públicos». Palabras que el mandatario regional pronunció durante su intervención en la sede del Consejo Consultivo, donde puso en valor «una vez más, la plena confianza» de «todas» las instituciones de Castilla y León en el Consejo Consultivo. «Empezando por el Gobierno que presido, que tenemos hacia todos los órganos consultivos, especialmente a las instituciones propias, como es el Consejo Consultivo». En este punto, el presidente de la Junta continuó destacando la «discreción, auctóritas y buen hacer» en Castilla y León de la institución, que certificó «son imprescindibles para garantizar el pleno respeto al ordenamiento público en todas nuestras actuaciones públicas y fortalecer así el Estado de Derecho».
Además, Fernández Mañueco remarcó la seguridad que genera el Tribunal Administrativo entre los contratantes por ser una garantía prejudicial que ofrece alternativas rápidas y gratuitas a los litigios en contratación pública, que tan solo el pasado año alcanzaron los 1.580 millones de euros. En esta línea también apuntó que el 96 de las decisiones administrativas que se adoptan en Castilla y León «coinciden con los dictámenes y opiniones» del Consejo Consultivo, lo que, según él, «pone de manifiesto la calidad de los profesionales que integran este órgano». «Esto hace que la calidad de sus opiniones, de sus dictámenes, genere una cualificada guía de conducta para los órganos públicos», concluyó Fernández Mañueco.