Partido Popular y Vox sellaron ayer su alianza en Castilla y León con la aprobación de sus primeras cuentas de forma conjunta, en una sesión accidentada y marcada por un error en la penúltima votación del día que obligó a los socios de Gobierno a tumbar su propia ley de medidas tributarias. Y es que la sorpresa saltó en las Cortes de Castilla y León después de un plácido pleno monográfico para PP y Vox de cara a la aprobación de las cuentas autonómicas para 2023. Ya con la ley de Presupuestos aprobada y aplaudida en el Parlamento regional, el rodillo parlamentario que los socios de Gobierno habían aplicado durante casi 48 horas sobre las 2.100 enmiendas parciales de la oposición se encasquilló cuando faltaban dos votaciones para concluir la sesión. Momento en que «por un evidente error», Partido Popular y Vox votaron a favor de las enmiendas del Partido Socialista a la ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas. Algo que, tras una bronca y más de dos horas de parón concluyó con los partidos que sustentan el Gobierno regional votando en contra de sus propia normativa para evitar así la incorporación de las modificaciones propuestas por el PSOE. El portavoz del grupo popular, Raúl de la Hoz, argumentó que se produjo «un error inducido por una incorrecta formulación de lo que se estaba votando», ya que añadió que no se acordó la votación agrupada en la Junta de Portavoces.
Una decisión que PP y Vox ya anunciaron que subsanarán por la vía de urgencia con la aprobación de una proposición de ley para recuperar la normativa, para lo que solicitarán la habilitación de enero como periodo hábil para su tramitación, con el objetivo de que entre en vigor «cuanto antes» y sus medidas tengan carácter retroactivo al 1 de enero de 2023.
En cualquier caso, tal y como avanzó el consejero de Economía y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, este contratiempo se circunscribe únicamente a la ley de medidas tributarias, no así a la de presupuestos, que cuenta con una cifra récord de casi 14.000 millones de euros, que entrará en vigor como estaba previsto el 1 de enero de 2023, algo que no ocurría en la Comunidad desde hace un lustro. Un polémico debate de la ley de medidas que se produjo después de la aprobación de los presupuestos para 2023, con los votos a favor de PP y Vox y en contra de toda la oposición que no consiguió que fuera aceptada ninguna de sus casi 2.000 enmiendas. Negativa a incorporar las propuestas de la oposición que, al igual que en la jornada de este jueves, ambos socios de Gobierno aplicaron el debate de las enmiendas parciales a los presupuestos de las consejerías de Industria; Familia y Igualdad de Oportunidades y Cultura y Turismo, así como de la sección del presupuesto de las Cortes, de la deuda pública y de la PAC. El aplauso y la felicitación entre ambos socios por la aprobación de sus primeras cuentas conjuntas se torció después con bronca e incertidumbre hasta que se reanudó la sesión y el presidente de las Cortes cerró el pleno.
El Grupo Socialista celebra la aprobación de sus enmiendas gracias a PP y Vox. - Foto: Rubén Cacho (Ical)La clave del error
Un giro final de los acontecimientos que arrancó después de que en la votación de las 78 enmiendas socialistas a la ley de medidas se registraran 66 votos a favor (PP, Vox y PSOE), cuatro en contra (Cs y tres miembros del PP) y siete abstenciones (UPL-Soria Ya y Por Ávila). En ese momento, y ante los aplausos de la bancada socialista, el portavoz popular, Raúl de la Hoz, solicitó una segunda votación al considerar que la lectura agrupada de las enmiendas socialistas y de los votos particulares de este grupo a las enmiendas de PP y Vox por el presidente de las Cortes llevó a confusión. Durante dos horas, los procuradores estuvieron en el hemiciclo entre la incertidumbre en las bancadas de PP, Vox y miembros de la Junta y la alegría en la socialista, con fotos incluidas y el canto de «Casero, Casero», en referencia al diputado del PP que, al parecer, por un error voto con el PSOE y sus socios la reforma laboral.
Ante la situación creada, las opciones eran la retirada del proyecto de ley o su voto en contra, en ambos casos decae y no entrará en vigor el 1 de enero. Se decidió la segunda y la tramitación de las medidas por la vía de urgencia para que los incentivos fiscales puedan beneficiar cuanto antes a los ciudadanos. El PP anunció que será mediante una proposición de ley. En ese punto, y ante la imposibilidad de votar el proyecto de ley con la inclusión de las enmiendas socialistas con las que está en contra, De la Hoz anunció el «no» de PP y Vox a su propia normativa.
Incredulidad en las filas del PP tras la votación errónea de la ley de medidas. - Foto: Rubén Cacho (Ical)Ya al término de la sesión plenaria, una vez PP y Vox hicieron decaer la norma que acompaña los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2023, Fernández Carriedo aseguró que en Castilla y León han dado «ejemplo» de respeto a las leyes y los procedimientos parlamentarios en las Cortes, ya que PP y Vox decidieron votar en contra para que no se aprobara la ley de Medidas con las enmiendas del Grupo Socialista, que consideró causaban un «perjuicio» a los ciudadanos, aceptando el resultado de la votación, tras la suspensión de la sesión. «Aquí no ha pasado lo que hemos visto en el Congreso de los Diputados, aquí afortunadamente hemos seguido un cauce parlamentario», dijo aunque reconoció que se puede producir un perjuicio para las posiciones de la Junta.
Por el contrario, el portavoz del Grupo Socialista, Luis Tudanca, acusó a PP y Vox de «avergonzar» de nuevo a Castilla y León y de vulnerar la soberanía de sus ciudadanos con «la suspensión fraudulenta» del pleno de las Cortes, después de que ambos socios se equivocaran en la votación de la ley de medidas.
¿Qué supone?
La no aprobación de la ley de medidas tributarias supondrá que algunos de los beneficios fiscales anunciados por la Junta verán retrasada su entrada en vigor, aunque el propio Fernández Carriedo ya anunció que tendrá carácter retroactivo al 1 de enero. Y es que esta norma es la que fija gran parte de la política fiscal del Gobierno autonómico y repercute en los ingresos previstos en los presupuestos aprobados. Medidas como las rebajas fiscales para familias numerosas, la posibilidad de que los locales de uso comercial, sobre todo aquellos que estén en el medio rural, puedan convertirse en viviendas tras cuatro años en desuso, algo que ahora se fijaba en ocho años, o las supresión de las tasas de caza y pesca.