No se trata de considerar aquí y ahora la Ley homónima que propician las mayorías absolutas, se trata de alertar sobre el empecinamiento de la mayoría socialista del Ayuntamiento de Soria en no resolver con sensatez el estrangulamiento peatonal de la parte alta del Paseo del Espolón de Soria, junto a la Dehesa.
Abocar a los peatones que transitan habitualmente por el estrangulamiento del embudo del Espolón a defender ante otras instituciones, sea el Procurador del Común o los propios tribunales de Justicia, lo que el Ayuntamiento de Soria no es capaz o no tiene la voluntad de resolver adecuadamente, ignorando sus reiteradas protestas, es una respuesta autoritaria y humillante sobre la legítima demanda ciudadana.
Abocar a los ciudadanos comunes y corrientes a tener que defender ante la Justicia derechos elementales que han sido desprotegidos y abusados por un Ayuntamiento y una Administración Municipal como es el caso del de Soria es un síntoma evidente de que el funcionamiento normal de esta Institución está siendo adulterado por quien la representa.
La persistente inhibición municipal en resolver este problema de la circulación peatonal por el embudo del Espolón es una postura ilegítima, propia de un avestruz, cuando fue el propio Ayuntamiento de Soria el que primero consintió en que se creara el problema y el que después lo agravó aún más, hasta el estrangulamiento actual, con medidas adicionales irracionales y abusivas. Pero también es una postura ilegal la protagonizada por el Ayuntamiento, porque estas medidas municipales adicionales son las que ahora evidencian la infracción patente de la normativa jurídica que regula la anchura mínima que deben tener esta clase de itinerarios peatonales.
Un poco de historia del fenómeno originado por o con la complacencia y el protagonismo municipal servirá para aclarar esta denuncia. En el origen de esta situación está la decisión municipal de hacer un aparcamiento público subterráneo en el Paseo del Espolón cuyo proyecto y explotación se declinó a favor de la iniciativa privada mediante la fórmula jurídica de la concesión. El control y la supervisión del proyecto, su aprobación, vigilancia de la ejecución y aprobación definitiva incorporándolo al contrato corresponde al Ayuntamiento de Soria. Cualquier alteración del proyecto incorporado al contrato concesional debió ser aprobado expresamente por el Ayuntamiento de Soria. Tal vez aquí esté precisamente una de las causas de la anomalía que representa el embudo. Si fue originado por Riosa durante la ejecución de las obras y tolerado o aprobado por el Ayuntamiento la ciudadanía tiene perfecto derecho a saberlo y en su caso a exigir que se corrijan las infracciones.
Lo cierto es que, más tarde, quien provocó la insostenible situación actual fue el propio Ayuntamiento al construir a la entrada del acceso rodado al aparcamiento un gran resalto y sobre todo al "enchiquerar" con vallas toda la circulación peatonal de la zona sin respetar la anchura legal de los pasillos que les dejó a los transeúntes.
Con ser grave la humillación a la que este ayuntamiento sometió con estas medidas a los ciudadanos que transitan por allí y grave también la reiterada falta de respuesta a sus reclamaciones resulta todavía más grave que, en el conflicto de intereses subyacente en este problema, el actual ayuntamiento de mayoría absoluta socialista se haya estado posicionando sistemáticamente de manera al menos implícita a favor de la empresa privada concesionaria del aparcamiento y no a favor del interés general de los ciudadanos que transitan por allí. Esta posición tan clara no nos sorprendería si no fuera por la propaganda municipal sobre la "pacificación" o la "humanización" de las vías públicas con la que, de manera creciente, nos atormenta.
¿Autoritarismo, connivencia, intereses creados? Juzgue cada uno conforme a sus propios pensamientos.