La memoria de la Fiscalía General del Estado, presentada en la Apertura del Año Judicial, realiza un retrato de la España real, más allá de las diatribas políticas del momento, al cuantificar los problemas de seguridad que afectan a la ciudadanía, con lo que contribuyen a poner el foco en asuntos que afectan a su vida personal y a detectar por dónde se mueve la nueva delincuencia al tiempo que destierra algunos clichés que se utilizan políticamente a beneficio de parte. 

Con su diagnóstico, los fiscales están advirtiendo sobre qué asuntos es necesario legislar o actuar para contener el aumento de determinados tipos delictivos, sobre todo, y de forma muy preocupante, los cometidos por jóvenes. En unos casos por su actuación en bandas y en otros porque han adquirido una percepción distorsionada de la realidad. Así la fiscalía propone que se controle la venta de armas blancas a los menores, que generalmente se integran en bandas y que tienen comportamientos cada vez más violentos. Pero en relación con el ámbito juvenil preocupa cada vez más el incremento de los delitos de agresión sexual, que han subido un 46% en un año y que los fiscales relacionan con un consumo cada vez más numeroso y temprano de pornografía. Y no dejan de señalar también el aumento de la violencia intrafamiliar, del acoso escolar y de los delitos cometidos a través de las tecnologías de la información y comunicación, o el aumento de las sentencias por delitos de odio. Y subrayan la paradoja de que al tiempo que caen los delitos relacionados con el tráfico de drogas aumentan las actuaciones por el despegue de las plantaciones de cannabis en lugares de la España vaciada. Por  el contrario, han disminuido un nueve por ciento los relacionados con las okupaciones ilegales.

El aumento de determinados delitos, incluidos los homicidios, contrasta con el descenso de los relacionados con el terrorismo etarra o con el independentismo violento en Cataluña. La fiscalía afirma que resulta difícil la persecución  de actos como los ongi etorri -recibimientos- a los etarras excarcelados y alerta de los brotes violentos protagonizados por organizaciones juveniles del entorno del independentismo vasco relacionadas con los movimientos pro amnistía de los presos etarras, de los que se derivaron 55 detenciones. En el caso catalán el descenso de delitos lo atribuye al "agotamiento de la militancia" tanto por la "falta de hechos relevantes para su imaginario" como por que encuentren menos motivos para sus acciones de sabotaje, de desobediencia o daños públicos, lo que se debe sin duda a las medidas adoptadas para normalizar la convivencia en Cataluña. 

En definitiva, el terrorismo, tras la disolución de ETA y los delitos cometidos en el marco del procés independentista ha dejado de ser el gran problema que representaba para la sociedad española, mientras que la lucha contra el terrorismo yihadista se centra en cortar sus vías de financiación y de proselitismo. Por el contrario la delincuencia juvenil en todos sus aspectos ocupa un lugar cada vez más relevante y debe centrar la actuación de los poderes públicos a través de todos sus mecanismos, educativos en primer lugar, junto con la adopción de las medidas preventivas que sean necesarias.