Decía John Lennon que la vida es lo que nos pasa mientras hacemos planes, y lo mismo ocurre con las apelaciones a la igualdad de los españoles, que además de las convocatorias de los partidos políticos, las protestas y las iniciativas parlamentarias, autonómicas y locales para garantizar la igualdad de los españoles ante la ley como consecuencia de la aún no nacida ley de amnistía para los responsables del 'procés' independentista, esa llamada ni se atiende, ni se trabaja, ni se cumple la Constitución en numerosos de sus preceptos por aquellos que de una u otra forma utilizan la igualdad a conveniencia de sus intereses particulares. 

Sin duda ninguna una ley de amnistía para los independentistas del 1-O supondrá un trato desigual para quienes han cometido una serie de delitos tipificados en el Código Penal antiguo y en el remozado que serían borrados, al tiempo que el origen, responsabilidad y consecuencias del 'procés' cambiaría de bando. Con ser muy relevante el debate sobre la igualdad de los españoles y su repercusión en el devenir democrático de la nación, sorprende la falta de respeto de todos los partidos políticos hacia otros criterios sobre la igualdad real de españoles, la que se garantiza a través de las políticas redistribuidas, la que permite a todos los españoles tener acceso a una serie mínima de servicios de calidad que se han de prestar con rapidez y que están garantizados por la universalidad de los principales pilares del Estado de bienestar. 

La falta de diligencia de las comunidades autónomas para poner en práctica las ayudas al alquiler de viviendas que permite la emancipación de los jóvenes es una de ellas, las condiciones restrictivas para acceder a becas de comedor para familias vulnerables es otra, lo mismo que va contra la igualdad la concesión de becas para cursar estudios en colegios privados a familias con ingresos superiores a la media

Pero más lesiona la igualdad de todos el incumplimiento de los compromisos sociales. Según la denuncia realizada por la Asociación de Gestoras y Directoras de Servicios Sociales nueve comunidades autónomas, gobernadas por populares, socialistas y nacionalistas catalanes, utilizaron el aumento del presupuesto estatal del plan de choque asistencial con el que se pretendían revertir los recortes pasados, para reducir su propia financiación y la consecuencia es que lejos de reducir los tiempos de espera de las personas que esperan su evaluación para acceder a las ayudas de la Dependencia, el cuarto pilar del Estado del bienestar, aumentan las listas de espera hasta 350.000 y cada doce minutos muere una persona sin que se le haya reconocido ese derecho. 

La conclusión es evidente, si lo que aporta el Estado se reduce del presupuesto autonómico no se palía la situación de los más desfavorecidos. Los gobernantes de las comunidades autónomas que claman por la igualdad de todos bien podrían aprender de aquellos otros que dedican un mayor gasto social para mejorar la vida de sus ciudadanos, que utilizan los impuestos propios para esa función, que no los rebajan a sabiendas de que se producirá un agujero en sus cuentas públicas y que les llevará a pedir más recursos a 'papa Estado', fondos que luego utilizarán para otros menesteres.