La conmemoración del Día Internacional del Trabajador el 1º de Mayo coincide este año con numerosas movilizaciones y convocatorias de huelga de trabajadores, especialmente de las administraciones central y autonómica. Si empezamos por justicia, la huelga de trabajadores que comenzó el 24 de enero y finalizó el 28 de marzo ha derivado en la suspensión de 6.600 juicios en Castilla yLeón y cerca de 50 actuaciones judiciales (declaraciones, notificaciones, citaciones, comparecencias, juicios, embargos, desahucios, diligencias del registro civil e institutos de medicina legal y de toxicología) en Soria.
Los letrados de la administración de justicia (una docena en Soria), que llegaron a un acuerdo el 28 de marzo tras una huelga de dos meses, pedían mejoras retributivas y laborales ante la carga de trabajo que han supuesto desde hace año las reclamaciones por procedimientos monitorios, entre otras cuestiones. Los trabajadores del Ministerio de Justicia (123 en Soria) reclaman la paralización de la tramitación parlamentaria de la Ley de Eficiencia Organizativa (LEO) hasta que no se acuerde su modificación, mejoras salariales en la línea de las que se han acordado para el cuerpo de LAJ y el desarrollo inmediato de la carrera profesional. Desde el 20 de abril hay paros de tres horas de lunes a viernes con carácter indefinido «hasta que el ministerio no rectifique» e inicie negociaciones para evitar «un mayor deterioro del servicio público» y «una nueva acumulación de retrasos en despachos y resoluciones de asuntos». «Nuestras reivindicaciones son justas y razonables y no hay ningún motivo que justifique que el ministerio nos siga tratando como funcionarios de segunda, sin reconocer nuestras funciones, nuestra profesionalidad y nuestra especialización», apuntan los trabajadores de Soria.
servicios. Los sindicatos CC.OO., UGT y CSIF han convocado a los 48.000 profesionales de Sacyl (en torno a 2.046)-de todas las categorías- una huelga general y concentraciones a las puertas de todos los centros los días 10 y 17 de mayo ante la «caótica» situación de una prestación al «borde del colapso». Es el inicio de un paquete de medidas que no cesarán hasta que el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, se siente a negociar con los representantes de los trabajadores todas las medidas que creen necesarias para solventar los problemas que afectan a uno de los pilares del bienestar, el más preciado por los ciudadanos.
La decisión la toman tras la marea blanca conjunta del pasado 2 de marzo en Valladolid para exigir a la Junta medidas de choque y que no ha tenido respuesta. Además, se está plantando a la consejería en las mesas de negociación, hasta que no se aborden todas las propuestas económicas, laborales, de recursos humanos y de reforma sanitaria, «el diálogo, por ambas partes».
Los sindicatos critican que están siendo «ninguneados» por Sanidad, que tan solo negocia con sindicatos sectoriales que dejan fuera a muchas categorías. Tal como dicen, reflejan, el malestar en los equipos de Atención Primaria y Atención Hospilataria ante «acuerdos propagandísticos que no se cumplen y que provocan «un clima laboral insoportable» debido al fomento del individualismo y generando división en la sanidad pública y las normas legales de negociación de los trabajadores. Igualmente, inciden en que hay compromisos que llevan reclamándose más de 15 años y que no han pasado por la mesa sectorial ni general ni por la comisión de secretarios. «Engañan a los sindicatos, a los trabajadores y a la sociedad, porque además, son parches que no mejoran ni Atención Primaria, ni Hospitalaria», sostienen las organizaciones sindicales.
¿Cuáles son las peticiones? Los tres reclaman que la Consejería de Sanidad se siente a negociar con los representantes de los trabajadores medidas para avanzar en una ordenación y lograr mejoras laborales para todos los profesionales de Sacyl, pero también para avanzar en otras a corto, medio y largo plazo que eviten que la calidad de la asistencia se degrade. Ante todo, urgen una planificación de recursos humanos, una reorganización del sistema adaptado a la realidad y a las nuevas necesidades de la población, porque el modelo se agota, y también los profesionales.
Plantean crear un grupo de trabajo, en la Mesa Sectorial de Sanidad, para abordar la reordenación de la Atención Primaria y la problemática de los puestos de difícil cobertura, con conclusiones que deberían verse implementadas en el tercer trimestre de este año. La batería incluye el inicio de la negociación de un plan de recursos humanos, que dote al sistema sanitario de Castilla y León de unas plantillas modernas y actualizadas, acordes a las necesidades presentes y futuras que hay que prever, teniendo en cuenta el corto y largo plazo.
CSIF, UGT y CC.OO. piden bolsas actualizadas abiertas y permanentes de las diferentes categorías, con concreción de fechas, de corte como mínimo anual, así como que se creen las que todavía no estén en funcionamiento. Además, demandan negociar un nuevo modelo de carrera profesional que pueda aplicarse en el año 2024, que tenga en cuenta cada categoría. Otras reclamaciones son el desarrollo de la normativa de teletrabajo en el ámbito sanitario, teniendo en cuenta la perspectiva de género; el reconocimiento del solape de jornada a todas las categorías que lo realizan, como el registro de actividad a los técnicos en cuidados de enfermería; así como la revisión y actualización de la clasificación profesional de cada una de las categorías de Sacyl.
Las propuestas de los tres sindicatos, recogidas por Ical, pasan por mejores retribuciones competitivas y equiparables a las medias nacionales y a las de las comunidades del entorno de Castilla y León. El kilometraje de 0,23 euros/km también es rechazado por los sindicatos, ya que no compensa los costes y desgaste del uso del coche particular de muchos sanitarios.
otros sectores. Los trabajadores están en pie de guerra en diversos sectores.Además de otros colectivos relacionados con la sanidad, el personal de administración y servicios de la Universidad de Valladolid (UVa) se manifiesta para reclamar la negociación y la recuperación de los derechos perdidos.