Una mujer asesinada, 55 casos de riesgo (de167 activos), 39 órdenes de protección, 84 denuncias y un centenar de llamadas al 016 reflejan la cruda realidad de la violencia de género en 2022 y que merecen especial atención este 25N, Día Internacional contra la Violencia de Género, ensombrecido por la polémica de la ley del 'sí es sí' y la revisión de condena a agresores sexuales (ninguna en Soria). 

 Según los datos del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, del total de denuncias presentadas en lo que va de año, en las denuncias por atestados policiales 65 las presentaron las propias víctimas, dos de ellas familiares de las mismas y nueve fueron por intervención directa; cuatro las presentaron los servicios de asistencia/terceros en general y dos por partes de lesiones. El número de denuncias ha pasado de las 158 en 2019, a las 175 en 2020 (un ligero aumento) y 166 en 2021. 

Las órdendes de protección a instancias de la víctima se sitúan en 39, mientras que fueron 69 en 2021, un incremento desde las 51 de 2019 y 2020 y las 59 de 2018. En las órdenes a instancias del Ministerio Fiscal, en lo que va de año se contabilizan cinco, mientras que en el ejercicio anterior fueron 15, siendo también superiores a las cifras prepandemia (siete en 2020 y ocho tanto en 2019 como en 2018). En total, son 44 las órdenes de protección en la actualidad, aunque habrá que esperar a final de año para poder establecer una comparación con las cifras totales de 2021, con 84 órdenes de protección.Por el momento, serían un 47,6% menos. En cuanto a los dispositivos electrónicos de seguimiento activos, las estadísticas registran 15, uno más que en 2021 y cuatro más que en 2020. Pero es una cifra que va en aumento desde 2009, cuando había tan solo uno, creciendo hasta siete en 2017 y 9 en 2018.

En el sistema de seguimiento integral VioGén hay 45 casos con riesgo bajo y 10 con riesgo medio, todos ellos con protección policial. Un dato positivo es que no haya casos de riesgo alto (en 2021 sí se contabilizó uno y en 2019 otro) ni extremo. En cuanto a las usuarias de Atenpro, han aumentado a 24 en el presente año, desde las 19 de 2021 y las 14 de 2020. Sin embargo, son cifras similares a las de 2018 (26) y las de 2019 (23).

labor policial. Combatir la violencia de género es una de las prioridades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Soria y, especialmente, de la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional, el grupo más especializado en esta materia y que sigue incorporando efectivos. Helena Mora, jefa de grupo de la Brigada Provincial de Policía Judicial, explica que además de la formación en violencia de género (tratamiento a víctimas y agresores, herramientas para ofrecer la mejor atención...) que reciben en la propia Escuela Nacional de Policía, los integrantes de la UFAM deben superar un curso de especialización y se siguen formando de manera continuada (precisamente esta semana participaban en unas jornadas de violencia sexual). 

Los agentes se forman en muchos aspectos, pero ante todo realizan «un trabajo policial» que después deriva al resto de áreas involucradas en estos casos (psicológos, abogados, servicios sociales, casas de acogida...). «En muchas ocasiones somos el primer contacto para la víctima y el más duro. A veces no se deciden a dar el paso y por una intervención nuestra se detecta un caso, pero también por una llamada de la propia víctima o de su entorno por la que acudimos», así que en esos primeros momentos les informan sobre todas esas posibilidades y recursos a los que pueden acceder.

La agente ha observado que la mayoría de víctimas sí denuncia y, por supuesto, insta a hacerlo. «Cuando vienen a la Comisaría o la patrulla policial se acerca al lugar en el que se encuentren, se insiste y se anima a denunciar, ofreciendo múltiples posibilidades. Pero hay que tener en cuenta que una cosa es la denuncia en sede policial y otra la ratificación o retirada en sede judicial», apunta. A la hora de retirar una denuncia o no presentarla, no cree que el miedo sea la pauta normal, porque según ha observado puede haber otro tipo de  motivaciones, como no verse inmersas en procesos judiciales o querer llevar de otra manera la separación o la custodia de los hijos, cuando no son casos muy extremos. 

Una de las opciones que se ofrece a las víctimas es solicitar una orden de protección y, en ocasiones, los dispositivos telemáticos de control, aunque «eso siempre es decisión del juzgado tras la valoración del riesgo por parte de la policía». En la Policía Nacional se cuenta con el Centro Cometa, una unidad que se encarga de avisar de si las distancias establecidas se cumplen o no y de alertar cuando hay un incumplimiento. «El centro nos avisa y se activan una serie de protocolos y medidas de protección especial. Es un sistema que está muy informatizado», detalla. «El tema de la protección a las víctimas sí que es algo que se lleva al detalle y con muchísima precisión», insiste. Igualmente, en la  Comisaría de Soria los funcionarios de la Unidad de Protección a la Mujer (UPAM), dentro de la UFAM, aún más especializados en estos casos, se dedican a hacer el proceso de seguimiento de las víctimas. «Están pendientes de que todas las medidas que se han acordado se cumplan y de que las víctimas estén seguras», detalla. 

La experta ha observado que en Soria, aunque a veces se pone el foco en los jóvenes, «hay una gran incidencia en la población mayor y es algo muy a tener en cuenta». «En estas personas mayores puede ser un proceso igual o más de traumático, porque están ya en un punto de su vida muy avanzado, con hijos de por medio y a veces con dolencias como demencia y alzheimer o situaciones en las que uno de ellos está en una residencia. A veces se nos olvida pensar en ellos», alerta haciendo referencia a que «son un colectivo muy importante aquí en Soria y hay situaciones realmente complicadas». Los casos de menores  también son «preocupantes», pero la agente piensa que «muchas veces es distinto porque tienen el amparo de los familiares con los que residen o de los propios servicios sociales».

Actualmente no hay ningún caso en seguimiento de riesgo alto o extremo, como ya hemos apuntando, aunque es «buena señal» es algo que puede cambiar de un día a otro. «Como decía, hacer seguimientos tan precisos y tan constantes a las víctimas hace también muchas veces que estos niveles de riesgo puedan ir descendiendo, porque se le van dando salidas a las víctimas, se permite que hagan su vida de otra manera, que tengan otro domicilio...», explica.

«La UFAM es una de las prioridades a nivel institucional como de los dos comisarios que hemos tenido en los últimos años, es una unidad que se está potenciando bastante y que trabaja muy bien», reitera. «Todo lo que se hace desde esta unidad sirve, y mucho, pero el caso tan extremo del mes de junio -el asesinato de Diolimar- hace ver que hay todavía una serie de violencias, las más graves, que no se denuncian». Igualmente, hace hincapié en la colaboración ciudadana porque muchas denuncias de  los casos más graves llegan por situaciones que alguien ve o escucha, dentro de la responsabilidad, claro está. En Soria, al haber entornos más pequeños en los que la gente se conoce más, «es más fácil detectar la violencia y que se pueda avisar antes». A nivel personal, cree que la cercanía de la Comisaría, la Policía Local, la Guardia Civil, el juzgado... facilitan el acceso a estas redes de apoyo.  

asistencia jurídica. El papel de los abogados en los casos de violencia de género es «fundamental» tanto a nivel jurídico como de apoyo moral y de asistencia a la víctima. La abogada Belén Guisande, colaboradora de la Asociación Antígona, explica que el principal cometido de los letrados es «estructurar» la denuncia desde el primer momento que se interpone para conseguir que su testimonio, que tiene que ser «libre, espontáneo, coherente, veraz y persistente en el tiempo», cumpla los requisitos para ser considerado «prueba de cargo suficiente en el juzgado» y «desvirtuar el derecho a la presunción de inocencia del que lógicamente y por ley tiene el denunciado demostrando su culpabilidad y llegando al dictado de una sentencia condenatoria tras un juicio con todas las garantías». Para ello, es importante que el abogado reúna todas las pruebas y testimonios necesarios para aportarlos al juez y que éste llegue a la conclusión de que lo que se dice es verdad.

«Cuando una víctima acude a la Policía o la Guardia Civil (tras sufrir una agresión o en un nuevo episodio de maltrato continuado) lo hace en estado de shock, nerviosismo, tristeza, miedo a represalias... y el abogado tiene que apoyarle y articular la denuncia con los medios necesarios para ordenar la información y darle estructura», por lo que es importante que la asistencia jurídica se inicie cuanto antes para poder plasmar la situación real. «En muchos casos el maltrato concreto por el que finalmente se dedice denunciar es la 'gota que colma el vaso', es decir, hay una situación previa de maltrato habitual, ya sea físico o psíquico con agresión o amenazas, y finalmente decide interponer la denuncia. Cuando van a la Comisaría o al cuartel resulta muy importante la labor del abogado, a los efectos de ordenar y estructurar  la denuncia conforme a la información facilitada por la víctima, así como recopilar datos sobre si se ha tratado de un único hecho puntual o si ha habido otros más anteriores», ya que «hay una diferencia importante» entre la tipificación del delito como maltrato 'singular' (Art. 153 del Código Penal) o como maltrato habitual (Art. 173.2 del Código Penal). 

En el momento de formalización de la denuncia inicial, insiste Belén Guisande, resulta importantísimo exponer y proporcionar todos los detalles posibles de todas las situaciones  (insultos concretos o amenazas específicas como, a modo de ejemplo, una que resulta muy habitual en este tipo de casos sobre quitar la custodia de los hijos) y «lo más aproximado posible tanto en el tiempo, como lugar, circunstancia, testigos...». De esta forma, cuando se vaya al juzgado, intentar que en la medida de lo posible sea necesario únicamente ratificar la denuncia, añadir algún detalle o aclarar algún aspecto. «Que no recaiga el peso de la aportación de datos en sede judicial porque eso facilita mucho la defensa del investigado», reitera, lo que «genera mucha indefensión y perjuicios a las víctimas».

De esta manera, si la denuncia está bien formulada desde el principio también se evita la «segunda victimización» de estas mujeres, que es contar lo mismo en varias ocasiones, y se asegura la correcta defensa, ya que «cualquier imprecisión o vaguedad va en beneficio del investigado».

La abogada sostiene que el trato a nivel judicial a las víctimas es «exquisito, cuidadoso y profesional», desde las declaraciones ante el juez instructor, representante del Ministerio Fiscal, Oficina de Asistencia a Víctimas..., ello a pesar de que en muchas ocasiones se carece de medios adecuados. Belén Guisande defiende fervientemente y rompe una lanza en favor de los abogados del Turno de Oficio que intervienen en estos casos (asistiendo y defendiendo tanto a víctimas como a agresores), que realizan una «labor encomiable», muy poco reconocida en ocasiones por la sociedad y las propias Administraciones Públicas, que se están formando constantemente y resultan pésimamente remunerados por su trabajo.

Sobre los casos que se ven con más frecuencia, habla de «malos tratos físicos (lesiones, empujones, bofetones...) que siempre o casi siempre van acompañados de injurias, vejaciones, amenazas...», pero también hay casos de agresión sexual y maltrato psicológico. Para la abogada, «hay un problema importante con los jóvenes que habría que estudiar. Con las nuevas tecnologías es abrumador y da vértigo la cantidad y la gravedad de las situaciones de maltrato», advierte la letrada sorprendida porque «hoy en día hay más información y se han producido muchos adelantos en materia de concienciación sobre violencia de género y, sin embargo, se admiten situaciones que había en los años 60».

los educadores. El 66% de las jóvenes que sufren violencia de género no reconocen la situación, frente al 40% en mujeres adultas. Sara Pascual, secretaria autonómica de Cruz Roja Juventud, apunta a la «sensibilización» como vía esencial para abordar el problema y exponer los distintos tipos de violencia machista que hay en la sociedad. «No solo es una agresión física, también lo es el chantaje emocional, la violencia verbal (insultos y humillaciones), el control, la desvalorización o el gasligthning, que la víctima llegue a dudar de lo que ha vivido con manifestaciones como 'estás loca', 'es que eres muy sensible' o 'yo nunca te llamé/te hice eso'», dice. Lo compara con un «iceberg», porque solo una pequeña parte de las formas de violencia son visibles (agresiones, abuso sexual...) mientras que otra gran parte permanecen ocultas (control, invisibilización, desvalorización, desprecio, culpabilización...). 

En estos casos es clave la «detección precoz» para acudir «cuanto antes» a los recursos que sean necesarios. Además, los propios familiares de las víctimas, especialmente en el caso de los jóvenes, son esenciales para detectar estas señales. De ahí la importancia de que «toda la sociedad, ya que todas las personas pertenecemos al entorno más cercano de alguien, se encuentre sensibilizada e informada sobre la violencia contra la mujer y cómo puede manifestarse». «Observar las señales y, como dice la campaña de Cruz Roja Juventud para este 25N, 'No desvíes la mirada', puede ser vital para detectar una situación de violencia», añade.

Además de la violencia física y sexual, hay otros tipos como la psicológica, «que consiste en un largo proceso a través del control, chantaje emocional, maltrato a la autoestima de la víctima...»; y, aunque menos frecuente, la violencia económica, en la que «el agresor controla el acceso de la víctima a recursos económicos». En la juventud, las nuevas tecnologías permiten el control a las parejas, a través de la instalación de aplicaciones  espía, el control del 'en línea' de WhatsApp, la vigilancia o prohibición de los contenidos que se suben a redes o la supervisión de seguidores.