Desde que estalló la crisis del campo, hace ya diez días, las soluciones puestas sobre la mesa por las administraciones europeas, nacionales y autonómicas se han revelado claramente insuficientes. Que Bruselas aparque la ley para reducir a la mitad el uso de pesticidas y que el Gobierno de España plantee reforzar la ley de cadena alimentaria, ofrecimientos para salir al paso de las primeras tractoradas, se antojan medidas imprescindibles, pero no pueden ser las únicas reclamaciones que requieren ser atendidas con urgencia. Bastante más tendrá que ofrecer hoy el ministro de Agricultura, Luis Planas, a las organizaciones agrarias convocadas a una reunión que se antoja definitoria para el porvenir de unas protestas que amenazan con ir a más.
Para encauzar la difícil coyuntura que atraviesa el sector agrícola y ganadero no hay varitas mágicas ni soluciones sencillas, básicamente, porque no hay una realidad única en el campo y las dificultades vienen provocadas por múltiples factores. Desde las asfixiantes exigencias burocráticas y el papeleo asociado al pago de impuestos, trámites y documentación que deben rellenar para recibir ayudas y fondos o los rígidos registros del uso de productos fitosanitarios que suponen un trabajo adicional y un coste inasumible para agricultores y ganaderos, hasta la hiperregulación europea, una clara desventaja competitiva de los productores españoles frente a los de países extracomunitarios.
Por eso lo primordial es que administraciones y representantes agrarios aparquen la polarización y traten de generar una confianza mutua que ayude a encauzar posibles soluciones. Estas pueden pasar, como comprometió Pedro Sánchez, porque haya más inspecciones y sanciones en la cadena alimentaria para evitar abusos y hacer cumplir la normativa aprobada en la pasada legislatura con la que se aspiraba a dar transparencia y equilibrio al andamiaje que une al sector agrario con la industria alimentaria y la distribución. Pero también por la aprobación de ayudas y medidas fiscales en un contexto generalizado de inflación y de aumento de los costes de combustible, fitosanitarios, fertilizantes, entre otros suministros. Sorprende, en este sentido, la omisión por parte del Gobierno de medidas ordenadas a la viabilidad de las explotaciones de los productores para solventar el impacto económico de una inflación que persiste, de los recortes de la nueva PAC o de las consecuencias de la sequía.
Muchos frentes a la vez que no pueden acabar sepultados por baldías polémicas sobre quién está detrás de las protestas. Tampoco por discursos populistas y negacionistas de la perentoria transición verde. El campo español precisa de unidad para acordar reformas estructurales que mitiguen el gran malestar de un sector tan estratégico para España. Tanto en el ámbito económico como social, dada la capacidad del sector primario para intentar contribuir a reducir la brecha existente entre la rural y despoblada y la urbanizada y más poblada, que suele adolecer de falta de empatía hasta que le meten en un perenne atasco.