Tan solo un día después de que concluyese la cumbre vaticana sobre pederastia en el seno de la Iglesia, el que fuera número tres en la Curia romana y exjefe financiero del Vaticano, el cardenal George Pell, fue condenado por un tribunal australiano por abusar sexualmente de dos menores en la década de los 90. Inmediatamente después, el Papa Francisco le suspendió del sacerdocio y le prohibió estar en contacto con menores «en cualquier modo y forma».

Tolerancia cero. Esa es la filosofía que trascendió del histórico congreso que se celebró del 21 al 24 de febrero sobre agresiones sacerdotales a menores, y en el que estuvieron representados todas las Conferencias Episcopales del mundo. El cónclave concluyó con la firme decisión de que la Iglesia llevará ante la Justicia «a cualquiera» que cometa abusos.

«La Iglesia hará todo lo impensable para llevar ante los tribunales a los responsables del abuso sexual para que no se repitan los horrores», declaró hace una semana el Sumo Pontífice en el discurso de clausura de la cumbre. 

Dicho y hecho. El Vaticano quiere frenar en seco este rosario de casos de pederastia del pasado y prevenir, en la medida de lo posible, que situaciones tan abyectas como estas se vuelvan a producir en el presente o en el futuro. Se juega mucho y quiere responder de forma rápida y eficaz, no solo con las víctimas, sino también con la sociedad en su conjunto, y, sobre todo, con los más de 1.300 millones de católicos que hay en el mundo.

El Pontífice no se detuvo solo en la llamada a la Justicia, como ya está sucediendo con cientos de religiosos implicados e investigados en casos de abusos sexuales a menores, sino que su intención es la de abordar un completo vademécum para que los Obispados sepan cómo actuar ante estos supuestos.

Para ello, uno de los mandatos de la jerarquía de la Iglesia es que no se encubran las denuncias que realicen las víctimas. El objetivo final es llevar ante el banquillo los casos que surjan en el seno de las instituciones eclesiásticas, así como escuchar a los perjudicados y «comprender que el abuso sexual es un abuso del poder», resumió Francisco.

En el caso de la Iglesia española, la Conferencia Episcopal (CEE) anunció que hará todo lo posible para erradicar esta lacra, al tiempo que admitió que se encuentra a la espera de recibir instrucciones sobre esta cuestión desde Roma. Pero hasta que lleguen esos preceptos, la actuación de la CEE será la de colaboración total con los tribunales y la Fiscalía y serán los Obispados, según su criterio, los que actúen en la materia. 

Por el momento, esta institución  impedirá trasladar de una parroquía a otra al presunto pederasta, así como pagar a la supuesta víctima mientras no haya sentencia.