En muchos hogares, la expresión abrocharse el cinturón es más que una intención de ser moderado en los gastos, pues conlleva la hebilla asfixiante de estar sujeto a un pago al que alguna vez no es fácil llegar al plazo establecido. España es el tercer país europeo con el mayor número de hogares que han experimentado retrasos en el pago del alquiler o la hipoteca, un 6,5 por ciento, el doble de la media europea, que se sitúa en un 3,2 por ciento, y sólo por detrás de Grecia e Irlanda, según el estudio recién publicado Aquí no hay quien viva: un análisis de las dificultades de las familias para pagar la vivienda en España de Save the Children.

El informe precisa que el 8,4 por ciento de las familias con niños tiene problemas para pagar a tiempo su hipoteca o alquiler, también el doble de la media de la UE, 4,3 por ciento. En este sentido, el documento señala al actual contexto de alza de los precios de las viviendas, especialmente del alquiler, que no han ido acompañados de un aumento de los ingresos de las familias, lo que provoca dificultades que afectan a 4 de cada 10 hogares con hijos a cargo sin casa propia.

Estos, advierte, destinan al menos el 30 por ciento de sus ingresos al pago de la vivienda, lo que supone disponer de menos presupuesto para otras necesidades, entre ellas de la crianza.

El estudio ahonda en las condiciones de los domicilios y alerta de que 2 de cada 10 niños viven en hogares insalubres, lo que repercute en su salud física y mental, y afecta a su crecimiento, desarrollo, rendimiento escolar y seguridad. Esta situación adversa se refiere a cuestiones como goteras en el techo, humedad en las paredes, el suelo o los cimientos, o podredumbre en los marcos de las ventanas o el suelo. En este contexto demoledor, el informe indica que pese a medidas positivas como las incluidas en el denominado escudo social, la actual situación del mercado de la vivienda puede devolver a muchos núcleos a situaciones de riesgo. De hecho, se estima que entre el 70 y el 80 por ciento de los desahucios efectuados en España desde 2008 afectan a familias con niños (unos 700.000).

Falta de ayudas

De este modo, alerta de la escasez de edificios sociales y ayudas, pues, según señala, España tiene uno de los parques de vivienda de protección oficial «más pequeños de Europa», alcanzado el 2,5% del total, una cuarta parte de la media europea, que es de un 9,3%.

Esta situación está propiciada  por el bajo presupuesto destinado a la provisión pública de vivienda y porque la política se ha orientado tradicionalmente a financiar viviendas en propiedad y a favorecer su posterior descalificación, lo que provoca que dejen de ser protegidas y pasen a ser parte del mercado libre.

Al respecto, la directora de Incidencia Social y Política de Save the Children, Catalina Perazzo, subraya que «se necesitarían un millón y medio más de viviendas protegidas para atender las necesidades sociales» en España, al tiempo que aboga por abordar su construcción incluyendo a la iniciativa privada.

El alcance de las ayudas también supone un problema, según el estudio, que incide en que este es reducido, pues hay 1,6 millones de familias con hijos en situación de pobreza de las cuales aproximadamente 310.000 sufrieron retrasos en el pago de la vivienda, si bien, en 2020, solo 25.000 clanes con menores a su cargo recibieron una prestación para el hogar.

Monoparentales

El informe destaca que el «rostro» de una familia con dificultades para mantener la casa es el de una madre sola con niños a cargo. Así, indica que 158.000 hogares monoparentales de alquiler, en su mayoría encabezados por mujeres, soportan una carga a menudo inasumible. De media, estas familias destinan 200 euros mensuales más de los que podrían necesitar si se establece el umbral del 30% de los ingresos como límite del pago máximo destinado a vivienda.

Ante ello, Save The Children defiende que una ayuda extra de hasta 200 euros aliviaría la carga que supone la vivienda a todas estas madres. Asumiendo una cobertura total, una subvención de estas características necesita de un presupuesto anual de 380 millones de euros, estima el estudio, que menciona la dificultad de las familias numerosas.

La ONG propone automatizar el acceso a ayudas directas a vivienda para las estirpes con Ingreso Mínimo Vital (IMV), rentas mínimas o similares, así como una apuesta por la compra o la rehabilitación para ampliar la oferta pública de vivienda social.

Añade que también son necesarias las bonificaciones fiscales para la mejora de la calificación energética de los edificios e IVA reducido para la rehabilitación de casas o pisos particulares. Aboga por mejorar la coordinación entre el sistema judicial y los servicios sociales, así como hacer obligatorio el informe de vulnerabilidad cuando haya menores de edad en riesgo de desahucio.